Tras hallazgo de migrantes en empresa ferroviaria, capellán condena agresión en Torreón
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Según los centroamericanos, se disponían a subir a los vagones de un carguero, para continuar con su viaje hacia los Estados Unidos cuando llegaron los uniformados portando equipos antimotines los agredieron.
Torreón, Coahuila. – Las personas migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia por miedo a represalias, a ser deportadas y por amenazas que reciben quienes les proporcionan apoyo, señaló el capellán de la iglesia San Judas Tadeo, Samuel Lozano.
El 13 de marzo un medio centenar de migrantes centroamericanos denunciaron la agresión de que fueron víctimas por parte de elementos del Grupo de Reacción Laguna y de Migración que pretendían extorsionarlos con la cantidad de mil pesos que exigían a cada uno de ellos para dejarlos continuar su viaje a la franja fronteriza.
El altercado dejó como saldo cinco extranjeros lesionados, entre ellos una adolescente quien fue golpeada por policías en la cabeza y brazos, además de que algunos de ellos fueron separados de su familia.
Los hechos se registraron en las vías del ferrocarril, en los patios de maniobras de Ferromex, a la altura de la colonia Eduardo Guerra.
Según los centroamericanos, se disponían a subir a los vagones de un carguero, para continuar con su viaje hacia los Estados Unidos cuando llegaron los uniformados portando equipos antimotines y kendos, con los que fueron bajados a punta de golpes y agresiones verbales.
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El capellán Samuel Lozano dijo que este año tienen registro de once quejas por abuso policial en contra de migrantes en Torreón, los golpean y los despojan de sus teléfonos celulares, así como del poco dinero que traen.
La Comisión de Derechos Humanos, por su parte, dice que este tipo de arbitrariedades en contra de migrantes solamente las puede atender la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también las recomendaciones que de ello pudieran generarse.
Dice que, por compartir una frontera de 512 kilómetros con el estado norteamericano de Texas, Coahuila experimenta un importante flujo migratorio, por ende, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los no nativos en el estado aumentó.
Agrega que cuando el gobierno actual se dedicó a mantener una política migratoria basada en un enfoque de seguridad, llevando a cabo operativos y redadas para detener a las personas que no contaban con una condición de estancia legal en el país, solo trajo consigo mayor violencia y transgresión a sus derechos humanos.
Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, aclaró que “hay que recordar que en materia de migración realizamos una labor subsidiaria, es decir, recogemos la queja y la enviamos a la Comisión Nacional como parte de las soluciones que tenemos a nuestro alcance”.
