Trabajadores del Cesame piden intervención del Gobernador de Coahuila por casos de internamiento prolongado y falta de protocolos

Trabajadores del Centro de Salud Mental (Cesame) hicieron un llamado al gobernador Manolo Jiménez Salinas para que intervenga y se analice la situación crítica que atraviesa esta institución, al señalar la presencia prolongada de personas provenientes de centros penitenciarios y casas hogar, algunas de las cuales llevan años internadas, pese a que el centro está diseñado para estancias cortas.

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En entrevista con VANGUARDIA, personal del Cesame explicó que reciben pacientes enviados por jueces desde centros de readaptación social, con el objetivo de que se estabilicen o se les practiquen evaluaciones psiquiátricas. Sin embargo, denuncian que varios de ellos permanecen internados por periodos que exceden el tiempo clínicamente recomendado.

“Este es un centro de tercer nivel. Se permite el internamiento, pero lo máximo debería ser un mes. Hay personas que llevan años porque nadie viene por ellas, y fueron enviadas por orden judicial”, comentó una de las trabajadoras.

Uno de los casos más representativos, señalaron, es el de una menor de 15 años proveniente de Casa Rosa, quien recientemente denunció haber sufrido abuso. La permanencia prolongada de pacientes como ella ha generado saturación en el centro, lo que impide brindar atención inmediata a personas que llegan en crisis o con intentos de suicidio.

FALTA DE PROTOCOLOS Y APOYO INSTITUCIONAL

Aunado a esta situación, los trabajadores manifestaron su preocupación por la reciente denuncia contra cuatro compañeros acusados por una paciente. El pasado jueves, alrededor de 80 personas se congregaron en la entrada del Cesame para mostrar su respaldo a los señalados, quienes —según sus colegas— no cuentan con antecedentes ni reportes previos de conducta inapropiada.

Los manifestantes también expresaron su inquietud por la falta de protocolos claros para prevenir y atender agresiones dentro del centro, tanto hacia pacientes como hacia el personal.

Asimismo, acusaron que el área jurídica de la Secretaría de Salud les notificó que no brindará respaldo a los acusados, debido a que en casos relacionados con presuntas agresiones sexuales no está permitida su intervención, lo que ha generado incertidumbre y sensación de desprotección entre el personal.

Los trabajadores insisten en la necesidad de una revisión integral de los criterios de internamiento, el establecimiento de protocolos efectivos de atención y la garantía de acompañamiento legal para el personal ante cualquier tipo de denuncia.