El Chocó, un rincón aislado de Colombia, enfrenta las mayores dificultades tras el terremoto

BOGOTÁ- En la alejada región del Pacífico del Chocó en Colombia, el aislamiento ha sido durante mucho tiempo una realidad. Hay pocas carreteras, la electricidad y la atención médica son limitadas, y gran parte de la población vive en la pobreza mientras grupos armados controlan partes del territorio.

Luego vino el terremoto. El Chocó, que ya era una de las zonas más vulnerables del país, también fue el epicentro de un sismo de magnitud 7.4 que sacudió la región la semana pasada, lo que causó la muerte de al menos 298 personas en todo el país.

En el Chocó, se desconoce la magnitud total de la devastación, ya que las autoridades batallan para llegar a las comunidades dispersas por toda la región. El Chocó enfrenta un esfuerzo de reconstrucción que tendrá que superar las mismas barreras geográficas, económicas y políticas que han marcado la región durante generaciones.

“Quedamos en la ruina”, dijo Juan Fernando Taborda, de 35 años, quien hace trabajos ocasionales en La Ye, un pueblo de unas 600 personas a dos horas de Quibdó, la capital del Chocó, donde la mayoría de los edificios resultaron destruidos o dañados. “No tenemos nada”.

Durante gran parte de la historia de Colombia, el Chocó fue una remota frontera minera a donde los españoles trajeron africanos esclavizados para trabajar en las minas. Algunos escaparon y formaron comunidades fuera del control colonial.

La infraestructura básica y los servicios públicos están muy rezagados respecto al resto del país y las accidentadas carreteras que lo conectan con las principales ciudades están plagadas de terreno difícil y deslizamientos de tierra. De los 32 departamentos de Colombia, el Chocó, con una población de unos 600.000 habitantes, ocupa el primer lugar en pobreza y desempleo, según datos del gobierno.

El Chocó, una región predominantemente afrocolombiana e indígena en la costa del Pacífico fronteriza con Panamá, está atravesado por una densa selva y ríos, y es conocido por su cultura, festivales y gastronomía distintivos. Pero muchos residentes, políticos e historiadores atribuyen el aislamiento de la región al abandono del Estado y al racismo estructural. El terremoto debilitó muchos de los ya frágiles vínculos que lo unen con el resto del país.

Aunque el número de muertos fue alto en ciudades principales con mayor densidad de población y edificios más altos, el Chocó enfrenta un tipo diferente de catástrofe, dijo la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, desde su oficina en Quibdó.

“La dimensión de la tragedia en el Chocó está en cuántas personas vivas hoy no tienen nada”, dijo. “En cuántos meses de sufrimiento, de dolor, de hambre, de estar a la intemperie le espera a las personas vivas”.

En San José del Palmar, un pueblo remoto y el más cercano al epicentro del terremoto, los residentes han pasado días durmiendo a la intemperie, temerosos de que otro temblor pueda derribar las casas que ya están debilitadas. Dos días antes del terremoto, los residentes se habían asustado por ataques con drones atribuidos a un grupo armado.

Los deslizamientos de tierra del terremoto cortaron la única carretera del pueblo, lo que obligó a los socorristas a depender de helicópteros para entregar toda la comida, el agua y otros suministros.

El terremoto ha atraído un inusual impulso de atención nacional a una región que durante mucho tiempo se ha quejado de ser ignorada. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo tres días antes del sismo, ha visitado el Chocó dos veces en su primera semana de mandato, a medida que funcionarios nacionales y grupos privados de ayuda han acudido a la región.

“La situación ahora es angustiante”, dijo Mariluz Rodríguez, presidenta del Concejo Municipal de San José del Palmar. El municipio es pequeño y tiene pocos recursos, dijo, e incluso antes del terremoto, había lidiado no solo con una infraestructura deficiente, sino también con frecuentes deslizamientos de tierra.

“Tenemos solo una sola vía de acceso”, dijo el viernes mientras un helicóptero que dejaba ayuda azotaba el aire húmedo a su alrededor. “No tenemos conectividad con el resto del departamento del Chocó”.

