La legisladora explicó que la PUJ es la regulación que limita la velocidad de navegación de internet residencial cuando se alcanza un tope de consumo de datos, pero que actualmente las empresas aplican discrecionalmente estas políticas, contradiciendo lo que establece el artículo 6° constitucional que consagra el acceso a internet como un derecho fundamental, universal y sin limitaciones arbitrarias.
