Destituyen a jefa de penales en Perú por regresar a Fujimori a “cárcel dorada”

Lima.- El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, afirmó este sábado que la jefa de prisiones de su país, Susana Silva, fue destituida por haber ordenado que el expresidente Alberto Fujimori volviera a la “cárcel dorada” en la que cumple una condena de 25 años.

“La expresidenta del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), contra lo dispuesto, ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”, enfatizó Torres en un mensaje publicado este sábado en Twitter.

El ministro se pronunció poco después de que su despacho diera por concluida la gestión de Silva al frente del INPE y le agradeciera “por los servicios prestados”, en una resolución que fue firmada por el presidente del país, Pedro Castillo, y por Torres.

Fujimori, de 83 años, fue internado en noviembre pasado en una clínica de Lima tras presentar complicaciones por una fibrosis pulmonar, un mes después de haber sido sometido a una intervención por la obstrucción de una arteria del corazón.

Desde que está en prisión, el exgobernante (1990-2000) es periódicamente trasladado a clínicas por males crónicos propios de su avanzada edad, tales como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular y lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta seis veces.

Fujimori cumple desde 2009 una condena a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.

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El exmandatario es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial del distrito de Ate, en el este de Lima, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tenga 95 años.

Sin embargo, desde que asumió funciones en el actual Gobierno de Castillo, a fines de julio pasado, Torres señaló que se iba a “revaluar” su situación carcelaria para determinar si debe ser trasladado a una prisión común.

Torres defiende que “no es crimen cumplir la ley en tanto existan en el Perú privilegios para ciertos condenados”, aunque matizó que un eventual traslado del exgobernante estará supeditado a su estado de salud.