Advierten que mayoría de las universidades públicas estatales manejan de manera deficiente sus recursos
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias e irregularidades en 27 de 35 universidades públicas estatales que suman mil 700 millones de pesos
La mayoría de las universidades públicas estatales (UPE) manejan de manera deficiente los recursos que les son asignados, advierte un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Recuerda que, en la segunda fase de las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias e irregularidades en 27 de 35 universidades públicas estatales que suman mil 700 millones de pesos.
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Las instituciones con mayores montos por aclarar son las universidades autónomas de Coahuila, con 613 millones de pesos; de Nayarit, con 431; de Nuevo León, con 210, y de Sinaloa, con 128.
”Las deficiencias en la gestión de los recursos públicos tienen repercusiones directas en el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa que estas instituciones pueden ofrecer a más de 1.7 millones de estudiantes matriculados”, alerta el Imco.
Entre las principales irregularidades en el ejercicio de los recursos de las universidades públicas estatales, detalla, se encuentran fallas en el reporte y reintegración de recursos a la Federación; deficiencias en los sistemas de control interno; discrepancias y omisiones en la información contable, e irregularidades en los sistemas de nómina.
La Universidad del Carmen en Campeche, ejemplifica, no reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 18.7 millones de pesos no comprometidos provenientes del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales, mientras que la Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a sus trabajadores durante 2022.
En tanto, indica, la Universidad Autónoma de Nuevo León no presentó los comprobantes fiscales de sus pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) correspondientes a participaciones federales.
“Asimismo, la institución no cumplió con la entrega de la documentación relacionada con la adquisición de medicamentos, valorados en 85 millones de pesos, de acuerdo con los plazos y condiciones contractuales establecidos”, apunta.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Chihuahua efectuó pagos improcedentes por un total de 26 millones de pesos a 393 trabajadores que no forman parte de la plantilla autorizada por el máximo órgano de Gobierno de la institución.
Las universidades autónomas de Nuevo León y Sinaloa y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron pagos alrededor de 280 trabajadores fallecidos.
”La calidad de la educación que ofrecen las UPE puede ayudar a garantizar la competitividad y el desarrollo económico y social de México”, remarca el Imco.
”Para ello es necesario que estas instituciones cuenten con las dinámicas, sistemas y recursos necesarios para garantizar el ejercicio correcto de los recursos públicos federales que reciben”.
