Aseguran propiedades de García Luna en Miami, valen 17.9 mdd
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Cuatro de esas propiedades se encuentran registradas a nombre de la empresa Delta Integrator LLC, la cual es dirigida desde 2013 por Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) informó al diario El País que han sido aseguradas 19 propiedades ligadas a la red del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Los bienes están ubicados en la ciudad estadounidense de Miami, en Florida, y tienen un valor de 17.9 millones de dólares, de acuerdo con el texto firmado por el periodista Elías Camhaji.
Cuatro de esas propiedades se encuentran registradas a nombre de la empresa Delta Integrator LLC, la cual es dirigida desde 2013 por Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna.
El diario español reportó este jueves que esta misma empresa también fue utilizada por la pareja para comprar varios autos de lujo y antiguos.
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En un reportaje publicado en Aristegui Noticias en 2020 por la periodista Anabel Hernández, los bienes en Estados Unidos de Genaro García Luna comenzaron a ser investigados por la Agencia Antidrogas (DEA).
En ese momento, García Luna vivía con su familia en una lujosa residencia de Golden Beach, en Florida, y disfrutaban de un lustroso yate blanco, anclado en el muelle privado. El exfuncionario federal paseaba en su motocicleta Harley-Davidson VRSCB color plata modelo 2005 y en su Mustang de colección modelo 1970.
Su ostentoso estilo de vida lo llevó a ser demandado por la vía civil en un tribunal del condado de Miami-Dade por lavado de unos 700 millones de dólares de fondos “robados” al gobierno de México.
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2021 incluye a Linda Cristina Pereyra, como “participante principal” de una “compleja” red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Además del matrimonio García Luna están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes de esta trama que operó por lo menos hasta 2018 tenía un rol específico.
La acusación dice que García Luna era el “arquitecto principal” y coordinó y autorizó “los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas” valiéndose “del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción”.
Los otros acusados en esta demanda son Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
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FALTA MUCHO POR RECUPERAR
A pesar de esta victoria, a través de demandas de amparo, Genaro García Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados, lo que equivale al 72 por ciento del dinero originalmente inmovilizado.
En su informe, el organismo de la Secretaría de Hacienda detalla que los desbloqueos en favor de los implicados, en lo que denomina el Caso García Luna, son resultado de sentencias dictadas en 7 juicios de amparo.
Además, el gobierno mexicano pretende recuperar 700 millones de dólares, de los cuales apenas han logrado asegurar los bienes antes mencionados.
El Gobierno de México reclama 39 empresas, fideicomisos y propiedades de García Luna, quien el mes pasado fue hallado culpable de cinco cargos de narcotráfico por un Gran Jurado de la Corte Federal de Distrito en Nueva York.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control librar una nueva orden de aprehensión en contra de García Luna, por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
La nueva orden de aprehensión trascendió al mismo tiempo que un comunicado de la UIF, donde dio a conocer una lista de 44 empresas y 8 personas que ayudaron a García Luna, sus socios y familiares a desviar 745.9 millones de dólares.
La solicitud fue presentada ante un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.
Sin embargo, el juez de control se negó a girar la orden de captura por considerar que el Ministerio Público Federal solamente presentó datos de prueba relacionados con su petición, pero sin argumentar cómo esos datos de prueba acreditan que el imputado cometió las conductas ilícitas que se le atribuyen.
Con información de medios
