Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
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Conoce cuál es la pena por traición a la patria en México, qué establece el Código Penal Federal y cuáles son los cinco casos históricos señalados
La traición a la patria es uno de los delitos contra la seguridad de la nación contemplados en la legislación mexicana. Aunque su aplicación ha estado ligada a episodios de crisis política, intervenciones extranjeras y presunta colaboración con otros países, solo uno de los cinco casos reunidos en este recuento terminó con una condena y ejecución: el del emperador Maximiliano de Habsburgo, fusilado en 1867.
Los casos de Victoriano Huerta, tres diputados acusados de irregularidades en el Programa Bracero, Joaquín Guzmán López y el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, muestran cómo las acusaciones relacionadas con este delito han aparecido en diferentes momentos de la historia nacional.
Dos de estos episodios corresponden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: el relacionado con el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el que involucra al exfiscal chihuahuense.
¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL ESTABLECE LA LEY?
El artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión, además de una multa de hasta 50 mil pesos, para mexicanos que cometan alguna de las conductas descritas en sus fracciones.
Entre ellas figuran realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad de someter al país a un gobierno extranjero, participar en hostilidades bajo las órdenes de otro Estado y colaborar con una potencia extranjera en determinadas circunstancias.
La legislación también contempla otros supuestos en artículos posteriores, incluidos los relacionados con la participación de extranjeros. La responsabilidad penal depende de que se acrediten los elementos específicos de la conducta imputada.
La regulación actual tiene antecedentes en la ley promulgada por Benito Juárez el 25 de enero de 1862, durante la intervención francesa. Aquella norma contemplaba la pena de muerte para determinados delitos contra la nación.
Sin embargo, la legislación cambió con el tiempo. El Código Penal Federal se publicó el 14 de agosto de 1931 y el artículo 123 fue reformado el 29 de julio de 1970. En 1992 se incorporó un supuesto relacionado con la privación ilegal de la libertad de una persona en México para entregarla a autoridades de otro país o trasladarla al extranjero con ese propósito.
La pena de muerte está prohibida en México tras la reforma constitucional publicada el 9 de diciembre de 2005. Por ello, ya no es una sanción aplicable a este delito.
MAXIMILIANO, EL ÚNICO CASO CON EJECUCIÓN
El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados en Querétaro, después de ser capturados por las fuerzas republicanas de Benito Juárez.
El emperador había llegado a México en 1864 con el respaldo de Francia y de sectores conservadores que impulsaban una monarquía. Su gobierno enfrentó la resistencia de la República, que consideraba la instauración del Segundo Imperio una amenaza a la soberanía nacional.
Tras la retirada de las tropas francesas y el avance republicano, Maximiliano concentró a sus últimos aliados en Querétaro. La ciudad quedó sitiada y, en mayo de 1867, el emperador y los dos generales fueron capturados.
El proceso militar se sustentó en la ley juarista de 1862, que castigaba delitos contra la nación, el orden y la paz pública. A Maximiliano también se le imputó la usurpación del poder.
HUERTA Y LOS DIPUTADOS: ACUSACIONES SIN UNA CONDENA DEFINITIVA
Otro episodio involucró a Victoriano Huerta, quien llegó a la Presidencia después del golpe de Estado contra Francisco I. Madero y del asesinato del mandatario y del vicepresidente José María Pino Suárez.
Venustiano Carranza desconoció su gobierno mediante el Plan de Guadalupe, del 26 de marzo de 1913. Después, reactivó la legislación de 1862 para impulsar un proceso contra Huerta y sus colaboradores. Sin embargo, el exmandatario abandonó México y murió en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916, sin enfrentar un juicio penal mexicano por esos hechos.
En 1945, los diputados Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre fueron acusados de falsificación, irregularidades en sus funciones y traición a la patria por la distribución irregular de tarjetas del Programa Bracero, que facilitaban la contratación temporal de trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
Los legisladores permanecieron presos en Lecumberri durante ocho meses. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les concedió amparos que derivaron en su liberación. Madrazo incluso publicó un folleto titulado Mi traición a la Patria, en referencia irónica a las acusaciones.
EL MAYO ZAMBADA Y EL CASO JÁUREGUI
En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por presuntos delitos de secuestro y traición a la patria, relacionados con el traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de ese año.
Un juez federal negó la orden al considerar que no se reunían los elementos necesarios para acreditar la acusación. La FGR informó posteriormente que retiró la solicitud. En diciembre de 2025, Guzmán López se declaró culpable ante una corte de Chicago por cargos de narcotráfico y reconoció haber organizado el secuestro de Zambada, dentro de un proceso judicial estadounidense.
El episodio más reciente corresponde a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua. El 17 de octubre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que un juez federal concedió una orden de aprehensión en su contra por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
La investigación señala que Jáuregui habría permitido la participación no autorizada de dos agentes de la CIA en un operativo realizado en abril en El Pinal, Chihuahua. El exfuncionario también enfrenta un proceso estatal distinto por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Al momento del reporte, su situación jurídica por el delito federal seguía sin resolverse.
DATOS CURIOSOS
· La ley de 1862 fue promulgada durante la intervención francesa.
· Maximiliano, Miramón y Mejía fueron ejecutados el mismo día, el 19 de junio de 1867.
· La legislación vigente contempla hasta 40 años de prisión por traición a la patria.
· Una acusación o una orden de aprehensión no equivalen a una sentencia condenatoria.
