CNDH indaga responsabilidad de autoridades por violencia en estadio de Querétaro
La comisión señaló que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos, tanto dentro como fuera de las instalaciones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que iniciará una queja de oficio para investigar los hechos violentos sucedidos el sábado en el estadio Corregidora de Querétaro, para determinar si existió responsabilidad de parte de autoridades involucradas y, en su caso, defender a las víctimas para asegurar su acceso a la justicia y la reparación.
“Si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga BBVA MX informaron en sus redes sociales que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas en los eventos masivos tanto dentro como fuera de las instalaciones donde se lleven a cabo, lo que implica intervenir para contener y detener las agresiones, preservando los derechos humanos de los involucrados y protegiendo a todas las personas”, manifestó la Comisión a través de un comunicado publicado el domingo.
La CNDH condenó los hechos de violencia, derivados del enfrentamiento entre supuestas barras de aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro y del Atlas, y destacó que “la brutalidad de los hechos ocurridos puso en máximo riesgo a cientos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y familias enteras que se encontraban presenciando el evento deportivo, quienes incluso tuvieron que despojarse de su ropa alusiva al equipo de su preferencia, para resguardarse y evitar ser blanco de las agresiones”.
Más del tema: Trifulca Querétaro vs. Atlas: aficionados relatan los momentos de terror en La Corregidora
Agregó que, “aunque la Femexfut y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas”.
Con información de medios