Vecinos de Arteaga exigen revisar legalidad de restricciones en acceso a dos colonias

ARTEAGA, COAH.- Un grupo de habitantes de las colonias San Isidro de las Palomas y Loma Alta, hizo público un pronunciamiento para manifestar su inconformidad por las medidas de control de acceso implementadas por el Comité Vecinal Las Palomas, Asociación Civil de Arteaga, al considerar que dichas disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales y carecer del respaldo jurídico correspondiente.

Los ciudadanos señalaron que, por temor a represalias, decidieron mantener en reserva su identidad en esta primera etapa, con el propósito de que el debate se concentre en los hechos denunciados y no en quienes los hacen públicos.

De acuerdo con el documento, el comité, encabezado por Sol Xavier Atkins de la Peña, como presidente, y Guadalupe Viggiano Valdés, como tesorera, ha establecido en los últimos meses diversas restricciones para el ingreso de visitantes, familiares, proveedores, trabajadores, repartidores, prestadores de servicios y otras personas que acuden de manera legítima a ambas colonias.

Los inconformes sostienen que estas medidas fueron implementadas sin un proceso amplio de consulta entre los residentes y sin que se haya informado cuál es el fundamento legal que permitiría limitar el acceso y el libre tránsito dentro del sector.

Afirman que las restricciones no sólo afectan a quienes viven en San Isidro de las Palomas, sino también a los habitantes de Loma Alta, quienes utilizan diariamente las vialidades compartidas para ingresar a sus domicilios, recibir visitas, acceder a servicios o desarrollar sus actividades cotidianas.

PIDEN ACLARAR EL SUSTENTO LEGAL

Los vecinos reconocieron que fortalecer la seguridad de la comunidad constituye un objetivo legítimo; sin embargo, señalaron que cualquier mecanismo de control debe ajustarse a lo establecido por la Constitución, las leyes vigentes y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Indicaron que, hasta ahora, desconocen si los filtros de acceso y los mecanismos de revisión cuentan con autorización expresa del Ayuntamiento o de alguna otra autoridad competente.

Por ello, solicitaron que se informe públicamente cuál es el fundamento jurídico que respalda dichas acciones, quién autorizó su implementación y qué instancia gubernamental tiene la responsabilidad de supervisar su legalidad.

Asimismo, lamentaron que, pese a haber expuesto la problemática ante el Ayuntamiento, hasta el momento no exista una intervención que permita revisar la legalidad de las medidas, situación que, aseguran, ha generado incertidumbre, división e inconformidad entre vecinos, visitantes y trabajadores.

Ante este escenario, hicieron un llamado a la alcaldesa Karen Sánchez Flores para que, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, ordene una investigación sobre el caso, transparente el marco jurídico bajo el cual operan las restricciones y, de ser necesario, adopte las acciones que restituyan plenamente los derechos de acceso, tránsito y convivencia de los habitantes.

ADVIERTEN RIESGOS EN CASOS DE EMERGENCIA

Los ciudadanos expresaron además su preocupación por las posibles consecuencias que los controles de acceso podrían tener durante situaciones de emergencia.

Advirtieron que, en casos como infartos, accidentes, incendios o cualquier otro incidente que requiera la intervención inmediata de ambulancias, bomberos, personal de Protección Civil o corporaciones de seguridad, cualquier demora en el ingreso podría representar un riesgo para la vida y la integridad de las personas.

En ese sentido, solicitaron que las autoridades competentes verifiquen que los mecanismos actualmente operados garanticen el acceso inmediato e irrestricto de los cuerpos de emergencia y que ninguna disposición administrativa o vecinal se convierta en un obstáculo para la atención oportuna.

De igual forma, hicieron un llamado a la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, a la Dirección de Protección Civil, a la Dirección de Desarrollo Urbano y a las demás instancias competentes para que revisen la situación dentro del ámbito de sus atribuciones y emitan un pronunciamiento claro respecto a la legalidad de las medidas implementadas.

Finalmente, pidieron a los medios de comunicación dar seguimiento al caso para favorecer un diálogo transparente entre vecinos, autoridades y representantes del comité vecinal.

Los firmantes aseguraron que su intención no es generar confrontaciones personales, sino promover el respeto al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la transparencia y la convivencia armónica entre quienes habitan ambas colonias, confiando en que las autoridades privilegien el interés público y atiendan el planteamiento con responsabilidad.