Contrario a la Ley de Austeridad de AMLO, el AICM contrata seguro para sus trabajadores por 6.2 mdp
En incumplimiento de la Ley de Austeridad Republicana, el aeropuerto contrató el servicio para trabajadores civiles de la terminal aérea
Contrariamente a la Ley de Austeridad República publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que explícitamente prohíbe la contratación de seguros de vida para funcionarios del gobierno federal, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), contrató un seguro de vida anual para sus trabajadores civiles por 6.2 millones de pesos.
En la licitación, de la que EL UNIVERSAL tiene copia, se indica que este seguro cubrirá en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad total y permanente a todo el personal que se encuentre en trabajos administrativos y operativos.
TE PUEDE INTERESAR: Crece 50% detención de niños migrantes con 106 mil 778 menores que ingresaron de manera irregular
La Gerencia de Recursos Materiales del AICM determinó el pasado 13 de diciembre entregar este contrato anual a la empresa Mapfre México por un total de 6 millones 205 mil 352 mil 86 pesos.
La dependencia federal informó que decidió entregar este contrato millonario a esta empresa por “haber cumplido con la totalidad de los requisitos, especificaciones y documentaciones solicitados en la convocatoria. La asignación se realizó con base en el análisis de las especificaciones presentadas por los ofertantes respecto a la propuesta técnica y económica, realizado en estricto apego a la convocatoria que rige esta licitación, a fin de garantizar las mejores condiciones para esta entidad”.
Se detalla que la póliza tendrá una vigencia del 1 de enero de 2024 hasta las 24 horas del 31 de diciembre de este año.
El contrato indica que la suma asegurada será de 50 meses de sueldo para cada funcionario asegurado.
Adicionalmente, a la cobertura, cada uno de los trabajadores que realicen funciones de bomberos a la fecha del siniestro quedarán asegurados en cobertura de muerte natural o accidental con una suma adicional de 50 mil pesos.
Se advierte que la empresa contratada acepta a partir de la fecha de inicio de vigencia cubrir las sumas aseguradas al 100%, cualquiera que sea su sexo u ocupación, sin necesidad de cuestionario y/o examen médico, además de que no existe límite de edad para ninguna de las coberturas contratadas.
En ningún caso, se informa, la aseguradora solicitará al contratante o asegurado cuestionario o examen médico, y el contrato, se indica, no se afectará por razones de residencia, viajes, ocupación y género de los asegurados.
El contrato señala que en ninguno caso la empresa contratada será responsable por el fallecimiento del asegurado, invalidez y/o incapacidad total permanente ocasionada por lesiones provocadas intencionalmente por el propio asegurado, lesiones sufridas en actos delictuosos intencionales cometidos por el propio asegurado, accidentes que ocurran durante la celebración de pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo.
También se advierte que no se podrá hacer valer este seguro en accidentes que ocurran mientras el asegurado se encuentre realizando de manera profesional actividades de paracaidismo o cualquier clase de deporte aéreo, alpinismo, esquí, tauromaquia, caza, así como tampoco intentos de suicidio, lesiones o enfermedades provocadas por el asegurado.
El artículo 22 de Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en noviembre de 2019, señala que queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones.
“Artículo 22. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”, señala la ley.
