Con marcha, exigen justicia tras masacre en Querétaro

Familiares de las víctimas de la masacre en el bar “Los Cantaritos”, en el Municipio de Querétaro, encabezaron una marcha por la paz, en la que denunciaron falta de apoyo.

La movilización, que partió de la Alameda Hidalgo, en el Centro Histórico, rumbo al lugar del multihomicidio, fue convocada por el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y Ciencia y Sociedad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, a las que se unieron 25 asociaciones más, quienes rechazaron la violencia en el Municipio y exigieron a las autoridades que cumplan con su deber.

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Reiteraron que la sociedad debe ser partícipe de las soluciones para garantizar su seguridad, por lo que pidieron que sus conocimientos técnicos desde la academia sean tomados en cuenta.

“Hacemos un llamado a Mauricio Kuri (Gobernador) para que nos reciba y abra un espacio para la sociedad civil organizada en la mesa donde se toman las decisiones en el eje de justicia, seguridad y paz”, apuntó Walter López, vocero del Frente Queretano.

La hermana y madre de Carlos Gómez, una de las 10 víctimas de la masacre, denunciaron falta de apoyo de las autoridades.

Acusaron que no han recibido ninguna llamada por parte del Gobernador del Estado, el panista Mauricio Kuri, mientras que el Secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, sólo se burla de ellos.

“Es una burla el apoyo del Gobierno. No hace su trabajo, no apoyan a las víctimas. Nos ofrecieron mandarnos unas sillas para velar a nuestro ser querido, obviamente no aceptamos”, señaló la hermana.

Asimismo, reprochó que mientras la ciudadanía cumple con sus responsabilidades, las autoridades no pueden protegerlos.

Recordó a Carlos Gómez como un hombre de bien, deportista -pues practicaba ciclismo- arquitecto, buen hermano e hijo, que sólo estuvo en el lugar incorrecto.

“Nada en el mundo nos lo va a regresar”, lamentó.

Ahora pide a las autoridades que le permitan cremar sus restos, pues por religión no quieren mantenerlo en sepultura.

Sin embargo, la Ley establece que cuando una persona ha sido víctima de un delito, no puede ser así, debido a que sus restos son datos de prueba que podrían abonar a exámenes adicionales posteriores a su inhumación.