Aún por determinar si los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato son de procedencia ilícita
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El combustible fue localizado en una terminal formal de almacenamiento perteneciente a Gas Natural del Noroeste, con antecedentes regulatorios
La FGR continúa investigando el origen, propiedad y trazabilidad del combustible. El especialista energético Gonzalo Monroy señala que se encontraba en una terminal formal de almacenamiento y plantea interrogantes sobre su clasificación como huachicol. Esclarecer su procedencia dependerá del análisis documental y de las investigaciones en curso.
La terminal intervenida en San José Iturbide no era un punto clandestino de almacenamiento: se trata de infraestructura energética que cuenta con antecedentes regulatorios y capacidad autorizada para almacenar alrededor de 100 millones de litros. Mientras la FGR investiga la trazabilidad del combustible, especialistas advierten que todavía falta información para determinar que los 59 millones de litros asegurados sean producto de una operación ilícita.
El anuncio del aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, rápidamente fue presentado como uno de los mayores golpes contra el llamado huachicol. Sin embargo, conforme se conocen nuevos elementos sobre el inmueble intervenido, el caso abre preguntas que todavía no han sido respondidas.
La primera tiene que ver con el lugar del operativo.
El inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua corresponde a instalaciones de Gas Natural del Noroeste, empresa que cuenta con antecedentes regulatorios para desarrollar actividades de almacenamiento de petrolíferos en San José Iturbide. De acuerdo con información publicada este 18 de septiembre, la terminal tiene permisos para almacenar alrededor de 100 millones de litros de combustible, una capacidad superior al volumen encontrado durante el cateo.
Es decir, la presencia de decenas de millones de litros en el sitio no constituye, por sí misma, evidencia de que se trate de combustible ilegal. Lo que está bajo investigación es su origen, propiedad, documentación y trazabilidad.
Una terminal que forma parte de la infraestructura energética del país
La existencia y operación de la instalación tampoco era desconocida para las autoridades energéticas.
Documentos oficiales de la Secretaría de Energía incluyeron a Gas Natural del Noroeste, en San José Iturbide, entre los proyectos privados de almacenamiento de petrolíferos terminados y en operación. Un documento gubernamental de 2022 reportó para este proyecto una capacidad nominal de 1 millón 52 mil barriles.
Incluso existen antecedentes oficiales de su relación con Pemex.
Una presentación de la Comisión Reguladora de Energía documentó que, durante el primer trimestre de 2017, Pemex comenzó a recibir diésel y gasolina importados por ferrocarril con destino a San José Iturbide, utilizando la terminal de Gas Natural del Noroeste, operada por Grupo SIMSA.
Estos antecedentes cambian una parte importante del contexto: las autoridades no ingresaron a un depósito improvisado o a una instalación clandestina descubierta en medio de una operación de extracción ilegal, sino a una terminal formal de almacenamiento de combustibles con antecedentes regulatorios y operación conocida dentro del sector energético.
¿Qué dijo realmente la FGR?
La propia Fiscalía General de la República ha utilizado un lenguaje más cauteloso que algunos de los encabezados que posteriormente circularon.
En su comunicado oficial del 17 de septiembre, la institución informó del hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo “de los cuales no se ha acreditado su origen”. La investigación comenzó el 3 de julio, después de que una persona fuera detenida mientras presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz y no pudiera acreditar la trazabilidad de ese producto.
Las investigaciones posteriores llevaron a cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y finalmente San José Iturbide.
En la terminal fueron asegurados 10 tanques, unidades de transporte, documentación contable y 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de diésel.
La diferencia es relevante: “origen no acreditado” no equivale todavía a una determinación definitiva de “combustible robado”.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato también señaló que corresponde al Ministerio Público Federal realizar los dictámenes necesarios para establecer la cantidad, naturaleza, procedencia y legalidad del producto, y subrayó que el cateo forma parte de una investigación en curso.
Un especialista pone en duda la primera interpretación
En medio de la cobertura sobre el supuesto “decomiso histórico de huachicol”, el especialista energético Gonzalo Monroy, director de la consultora GMC, planteó una interpretación distinta.
Monroy señaló que la instalación pertenece a una terminal de Grupo SIMSA que presta servicios a empresas del sector energético y sostuvo que el combustible almacenado podría corresponder a operaciones regulares de la terminal. Con la información disponible, afirmó, no se ha demostrado que los 59 millones de litros sean de procedencia ilícita.
El especialista incluso planteó la posibilidad de que exista un error en la interpretación inicial del operativo y recordó que esta infraestructura participó en el suministro de combustibles durante el desabasto registrado en 2019.
Su postura no constituye una resolución sobre el caso ni sustituye las investigaciones de la Fiscalía, pero introduce una pregunta central que deberá ser aclarada por las autoridades: si la terminal está autorizada para almacenar volúmenes superiores a los encontrados, ¿qué irregularidad específica convierte esos 59 millones de litros en combustible presuntamente ilícito?
El punto central: acreditar la trazabilidad
Ahí se encuentra, por ahora, el verdadero centro de la investigación.
Encontrar 59 millones de litros dentro de una terminal autorizada no demuestra por sí solo que esos hidrocarburos sean ilegales.
La FGR deberá reconstruir la cadena documental: quién adquirió el combustible, quién lo transportó, quién es su propietario, de dónde provino, qué documentación fiscal y aduanera lo respalda y si los inventarios físicos corresponden con los registros de entrada y salida.
Precisamente por eso, la documentación contable asegurada durante el cateo puede terminar siendo tan relevante como el combustible localizado.
Por ahora, la información oficial disponible mantiene abiertas ambas dimensiones del caso: existe una investigación federal sobre la trazabilidad de millones de litros de hidrocarburos, pero también existe evidencia documental de que el lugar donde fueron encontrados es una terminal formal, conocida por las autoridades y con capacidad autorizada para almacenar volúmenes de esa magnitud.
Determinar si se está frente a uno de los mayores decomisos de combustible ilícito del país o ante combustible cuya legal procedencia puede ser posteriormente acreditada dependerá de lo que arrojen los peritajes y la documentación que analiza la FGR.
Hasta entonces, el dato confirmado es el aseguramiento; la ilegalidad de los 59 millones de litros continúa bajo investigación.
