¿El Gobierno podrá rastrear mi celular?... sabrán ubicación de ciudadanos sin orden judicial con nueva Ley de Telecomunicaciones
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La nueva Ley de Telecomunicaciones permite al Gobierno rastrear la ubicación de celulares sin orden judicial y exige CURP o RFC para acceder a internet. También desaparece el IFT y regula el contenido extranjero en medios
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa polémica que ha generado reacciones encontradas por sus implicaciones en materia de privacidad, censura y control digital.
Uno de los puntos más controversiales es que el Gobierno podrá solicitar la ubicación geográfica de cualquier ciudadano con teléfono celular sin necesidad de una orden judicial. La geolocalización será gestionada por la Agencia de Transformación Digital, la cual podrá solicitar directamente esta información a las instituciones de seguridad.
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ELIMINAN AL IFT Y CREAN NUEVAS DEPENDENCIAS
La ley contempla también la desaparición definitiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), proceso que se venía gestando desde 2024. En su lugar, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que absorberá todas las funciones regulatorias del IFT.
Además, se establecerá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Este nuevo órgano será responsable de dictar resoluciones técnicas y regulatorias en materia de servicios digitales, espectro radioeléctrico y radiodifusión.
CURP Y RFC SERÁN OBLIGATORIOS PARA ACCEDER A INTERNET
Otro de los elementos que ha causado polémica es la obligación de presentar CURP (para personas físicas) o RFC (para personas morales) como requisito indispensable para contratar servicios de acceso a internet.
La ley especifica que la libertad de expresión no será perseguida judicialmente y que las comunicaciones privadas seguirán siendo inviolables, pero especialistas advierten que la vinculación obligatoria de datos personales con servicios de telecomunicaciones podría abrir la puerta al vigilantismo digital.
EMPRESAS DEBERÁN ENTREGAR DATOS DE USUARIOS EN 24 HORAS
Los concesionarios de servicios de internet, telefonía y plataformas digitales estarán obligados a almacenar los datos de los usuarios durante dos años y a entregarlos a las autoridades en un plazo de 24 horas si así lo requieren las instancias de seguridad, procuración o justicia.
Esto incluye información sobre llamadas, mensajes, historial de navegación y ubicación geográfica en tiempo real, lo que ha sido señalado por expertos como una forma de vigilancia sin supervisión judicial clara.
LIMITAN PROPAGANDA DE GOBIERNOS EXTRANJEROS EN MEDIOS NACIONALES
El nuevo marco legal prohíbe a los concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales transmitir propaganda política de gobiernos extranjeros, salvo en contenidos culturales, deportivos o turísticos.
Las empresas que incumplan podrán ser multadas con hasta el 5% de sus ingresos anuales. Esta medida busca impedir la injerencia extranjera en la política nacional y preservar la soberanía informativa.
Entre los aspectos positivos que destacan los defensores del dictamen, se encuentra su enfoque social: se estima que la nueva ley permitirá llevar internet de banda ancha a más de 15 millones de mexicanos en zonas rurales y marginadas.
También se contempla un mayor respaldo a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, que históricamente han sido excluidos del sistema de telecomunicaciones tradicional.
DATO CURIOSO: MÉXICO SERÍA EL PRIMER PAÍS DE LATINOAMÉRICA EN EXIGIR CURP PARA CONTRATAR INTERNET
Con la entrada en vigor de esta ley, México se convertiría en el primer país de América Latina en exigir un documento de identidad oficial para acceder a servicios de internet, una práctica que hasta ahora se había visto únicamente en regímenes autoritarios como Rusia o China.
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¿CONTROL DIGITAL O AVANCE SOCIAL?
La nueva Ley de Telecomunicaciones ha sido celebrada por sus impulsores como un paso hacia un México más conectado e inclusivo, pero ha levantado serias preocupaciones sobre posibles abusos de poder, pérdida de privacidad y centralización de la vigilancia digital.
Mientras algunos aplauden su enfoque en la conectividad social, otros temen que el acceso irrestricto del Estado a la ubicación de los ciudadanos sin orden judicial sea el primer paso hacia un modelo de vigilancia estatal sin contrapesos.
La discusión no ha terminado y se espera que organizaciones defensoras de derechos digitales y legisladores opositores presenten recursos legales para frenar su aplicación o exigir modificaciones.
