Ayotzinapa: AMLO cerrará el caso con dudas y los asesinos libres: Riva Palacio
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El periodista advierte que aunque el Presidente dirá que cumplió con los padres de los normalistas, la investigación cerrará con más contradicciones, además de haber cuatro funcionarios implicados, tres del Gobierno de López Obrador y uno de la CDMX
CDMX.- La investigación sobre el caso Ayotzinapa hecha por el gobierno de López Obrador cerrará, al igual que con Peña Nieto, llena de dudas y contradicciones, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, y con los asesinos libres.
En su más reciente artículo, publicado en VANGUARDIA, refiere que en ambas administraciones las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas han sido “desaseadas, con irregularidades e ilegalidades, olvidando la verdad de fondo del caso”.
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A los asesinos confesos del caso, asevera el analista político, les han perdonado todo a cambio de implicar a militares y exfuncionarios, aunque no han proporcionado pruebas suficientes para proceder contundentemente.
Riva Palacio hace estas observaciones tras el reporte entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde Carlos Beristáin, uno de sus integrantes, reitera que no hay condiciones para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Para el periodista, Beristáin responsabiliza, aunque no de forma directa, al Gobierno de no haber podido lograr que las Fuerzas Armadas entregaran toda la información solicitada y, por lo tanto, existía el riesgo de que “la mentira se institucionalice como respuesta”.
De acuerdo con Riva Palacio hay dos cosas en las que coinciden las investigaciones realizadas en el sexenio de Pena Nieto y en el de López Obrador: “los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a Guerreros Unidos para ser asesinados e incinerados”.
Pero “en la ‘verdad histórica’, los asesinos son los responsables, mientras que en la “verdad alterna”, son los funcionarios federales, tanto del pasado como del presente”.
En ese contexto, el analista político refiere que tanto Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, como Murillo Karam, han creado una “narrativa que en la práctica protege a los asesinos de Guerreros Unidos y probablemente al exalcalde de Iguala”.
Estos personajes, refiere Riva Palacio, han sido liberados de su culpa y “mediante declaraciones inducidas y con pruebas falsas” se ha acusado a un general de haber ordenado el asesinato de los normalistas. Incluso, añade, en junio pasado fueron reactivadas casi una docena de órdenes de aprehensión contra militares en activo y en retiro.
Pese a ello, los militares no son los únicos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa porque el informe del GIEI advierte hay “distintos niveles de implicación y responsabilidad de los diversos niveles del Estado en el ataque de los 43”.
De acuerdo con Riva Palacio hay cuatro personajes importantes implicados, tres de ellos, funcionarios en el gobierno de López Obrador y uno de la Ciudad de México. Se trata de José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina; Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada; Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX.
Ojeda Durán, explica el periodista, “era el comandante de la 8ª Región Naval Militar con sede en Acapulco, cuando se dio la desaparición de los normalistas”.
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En el caso de Higuera Bernal, él ha ocupado el mismo cargo desde el sexenio de Peña Nieto, pues a la llegada de Alejandro Gertz Manero, éste no lo removió del cargo. Y recientemente, “fue detenido quien trabajó con él en la investigación del caso Ayotzinapa, Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros” de la SEIDO.
Sobre Martínez, el informe del GIEI señala que el CISEN, como se llamaba anteriormente el centro a su cargo, les negó información tanto en el sexenio de Pena como en el de AMLO.
Y finalmente García Harfuch era delegado de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición. De acuerdo con Riva Palacio, para la Secretaría de Seguridad federal, el funcionario sí estuvo involucrado con Guerreros Unidos, cártel implicado en la desaparición, aunque él lo ha negado.
