El miedo de López Obrador
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Andrés Manuel, se puede decir, sintió que el fuego le estaba llegando a los aparejos. Rocha Moya, de acuerdo con datos de inteligencia en México y Estados Unidos, era su enlace con ‘El Mayo’ Zambada
“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, remató el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una carta que dio a conocer la noche del miércoles para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y reflexionar sobre Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca. La carta, más allá de quién la escribió, refleja su pensamiento y, con una redacción más desenfadada –ya no es titular del Ejecutivo–, se extraña de que el Trump 2.0 que está en Washington no tiene nada que ver con la versión 1.0 que conoció.
En efecto, nada que ver. Sus prioridades políticas cambiaron y ahora, como apuntó, bajo el señalamiento de “narcoterrorista” que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, “cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”. En estas palabras está la clave de la reflexión de López Obrador, quien sueña con aquel con el que jugó por sus necesidades para controlar la inmigración, pero tiene pesadillas con el que está bosquejando su futuro.
López Obrador rompió el silencio porque las condiciones que él se había impuesto para no hablar en público son inexistentes. Su carta refleja miedo, y lo que antes veía como probabilidad ahora lo percibe como posibilidad. Desde la transición de poder en 2018, el entonces presidente habló con colaboradores de Sheinbaum que iban a ocupar puestos en el gabinete de seguridad para pedirles que cuidaran a sus hijos y cancelaran cualquier investigación en su contra.
Alejandro Gertz Manero, que se distinguió como un fiscal que persiguió más a su familia política –con delitos inventados– que a criminales, fue forzado a renunciar el año pasado porque desafió la gravedad del régimen: se negó a cancelar una investigación sobre Andrés Manuel López Beltrán y el empresario Raúl Rocha Cantú –copropietario del Miss Universo– relacionada con el contrabando de combustible. Pero la confianza de que las amenazas se habían neutralizado se evaporó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de haber recibido el apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Fue lo último que soportó.
Su carta pública se dio a conocer unas 14 horas después de que el periódico Los Angeles Times reconfirmó que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, estaban siendo investigados en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y huachicol fiscal. Las revelaciones en la prensa mexicana sobre esas investigaciones fueron minimizadas como “ciencia ficción”, pero al brincar a los medios estadounidenses fueron verosímiles y tomaron carta de legitimidad.
López Obrador, se puede decir, sintió que el fuego, coloquialmente hablando, le estaba llegando a los aparejos. Rocha Moya, de acuerdo con datos de inteligencia en México y Estados Unidos, era su enlace con Ismael “El Mayo” Zambada, cuando era el jefe del Cártel de Sinaloa, con quien negociaban las candidaturas a puestos de elección popular en el noroeste del país. Durazo, a quien se le ha dado seguimiento de sus vinculaciones con esa organización desde que era secretario particular del presidente Vicente Fox, fue presuntamente receptor de dinero del crimen organizado para las elecciones presidenciales de 2018, y quien le pidió liberar a Ovidio Guzmán López –que manejaba el tráfico de fentanilo ilegal– en el famoso Culiacanazo en 2019.
La “cacería” de esos gobernadores que entran en la categoría de “terroristas”, como definió Estados Unidos a seis cárteles de la droga mexicanos en 2024, parece haber alterado los nervios de López Obrador, y se dio cuenta de que lo que llamaba “politiquería” de Trump iba en serio. Tiene razón. López Obrador ocupa el número uno en la baraja de la estructura político-criminal que están investigando los servicios de inteligencia y policiales en Estados Unidos, que se alió con la inteligencia cubana –al menos un activo de ellos era parte de sus ideólogos de cabecera–.
López Obrador tiene dos investigaciones abiertas en Estados Unidos. Una de ellas incorpora dos transacciones electrónicas que llegaron a funcionarios en Palacio Nacional días después que saludó a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en marzo de 2020, en La Tuna, una comunidad del municipio de Badiraguato, donde vivía. Los fiscales en Nueva York también cuentan con declaraciones de Jesús “El Rey” Zambada, hermano de “El Mayo”, sobre el dinero que le daba al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, para protección. Y existen grabaciones de financieros del Cártel de Sinaloa con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, donde mencionan sus vínculos con colaboradores de López Obrador en Palacio Nacional.
Esto es apenas una parte de lo que durante años se ha ido documentando en Estados Unidos contra López Obrador, aunque parece improbable una acción en su contra y que lo extraiga un comando como lo hizo con Zambada en 2024. La principal consideración es la inestabilidad que le podría causar a la presidenta Sheinbaum. Él es a quien más quisieran detener en la DEA y la CIA, y en algún momento eso podría suceder. Pero la decisión en Washington, a partir de la evaluación de los tiempos, contexto e intereses, es tan incierta hoy, que todo es incierto.
El nombre de López Obrador no ha figurado como persona de interés en ninguna de las reuniones entre funcionarios de ambos países o en los encuentros que ha sostenido la presidenta Sheinbaum con miembros del gabinete estadounidense. La atención se ha centrado sobre gobernadores y líderes del partido, mencionados ayer en este mismo espacio, y sobre otras figuras del obradorismo, en especial el senador Adán Augusto López, que es el nombre que más veces ha sido mencionado por los estadounidenses.
En el organigrama político-criminal que han elaborado los servicios de inteligencia, el número dos de López Obrador es el general Audomaro Martínez, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, quien a través del “rey del huachicol”, Sergio Carmona, tenía contacto con todos los cárteles. Debajo se encuentran López Hernández y Leonel Cota, subsecretario de Agricultura. Posteriormente, tres secretarios de Estado actuales, dos exsecretarios y varios directores de organismos paraestatales.
El Departamento de Justicia, que está judicializando la información de inteligencia, armó el esquema de protección y colaboración entre el crimen organizado y políticos, así como su operación en campañas electorales, principalmente a favor de Morena, caminos que siempre llegan a López Obrador.
