Día cero: crisis del agua y chantaje electoral
COMPARTIR
El país se queda sin recursos para garantizar el abasto a buena parte de sus 120 millones de habitantes. Si las grandes metrópolis sufren, las comunidades rurales la pasan peor. En tanto, un puñado de empresas imponen su voluntad por encima del propio gobierno.
Durante el segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez tomó un recipiente con agua mientras iniciaba uno de sus ataques en contra de Claudia Sheinbaum. “Miren: hay una persona que dice que es científica”, dijo a una audiencia que sobrepasaba los 16 millones tras ser preguntada sobre cómo haría frente a la crisis ambiental que atraviesa el país. Se trataba de una muestra de agua cuya revisión en laboratorio arrojó que contenía partículas de heces fecales, orina y otros contaminantes. “Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad”, pidió de manera provocadora a la candidata de Morena, quien se esforzaba por sonreír. La abanderada del bloque PAN-PRI-PRD presumió que solo una ingeniera -como ella- podía dar solución a la catástrofe que se avecina, algo para lo cual ha propuesto desarrollar infraestructura que permita captar agua de lluvia y actuar decididamente en el combate a la corrupción, lo que le permitiría financiar tal encomienda. Sin embargo, las cosas no son tan simples. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador trazó una serie de objetivos con el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, y a la vuelta del tiempo quedó en claro que la voluntad política -si acaso existió- es insuficiente. En parte lo es por los grandes intereses subyacentes, y debido a ello el país se adentra al peor de los escenarios causados por la sequía y la escasez, un punto al que intencionadamente se ha dado en llamar “Día Cero”.
TE PUEDE INTERESAR: Agua contaminada: La crisis en un puñado de colonias de la CDMX podría influir el resultado electoral
Lo del momento sin reversa se ha fechado con algo de discrecionalidad. Lo mismo puede suceder en 2030 que en 2050. Pero una de las instancias encargadas de promover el apocalipsis es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el órgano regulador creado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como parte del entramado que permitió la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. Las razones por las que la Conagua es la principal promotora del pánico con ese día fatídico tiene un propósito de manipulación en un momento crucial: las elecciones de este año. Al centro de una operación institucional, opaca y protectora de los grandes consorcios que acaparan el agua, la comisión ha podido mantenerse gracias a las operaciones de un lobby político enquistado en los tres Poderes de la Unión, lo que le ha permitido ejercer el chantaje transexenal, de acuerdo con un grupo de especialistas que ha publicado la Agenda socioambiental 2024, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde ofrecen diagnósticos y propuestas que tienen como destinatario al próximo gobierno de la república.
En la Conagua, dicen los especialistas, “predomina una dinámica de ‘decisiones por desastre’, que consiste en ignorar la prevención, provocar una crisis y luego exigir recursos ilimitados para alguna solución” sin realizar jamás un análisis preliminar costo-beneficio ni la planeación de un proyecto ejecutivo o la ejecución de alguna licitación previa. Bajo ese criterio, la dependencia ha rechazado de manera sistemática la implementación de medidas para combatir el robo de agua [huachicoleo], poner fin a las irregularidades en las concesiones agrícolas e inmobiliarias, y prevenir fugas del sistema. En consecuencia, “el futuro del agua para las áreas metropolitanas dependerá de las precipitaciones pluviales y residuales de sus cuencas, por lo que urge almacenar picos de lluvia, regenerar las aguas tratadas a través de su post-tratamiento con humedales y utilizar rayos UV y oxígeno para su posterior potabilización”. Pero en vez de ello, “la Conagua está fomentando el pánico entre la población con su anuncio del ‘Día Cero’ con la finalidad de lograr la aprobación presidencial de un gran trasvase transexenal, dejando de lado propuestas más rápidas o de costo-efectivas que permitan el ahorro de agua, su ordenamiento de uso y regeneración”, señalan en el documento.
TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila habría 164 escuelas con agua contaminada: dos de ellas con arsénico y el resto con fluoruro, revela estudio
Lo de quedarse sin agua es, efectivamente, un vaticinio mañoso. Puede ocurrir un desabasto o una baja en la calidad -que de hecho ya sucede- pero la crisis va por otra vía. “En cierto sentido es una exageración, y voy a explicar porqué”, dice David Ortega-Gaucin, investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). “El Valle de México no se abastece nada más de las presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala. Aproximadamente 40 o 60 por ciento del agua proviene de esas fuentes, pero el resto se extrae de pozos profundos. Entonces siempre está la alternativa de extraer más agua de pozos profundos, aunque obviamente esto tiene un impacto negativo, tanto ambiental como socioeconómico, al extraer más agua de los acuíferos que ya de por sí están sobre explotados. [El agotamiento] puede suceder, pero no con la exageración de que nos lleguemos a quedar sin agua. Pero el Valle de México es tan solo una muestra, porque entre el 70 o el 80 por ciento del país está en una condición de sequía. Desde hace dos o tres años tenemos crisis en distinto grado y diferentes regiones, y si este año no tenemos una temporada de lluvias regular, entonces la crisis será muy severa. Pero ello tiene más de una causa”.
La sequía que enfrenta el país desde hace un par de años es la peor en casi medio siglo. De hecho, 2023 fue el más seco del que se tenga registro en el Servicio Meteorológico Nacional. La misma Conagua ha declarado que más de la mitad del país atraviesa por una sequía extrema ante la falta de lluvias, lo que mantiene los niveles de las presas por debajo del 40 por ciento y causado el vaciamiento total de varias lagunas y lagos. El estrés hídrico que abarca con severidad dos terceras partes del territorio nacional ha obligado a cortes en el suministro y postrado al campo en uno de sus niveles más críticos. Los sistemas de riego, de hecho, son el principal consumidor de agua, seguido de la industria del acero, de la cerveza, los refrescos y la minería.
TE PUEDE INTERESAR: Water is life advierte sobre la enorme dimensión de la crisis del agua potable en el mundo
Para los especialistas que abordan el tema en la agenda ambientalista editada por la UNAM, la responsabilidad es clara. El programa hídrico que se propuso, entre otros, garantizar el derecho al agua y al saneamiento de los segmentos más vulnerables y garantizar las condiciones para la gobernanza del recurso mediante el combate a la corrupción, sencillamente no prosperó. “Fueron obstaculizados por grupos favorables a los intereses corporativos enquistados en la Conagua”, dicen en su investigación. “Ellos y sus aliados en el Congreso se opusieron al cumplimiento por parte del legislativo del mandato constitucional de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. Al interior de la Conagua estos grupos bloquearon los cambios estructurales necesarios en temas como el acceso a la información, la transparencia en el sistema de concesiones y la mejora regulatoria, así como los procesos de democratización que se esperaban”
La transformación, por lo tanto, sigue pendiente y toca resolver a quien suceda a López Obrador.
AGONÍA DE LAS ZONAS OLVIDADAS
A principios de 2011, el año en el que llegó para residir de manera temporal en Monterrey, David Ortega-Gaucin iba preparado para emprender una investigación que, dos años más tarde, habría de ofrecer un diagnóstico terminal para la producción agrícola de la zona. Nuevo León y el resto del norte mexicano se adentraba ya desde entonces a una de sus peores sequías y no estaba ni de cerca preparado para enfrentar de manera integral una contingencia climática de tal nivel. Lo que el investigador del IMTA halló en esos meses de documentación y trabajo en campo puso en sus manos evidencia suficiente para concluir, como si lo viera en una bola de cristal, el futuro catastrófico que vería la región en 2022. Si bien su investigación estuvo primordialmente enfocada en los procesos agrícolas, advirtió las carencias de infraestructura y tecnología bajo la administración de un gobierno sin demasiada conciencia de lo que se avecinaba.
