AMLO solicita a SCJN que suspenda discusión del Plan B; primero deberán resolver impugnaciones de 2018
La petición de López Obrador busca que se analice la constitucionalidad de la ley antes de la validez de la reforma
A través de la Consejería Jurídica, Andrés Manuel López Obrador solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que resuelva sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, antes de que analice la validez de la reforma a dicha norma conocida como Plan B.
La petición se realizó formalmente a través de un comunicado, donde sentencian que la ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano.
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Habían considerado que existieron “vicios” en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, “no son acordes con la Constitución”.
“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
Cabe destacar que la Suprema Corte consideró en la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, que la ley impugnada “no tenía carácter electoral y no concedió la suspensión solicitada por considerar que era una norma general y abstracta”
Sin embargo, esto es contrario a lo que se ha resuelto recientemente en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.
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“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, se lee.
Explicó que su solicitud es con el propósito de “evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”.
