El ataque jurídico, la otra estrategia de AMLO, que sí podría descarrilar a Xóchitl: Riva Palacio
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El analista político advierte que la senadora del PAN debe tomar más en serio las acusaciones penales en su contra porque podrían llevarla al desafuero y lejos de sus aspiraciones políticas
CDMX.- La embestida emprendida por Andrés Manuel López Obrador y su maquinaría contra Xóchitl Gálvez no sólo es política, también es jurídica, y es esa la que podría alejarla de sus aspiraciones políticas y ponerla cerca de un eventual desafuero.
Las advertencias las hace el periodista Raymundo Riva Palacio en su más reciente artículo, publicado en VANGUARDIA, donde expone que la situación de peligro en que la ha puesto el Presidente sobre un atentado en su contra no es el único que corre.
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“López Obrador, como nadie, sabe que si no la elimina de la contienda puede seguir creciendo y convertirse en la profecía autorrealizable”, refiere el analista político en el contexto de las elecciones del 2024 en donde Gálvez se perfila como una fuerte aspirante a la candidatura presidencial de la oposición.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y CORRUPCIÓN,
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS
La estrategia jurídica lanzada contra Gálvez ya fue echada a andar por “las huestes del Presidente” que interpusieron denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, conflicto de interés y corrupción.
Dichas acusaciones, refiere el editorialista, no han sido tomadas con la seriedad que debieran por parte de la aspirante presidencial, quien sólo se ha defendido negando las acusaciones y diciendo que tiene derecho a tener una empresa privada.
Para Riva Palacio se requieren de acciones concretas porque sus dichos deben ser respaldados “con documentos para demostrar que en ningún caso hubo un conflicto de interés que sugiera corrupción”.
Hace dos semanas, el Presidente mencionó en la mañanera que las empresas de Gálvez se habían beneficiado por cerca de mil 500 millones de pesos en contratos con el Gobierno cuando ella era funcionaria, y más tarde, en su cuenta de Twitter, expuso documentos confidenciales, violando el secreto bancario.
Al respecto, la senadora advirtió que interpondría una demanda penal contra López Obrador por la divulgación de información confidencial faltando al Código Fiscal y además por abuso de autoridad al pedir información al SAT. Sin embargo, no lo hizo, “optó por ir al Instituto Nacional Electoral para acusarlo de violencia política de género”, pero el INE “bateó” la denuncia.
“Si quiere mantenerse como una aspirante viable y salir fortalecida de los embates de López Obrador, debe actuar con más responsabilidad de la mostrada y tomar con seriedad las imputaciones”, advierte el analista respecto de la posición de Gálvez.
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La aspirante presidencial del Frente Amplio por México fue denunciada por el diputado morenista Manuel Alejandro Robles ante la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito.
Pero también, días después, fue denuncia en la Fiscalía General de la Ciudad de México por “los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, conflicto de interés y corrupción”. Esta acusación fue hecha por Víctor Hugo Romo, su sucesor en la alcaldía Miguel Hidalgo.