“Se debe tener en cuenta que la sequía es un fenómeno persistente y recurrente, por lo que con una planeación integral claramente definida se lograría evitar la improvisación que solo permite solventar parcialmente la emergencia sin resolver el problema de fondo”, diría Ortega-Gaucin a finales de 2012, al presentar las conclusiones de su investigación ante autoridades del Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. Diez años después, Ortega sería testigo de las convulsiones desatadas por la sequía y el desabasto. “Es claro que hubo una falta de previsión desde el gobierno anterior en cuanto a la implementación de medidas preventivas y de mitigación”, señala. “Esa ha sido lamentablemente la razón por la que, no solo en Nuevo León, sino en otras regiones del país, se ha caído en crisis recurrentes que habrán de ser más catastróficas no tanto por la sequía sino por la manera en la que los gobiernos gestionan el uso del agua”.
Los focos rojos en Nuevo León se encenderán en cualquier metrópoli mexicana y serán tema de noticia principal. Pero la catástrofe se extiende sin conocerse en infinidad de comunidades rurales, a las que nadie repara, ni el presidente. Ortega-Gaucin tiene fresca la memoria de una conferencia mañanera en la que López Obrador es cuestionado por una periodista. “Oiga, es que yo vengo de Chiapas y en Chiapas no tienen agua las comunidades, no tienen acceso al agua”, recuerda el investigador que dijo una reportera. El presidente le responde burlón: “¡Pero Chiapas es el estado de la república que más agua tiene!”. Ese es el problema que hace invisible la desgracia. “Una cosa es el agua disponible -señala Ortega-Gaucin, y otra es que la población, las comunidades marginadas, tengan acceso al servicio de agua. Son dos cosas muy diferentes. Los datos del INEGI dicen que andamos arriba del 95 por ciento en cobertura de agua potable, pero una cosa es la teoría de infraestructura y otra que se disponga del agua cuando se requiere, Muchas poblaciones no la tienen o la tienen una vez por semana, y eso nos indica que tenemos problemas severos en la proporción del servicio y el tratamiento del agua”.
TE PUEDE INTERESAR: Reducción de agua de EU a BC es preludio de ‘recorte’ a Coahuila, NL y Tamaulipas: experta
En las campañas políticas no solo Xóchitl Gálvez ha dicho que se requiere construir plantas tratadoras de agua. Es una oferta que se plantea sobre todo en las candidaturas de oposición. Sin embargo, el problema no es la falta de infraestructura de ese nivel, sino su tratamiento. “Mas del 50 por ciento de las plantas de tratamiento que existen en el país no se utilizan, no funcionan porque no hay presupuesto para darles mantenimiento”, dice el investigador del IMTA.
En México siete por ciento de empresas e individuos manejan 70 por ciento del agua. La enorme coraza bajo la cual opera la Conagua impide sin embargo reformar el sistema. Es posible que ese gran muro haya sacado el tema de la agenda prioritaria. El presupuesto destinado a la dependencia de hecho tuvo un pico en 2023, cuando alcanzó 71 mil 700 millones, casi lo doble que en 2022, cuando se dispuso de 36 mil 300 millones de pesos. Este año el capital asignado fue de 62 mil 600. La subida del año pasado no obedeció a la sequía ni a la escasez, sino a los proyectos prioritarios del gobierno federal, entre ellos la adecuación de la presa Zapotillo, la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa; la construcción de la Presa Libertad y el acueducto de Monterrey.
La crisis del agua es el gran tema del país, pero no figura de manera clara en la agenda electoral ni de Claudia Sheinbaum ni de Xóchitl Gálvez, las punteras en la contienda. “Simplemente no se le da importancia en las campañas”, dice Ortega-Gaucin. “Pero tampoco es un tema nuevo. En lo que va del sexenio de hecho no se le ha dado la importancia que tiene. Sencillamente no se habla. Al presidente nunca lo he escuchado hablar de la problemática del agua. Bueno, solamente cuando ha presentado sus proyectos emblemáticos. No es un tema que esté en la agenda pública y menos en la actual contienda. He visto muy poco de las propuestas que han mencionado con respecto al agua y más que nada lo he visto en algunas notas o algunas flayer que de pronto circulan en Internet o por whatsapp. Pero escuchar a los candidatos o a las candidatas con un discurso coherente, bien estructurado en torno al agua, la verdad es que no lo tienen”.
Neutralizar a los poderes fácticos que acaparan el agua para garantizar el suministro, indica que va más allá de si se es ingeniera o científica.