Acusan inacción de Trump ante insurrección

WASHINGTON, EU.- A pesar de las peticiones desesperadas de asesores, aliados, un líder republicano e incluso de su familia, Donald Trump se negó a apaciguar a la turba que atacaba el Capitolio el 6 de enero de 2021, y en lugar de ello “echó gasolina al fuego” al tuitear de forma agresiva sus afirmaciones falsas de que le habían robado las elecciones y calificó a la multitud de simpatizantes como “muy especiales”, según demostró la madrugada del viernes la comisión investigadora de la Cámara de Representantes.

Al día siguiente volvió a declarar: “No quiero decir que las elecciones han concluido”. Eso fue en una escena descartada de un discurso que iba a pronunciar, que no se emitió en su día y fue presentada en la audiencia de la comisión en horario estelar.

La comisión documentó cómo durante unos 187 minutos, desde el momento en que Trump se fue del escenario de un mitin en el que envió a sus simpatizantes al Capitolio, hasta el momento en que apareció en el video de la Rosaleda de la Casa Blanca, nada pudo hacer que el Presidente derrotado modificara su actitud.

En su lugar, vio como se desencadenaba la violencia por televisión. “El presidente Trump no dejó de actuar”, dijo el representante Adam Kinzinger, también republicano pero crítico frecuente de Trump y expiloto de cazas en Irak y Afganistán. “Él eligió no actuar”.

Tras meses de trabajo y semanas de audiencias, la sesión en horario estelar comenzó de la misma forma que la comisión: culpando del letal ataque al propio Trump por convocar a la multitud en Washington y enviarla al Capitolio.

Por otra parte, Steve Bannon, un viejo aliado del expresidente Donald Trump, fue declarado culpable ayer por cargos de desacato por desafiar una citación de una comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección.

Bannon, de 68 años, enfrenta dos cargos: uno por negarse a comparecer a una declaración y otro por negarse a proporcionar documentos en respuesta a la citación del panel. Bannon se enfrenta a una pena máxima de dos años de prisión federal.