Acusan a fiscalía y jueces de operar despojos de terrenos en Nayarit
Organizaciones civiles y afectados aseguran que autoridades estatales habrían utilizado la Fiscalía y el Poder Judicial de Nayarit para promover investigaciones y expropiaciones
CDMX.- Las autoridades de Nayarit han sido acusadas de utilizar a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial local para promover investigaciones y procesos judiciales que, según afectados, sirvieron para despojar a particulares de sus terrenos en Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarita.
De acuerdo con testimonios recabados y documentados por afectadas y afectados, al menos 87 casos de empresarios, ejidatarios y propietarios enfrentaron procesos iniciados “a modo” bajo el llamado Mega Operativo Nayarit, presentado por el gobierno estatal como iniciativa para supuestamente sanear la recaudación y recuperar terreno irregular.
TE PUEDE INTERESAR: Senado minimiza riesgos en revisión del T-MEC
Según estos denunciantes, las autoridades abrieron carpetas de investigación sin sustento legal, aseguraron bienes y dictaron resoluciones judiciales que facilitaron expropiaciones, incluso con la aplicación de prisión preventiva contra algunas víctimas como medida de presión.
Uno de los casos más emblemáticos es el del abogado Joel Marín García, que representaba a una de las personas afectadas. Su defensa asegura que la Fiscalía estatal fabricó cargos para mantenerlo en prisión tras promover amparos contra expropiaciones, lo que a su vez permitió continuar con los procesos de despojo sin que los propietarios pudieran defender sus derechos.
TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
La estrategia, según la defensa, se habría aplicado cuando las expropiaciones no avanzaban como se esperaba; en esos casos, se habrían iniciado investigaciones penales, aseguramientos de bienes y órdenes de aprehensión, en algunos escenarios presuntamente con fines de facilitar la toma de posesión de los terrenos por parte del gobierno.
Los terrenos en disputa sumarían cerca de 400 mil metros cuadrados, y la defensa del abogado detenido ha anunciado la intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como cohecho, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos e intimidación.
TE PUEDE INTERESAR: Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán
Este grupo de predios forma parte de una región con altos valores comerciales y turísticos, y la polémica se da en un contexto donde existe otro frente legal, liderado por autoridades federales y estatales, con el objetivo de recuperar a favor del Estado grandes extensiones de tierra que habían sido vendidas o transferidas irregularmente en años anteriores.
Mientras tanto, los propietarios afectados y sus representantes legales sostienen que las acciones emprendidas forman parte de un patrón sistemático que implica uso indebido de facultades de procuración y administración de justicia para fines distintos a los señalados oficialmente por el gobierno estatal. Con información de Excélsior
