Comenzaron a disparar, no hubo alto; migrante relata ataque de la Guardia Nacional

Cristóbal Cabreiro Ramírez, de 35 años, originario de San Miguel del Padrón, un municipio del extrarradio de La Habana, Cuba, fue el último en montarse en el vehículo. Quizás por eso, minutos después, se convirtió en la principal víctima del ataque: recibió nueve balazos que acabaron con su vida. Fue el domingo 31 de octubre, su segundo día en México, a donde llegó desde Guatemala tras cruzar el río Suchiate. Ahí se juntó el grupo que le acompañaría en la tragedia.

Tomaron una combi y llegaron a Tapachula, situada a 42 kilómetros de la frontera. Ahí, tras pasar el día en un mercado, se las arreglaron para que un tipo les diese raite para abandonar el municipio. Nunca le pagaron, según el testimonio de uno de los sobrevivientes. En total eran 14 migrantes, la mayoría de ellos cubanos.

Horas después de poner un pie en México el grupo ya estaba en ruta hacia Estados Unidos. El acuerdo era que la camioneta les dejase en la terminal de autobuses de un municipio alejado de Tapachula. Nunca llegó a su destino. Cuando estaba a la altura del ejido Echegaray, en el término municipal de Pijijiapan, la pick-up fue tiroteada por elementos de la Guardia Nacional.

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Cabrerio Ramírez murió ahí mismo. Otros cuatro migrantes resultaron heridos de distinta consideración y fueron trasladados a hospitales en Pijijiapan y Tapachula. Los otros nueve fueron capturados. En un primer momento hubo dudas sobre una posible segunda víctima, pero esta posibilidad fue descartada posteriormente.

La versión oficial difundida por la Guardia Nacional dice que la camioneta trató de embestir a los agentes y que estos se vieron obligados a disparar. El comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas afirmó que en el vehículo se encontró un arma larga y un cargador.

La versión de las víctimas es completamente diferente.

“No hubo ningún alto, el vehículo paró inmediatamente cuando comenzó el fuego. En la acción hubo un fallecido. Tuvo nueve impactos de bala. Le colocaron un arma larga, porque nosotros íbamos totalmente desarmados. Ningún migrante viaja con armamento, nos revisan en cada frontera”. Esta es la explicación de una de las personas que viajaba en la camioneta. Se trata de un migrante cubano de 49 años que pidió que su nombre no fuese publicado, ya que sus familiares en la isla desconocen que se encuentran en México. Viaja con su esposa, dos hijos, de 24 y 11 años (el primero resultó herido en el ataque), su nuera y su nieta, de un año.

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Un guía turístico de La Habana

“La policía, los matones, los terroristas, fueron los que colocaron esa arma”, se queja. “Todo fue un raite. Yo venía atrás tapado con una lona, pero las personas que iban delante relatan que en la carretera había una patrulla con las luces encendidas. Cuando iba en paralelo, la patrulla arremete a fuego, a ráfagas. Eso fue lo que ocurrió”, asegura.

Relata que, tras el ataque, ellos no intentaron huir, como publicaron las autoridades, sino que se encararon con los uniformados. “Nos bajamos, les pedimos cuentas de por qué nos habían disparado, les dijimos que somos inmigrantes cubanos que salimos para llegar a la frontera de EU y les pedimos que nos llevaran a un puesto de salud para atender a los heridos”, explica.

Cuenta que trabajaba como ingeniero industrial pero que abandonó Cuba en 2019, harto de la escasez económica y de la “falta de libertad de expresión”. Junto a su familia viajó a Sao Paulo, Brasil, donde trabajó durante dos años para reunir el dinero suficiente para ponerse en ruta. Tiene familia en Houston, Texas, y Florida, pero todavía debe atravesar México y cruzar la frontera para entregarse a la Border Patrol.

A Cristóbal, la víctima mortal del ataque, dice que lo conoció en el trayecto y que viajaba solo. El hombre, de 35 años, fue guía turístico en La Habana, según su perfil de LinkedIn, su único rastro en Internet. A día de hoy no hay constancia de que sus familiares hayan sido comunicados del asesinato. Si no llegase nadie a reclamarlo, su futuro será ser enterrado en la fosa común de Tonalá, el municipio donde fue trasladado el cuerpo.

“No le conocía, no sé quién es su familia”, dice su compañero de ruta. La conversación se desarrolla por teléfono desde las instalaciones del DIF de Pijijiapan, donde la familia está encerrada.

“Nos tienen retenidos y no sé por qué”, denuncia el cubano. El primer día lo pasaron en el hospital, acompañando a su hijo, pero luego fueron trasladados a un recinto que no cumple con las medidas básicas para alojar familias. Como ejemplo, muestra varias imágenes del lugar en el que duermen: se trata de una habitación cerrada con tres colchones en el suelo. Ahí pasan la noche nueve personas.

Animal Político consultó con el Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la situación legal de estas personas. Al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Que estén alojados en el DIF se explica por la modificación de la Ley del Migrante que entró en vigor en enero de 2021, que impide que menores de edad y sus acompañantes sean encerrados en instalaciones migratorias. En este caso, si finalmente son considerados como víctimas de delito, el INM debería proceder a regularizar su estancia en México con una tarjeta de residente por motivos humanitarios. Hasta el momento, sin embargo, están encerrados como si ellos hubiesen cometido algún delito.

“Nosotros somos víctimas en este proceso. Nos tienen como presos, en esta porquería somos víctimas. Estamos cansados de estar en un lugar”, se queja el hombre.

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