Caso de periodista revive antecedente de imputaciones por terrorismo en Veracruz desde 2011
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El señalamiento tiene antecedentes documentados desde hace más de una década, cuando autoridades estatales aplicaron ese delito contra usuarios de redes sociales
POZA RICA, VER.- El caso reciente en Veracruz, en el que autoridades recurrieron a la figura de terrorismo para investigar o procesar conductas vinculadas a la difusión de información, no constituye un hecho inédito en la entidad. Un antecedente directo se remonta a 2011, cuando dos usuarios de redes sociales fueron acusados bajo ese mismo delito.
En agosto de 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz detuvo a María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, luego de que difundieran mensajes en Twitter y Facebook sobre presuntos ataques del crimen organizado contra escuelas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.
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La información generó alarma entre la población, movilización de padres de familia, suspensión de actividades escolares y un despliegue de fuerzas de seguridad, pese a que las autoridades confirmaron posteriormente que los hechos reportados no habían ocurrido.
Con base en estos mensajes, la procuraduría estatal inició la averiguación previa 340/2011 y consignó a los detenidos por los delitos de terrorismo y sabotaje, al amparo del artículo 311 del Código Penal de Veracruz, que sanciona actos que provoquen temor o pánico colectivo.
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Ambos fueron ingresados al penal de Pacho Viejo y el 31 de agosto de 2011 se les dictó auto de formal prisión, decisión que desató críticas de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y especialistas en libertad de expresión, quienes cuestionaron el uso del tipo penal de terrorismo para castigar publicaciones en redes sociales.
Tras promover recursos legales y en medio de la presión pública, los acusados obtuvieron su libertad semanas después, y el caso se convirtió en un referente nacional sobre los límites del uso del derecho penal frente a la difusión de información en contextos de inseguridad.
Más de una década después, el caso reciente en Veracruz vuelve a colocar bajo escrutinio el empleo de figuras penales graves para atender conductas relacionadas con la comunicación pública, en un estado que ya cuenta con antecedentes judiciales en la materia. Con información de El Universal
