AMLO es malintencionado y falso... Riva Palacio arremete contra López Obrador por prisión preventiva oficiosa

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El periodista aseguró que de ser eliminada la prisión preventiva oficiosa, su discurso de culpar al pasado se verá afectado por los detenidos en el sexenio de Peña Nieto
Desde hace semanas, el tema de la prisión preventiva oficiosa se ha vuelto prioritario en los mensajes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado desde Palacio Nacional, esto al defender dicho procedimiento con la finalidad de que se evite la liberación de delincuentes ‘a diestra y siniestra’.
El mandatario mantiene discrepancias con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y amagó con exponer a los jueces y magistrados que pretenden eliminarla, acusándolos de cohecho.
“Vamos a presentar toda nuestra fundamentación (...) Son muchos casos y muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos humillando” señaló el mandatario en su conferencia matutina.
Ante esta controversia, el periodista Raymundo Riva Palacio en su más reciente columna ‘Estrictamente Personal’ señaló que el presidente está enojado porque sabe que al desaparecer la prisión preventiva oficiosa, se debilita su discurso en contra de la corrupción.
“Nada hay más delicado a que un presidente esté enojado, que no se le quite la rabia, porque al paso de los días se enciende más, piensa menos y toma peores decisiones. Y cuando el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador, cuya intolerancia supina, según cercanos, va en aumento, el estado de ánimo se torna peligroso. Ayer, en el cuadrilátero de la mañanera en Palacio Nacional, arremetió contra medios, periodistas y el Poder Judicial, disparando su impune escopeta porque las cosas no salen como desea. Pero no nos equivoquemos. Su coraje gira en torno a la prisión preventiva oficiosa que el próximo lunes será debatido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia”.
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El periodista calificó como malintencionado y falso al presidente esto por decir que e la prisión preventiva oficiosa se aprobó durante el gobierno de Calderón.
“López Obrador se está valiendo de artimañas, incluso una mentira flagrante, al decir que la prisión preventiva oficiosa se aprobó durante el gobierno de Felipe Calderón, y amagó con dar conocer la lista de quienes votaron a favor de esa ley –citó a los panistas Santiago Creel y a Marko Cortés, y a Jesús Murillo Karam–, y cómo fue la cobertura en los medios. El Presidente es malintencionado y falso”, expuso.
De acuerdo con el columnista, en la reforma a la que hace alusión, aprobada en 2008, se buscaba que los imputados por delitos de mayor impacto permanecieran bajo custodia, principalmente para asegurar a las víctimas.
“Aquella reforma constitucional de 2008 no buscaba inhibir la comisión de los delitos, sino contar con la certeza de que en los de mayor impacto, los imputados permanecieran bajo la custodia del sistema de justicia penal, asegurando a las víctimas y lo que llamaron el buen manejo de la investigación”.
Pero fue en 2018 que se modificó la figura de prisión preventiva en dos vertientes: la justificada y la oficiosa. En esta última se establecía que los delitos para aplicarse la medida eran delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos por armas de fuego y explosivos, así como aquellos graves en contra de la seguridad.
“El 18 de junio de 2018, en una nueva modificación, se incorporó la figura de la prisión preventiva en sus dos vertientes, la justificada y la oficiosa, en cuyo párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución se establecía:
Para la prisión preventiva justificada, el ministerio público sólo la puede solicitar al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, así como el desarrollo de la investigación, la protección de la víctimas y los testigos. El catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa incluía delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, así como aquellos delitos graves en contra de la seguridad nacional”.
Sin embargo, para el 2019, se reformó el párrafo segundo y se amplió el catálogo, de acuerdo con Riva Palacio, cabildeado por Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.
De este modo se añadieron: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo, desaparición forzada y cometida por particulares.
“El 12 de abril de 2019 se reformó el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, a fin de ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa –la prisión preventiva no sufrió ninguna modificación–, que agregó el abuso o la violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo, desaparición forzada y cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo militar”, señaló Riva Palacio.
Esto últimos, señaló, arropa implícitamente “la narrativa de López Obrador y a su estrategia de desmantelar el viejo régimen (...) encarcelando a ex funcionarios de gobiernos anteriores”, ya que para dar legitimidad y mostrar que lo que juró era cierto, “tiene que encarcelar a personajes importantes”.
“La ampliación de este catálogo fue cabildeada por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que implícitamente arropaba la narrativa de López Obrador y a su estrategia de desmantelar el viejo régimen, como lo llama, encarcelando a ex funcionarios de gobiernos anteriores. La legitimidad de su Presidencia depende de la lucha contra la corrupción, el principal mandato de las urnas, y para mostrar que todo aquello por lo que votaron por él es real cierto, tiene que encarcelar a personajes importantes. Hasta esa modificación, los delitos de cuello blanco no tenían pase automático a la cárcel, pero esa nueva reforma los incorporó”.
Su aprobación fue argumentada bajo el razonamiento de que se necesitaba un derecho penal más restrictivo que desincentivara la comisión de delitos que lesionaran los bienes públicos. Sin embargo, señaló que como corolario se ha abusado de la ley.
Y puso de ejemplo los casos de Rosario Robles, quien estuvo tres años en prisión y el del recién detenido y vinculado a proceso, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, del que ya ha hablado en anteriores ocasiones.
“Las consecuencias fueron abusos de esa ley, censurada en el mundo por violar derechos humanos. Varias transgresiones a esa ley demostraron las críticas, como en el proceso de la ex secretaria de Estado, Rosario Robles por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, o de Murillo Karam en el Caso Ayotzinapa, que recibieron en automático la prisión preventiva oficiosa, que enmarcaron una batalla en tribunales que terminó en la Suprema Corte”.
Pero a este problema se suma, mencionó, a que uno de sus aliados, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se posicionó a favor de la eliminación de esta figura. Por lo que a través de amenazas y de descalificaciones “quiere doblegar a la Corte a que cumplan sus deseos”.
”La cruzada de López Obrador contra el Poder Judicial se arreció en vísperas de la discusión en la Corte, tras un reciente desencuentro con su presidente, Arturo Zaldívar, porque el ministro está de acuerdo con el proyecto de Aguilar. López Obrador, hasta ahora, tiene perdido a su aliado en la Corte y mediante exabruptos, amenazas de linchamiento público, y sobre todo, acusaciones de corrupción contra jueces y magistrados, quiere doblegar a la Corte a que cumplan sus deseos”.
Por lo que concluyó en que, de ser eliminada, ya no podrá valerse de culpar al pasado de la corrupción y podría impactar en cuestiones electorales.
“Su cólera diagnostica debilidad en la narrativa de culpar de todo a la corrupción del pasado. Si pierde esta batalla su pólvora política se mojará y será mas difícil inducir a ver sólo por el retrovisor. Potencialmente tendría un impacto electoral que, estamos viendo, no lo va a permitir”, concluyó.