Alerta Prodh por ‘politización’ de jueces y acusa a fiscalías de sostener la impunidad en el País
La organización reclamó atender a las fiscalías y exigió a la de Veracruz cumplir una recomendación por tortura contra un joven indígena
CDMX.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que, para garantizar justicia en México, se debe priorizar la independencia del Poder Judicial, reducir su control político y revisar el desempeño de las fiscalías, a las que señaló como “la verdadera raíz de la impunidad”, en el debate por una nueva iniciativa para modificar la reforma judicial.
La organización sostuvo que, aunque la propuesta publicada recientemente reconoce problemas del modelo actual, persisten riesgos estructurales que podrían comprometer la autonomía del sistema de justicia, especialmente por la forma de elegir a las personas juzgadoras.
Centro Prodh señaló que el planteamiento identifica deficiencias en los requisitos para evaluar candidaturas, lo que complica garantizar perfiles idóneos, y advirtió sobre el riesgo de realizar elecciones judiciales de forma concurrente con comicios políticos, porque “politiza” la designación de jueces.
La iniciativa, según lo descrito, propone reconfigurar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dividirla en dos secciones, además de una integración híbrida con cinco integrantes de carrera judicial y cuatro perfiles externos, junto con un ajuste al sistema de precedentes para regresar a la jurisprudencia obligatoria por tesis.
También plantea modificar criterios de capacidades y experiencia: sustituir requisitos formales por certificaciones de competencias a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial, recuperar el peso de la carrera judicial y fijar años mínimos de ejercicio jurídico. En independencia, amplía restricciones, como no haber ocupado cargos públicos municipales ni posiciones partidistas en el año previo a la convocatoria.
Centro Prodh indicó que se propone desaparecer los comités de los tres Poderes y crear un Comité Único de Evaluación, además de asignar mayores responsabilidades al Instituto Nacional Electoral para organizar la elección y reducir su politización. Señaló que se plantea separar la elección judicial de la política y aplazar la próxima jornada a 2028, además de reducir el número de candidaturas para la Corte y el Tribunal Electoral.
Pese a esos ajustes, la organización consideró que el proyecto no corrige todas las deficiencias ni elimina los riesgos del modelo de elección de juzgadores. Aun así, reconoció como positivo que se abriera un diálogo público en el Senado y llamó a las fuerzas políticas a discutir a fondo.
La organización insistió en que el debate debe incluir el papel de las fiscalías y, en un caso específico, urgió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a aceptar y cumplir la Recomendación 17/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acreditó tortura contra Diego Fernando Bonilla, persona indígena Ñuhü, atribuida a la Policía Ministerial tras hechos ocurridos en mayo de 2023.
Centro Prodh señaló que la investigación por tortura fue cerrada en 2025 sin una indagatoria diligente, y citó datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) para ubicar a Veracruz como la segunda entidad con más investigaciones por ese delito entre 2019 y 2025, y la primera en número de víctimas, al sostener que aceptar la recomendación enviaría un mensaje contra la impunidad.
