Urge Rubén Moreira, diputado por Coahuila, estrategia nacional para frenar la extorsión

La creciente incidencia de la extorsión en México exige una respuesta coordinada y contundente de los tres órdenes de gobierno, afirmó el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, al presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate a este delito.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI advirtió que este fenómeno delictivo se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad pública, la estabilidad económica y la convivencia social, al imponer cargas ilegales que afectan directamente a familias, comerciantes, productores y empresarios.

“La extorsión se ha convertido en un impuesto criminal que castiga el esfuerzo productivo de miles de familias mexicanas, inhibe la inversión, limita el crecimiento económico y debilita el Estado de derecho”, sostuvo.

Moreira Valdez señaló que las consecuencias de este delito van más allá de las pérdidas económicas inmediatas, ya que las organizaciones criminales utilizan amenazas, intimidación y violencia para ejercer control sobre comunidades enteras, obligando a las víctimas a modificar sus actividades o incluso abandonar sus lugares de origen.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recordó que las denuncias por este ilícito pasaron de 8 mil 734 casos en 2019 a 10 mil 227 en 2024, mientras que durante 2025 se contabilizaron 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta registrada en la última década.

PIDE FORTALECER PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

El legislador coahuilense subrayó que los datos oficiales representan únicamente una parte del problema debido a los altos niveles de cifra negra que caracterizan este delito, provocados por el temor a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la percepción de impunidad.

Destacó además que las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran entre los sectores más vulnerables, pese a que representan más del 99 por ciento de las unidades económicas del País y generan cerca del 70 por ciento de los empleos.

“En diversas regiones del País, la extorsión ha evolucionado hacia formas de control territorial en las que organizaciones criminales imponen cuotas ilegales a comerciantes, productores agrícolas, transportistas y prestadores de servicios. En algunos casos llegan incluso a controlar precios, cadenas de suministro y actividades productivas completas”, alertó.

Ante este panorama, exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades estatales a reforzar las estrategias de atención y combate en las zonas con mayores índices de incidencia.

Asimismo, planteó que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales fortalezcan sus capacidades de investigación y persecución penal, además de consolidar mecanismos de intercambio de información para identificar y desarticular a los grupos dedicados a esta actividad ilícita.

El diputado también propuso ampliar las campañas informativas para promover la denuncia ciudadana y difundir las herramientas de atención disponibles, así como establecer esquemas de acompañamiento y asesoría para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas.

Finalmente, sostuvo que México requiere una política integral que proteja a las víctimas, reduzca la impunidad y genere condiciones de seguridad para quienes producen, emprenden y generan empleo.

“Combatir este delito es una responsabilidad compartida y una exigencia legítima de millones de mexicanas y mexicanos”, concluyó.