Yanizela Ibargüen, de 27 años, dijo que sus dos hijos estaban aterrorizados con las réplicas.

“Ha sido muy desesperante. La verdad ha sido bastante intrigante”, dijo Ibargüen. Su hija menor a veces se despierta diciendo que las paredes se están cayendo, relató. “Ella me dice ahí, yo le digo: ‘No, mi amor, no está cayendo, no se está cayendo nada’”.

Tripulaciones de Helistar, una empresa privada de ambulancias aéreas, han volado a pequeñas comunidades en todo el Chocó que pueden constar de apenas una decena de casas, donde recogen a residentes heridos y entregan suministros de emergencia. En algunos lugares, no hay sitios formales de aterrizaje. Los residentes proporcionan una ubicación al identificar coordenadas GPS y campos abiertos donde los helicópteros pueden aterrizar.

En Dos Quebradas, una pequeña comunidad indígena del pueblo emberá, un helicóptero médico voló hacia las montañas para trasladar a Eliza Nequito Murri, una joven de 17 años con ocho meses de embarazo, cuando su casa se derrumbó, lo que le fracturó la pierna y la dejó sin poder caminar. Miembros de una patrulla civil conocida como la guardia indígena la sacaron cargando de la casa y la subieron a una camilla mientras el helicóptero sobrevolaba cerca.

Nunca había recibido atención prenatal, dijo Adriana Valero, médica de Helistar, quien la atendió. Los rescatistas no sabían si su feto estaba vivo hasta que estuvo a bordo del helicóptero y detectaron un latido.

La tripulación había volado entre las nubes, buscando un claro para que el piloto pudiera descender a salvo. Un vuelo en helicóptero puede costar hasta 8 mil dólares la hora, dijo Valero. Helistar ha estado donando los vuelos, agregó.

Chocó solo tiene un hospital con algo más que capacidades médicas básicas, en Quibdó, el cual ya lidiaba con la escasez de suministros y equipos. Los pacientes de zonas rurales pueden esperar semanas para ser trasladados a otros lugares con el fin de recibir tratamiento urgente.

Los grupos armados controlan algunos caminos y vías fluviales, lo que hace que el acceso sea inseguro. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados más poderosos de Colombia, bloqueó caminos y quemó vehículos en repetidas ocasiones en las rutas de suministro de la región durante las semanas previas al sismo, según la gobernadora y reportes de noticias locales. Los dueños de negocios y los donantes han llamado a la oficina de la gobernadora para preguntar si es seguro enviar camiones y maquinaria, por temor a secuestros, extorsiones o vehículos quemados.

El internet se cayó en Chocó inmediatamente después del sismo. La gente logró enviar las solicitudes iniciales de emergencia de médicos y rescatistas solo porque la gobernadora tenía una antena satelital de Starlink montada en su vehículo personal.

Más de 200 edificios escolares fueron destruidos, lo que interrumpió los programas de alimentación junto con las clases, según la gobernadora. Los subsidios nacionales de vivienda de emergencia son de utilidad limitada porque hay pocas casas disponibles para alquilar.

Algunos edificios que no se derrumbaron todavía tienen estructuras inestables. Los ingenieros han estado recorriendo el territorio evaluando los edificios dañados y marcando con pintura en aerosol los que se consideran inseguros.

A pesar del desplazamiento de miles de personas a causa del sismo, hay pocas señales del tipo de extensos refugios que se ven en otros lugares después de los desastres. La mayoría de las familias han sido acogidas por familiares, amigos o vecinos.

“Somos pobres, pero honrados”, dijo Leidy Maturana, de 35 años, quien dormía con su esposo y sus dos hijos en la sala de un familiar después de que la casa de una habitación que su esposo había construido fuera destruida. Sin electricidad para cocinar, la familia depende de alimentos donados y agua embotellada.

El departamento está creando un “banco de materiales” para ayudar a los residentes a reconstruir, pero Córdoba dijo que la reconstrucción completa requeriría financiamiento nacional directo.

De la Espriella dijo que la tragedia presentaba una “oportunidad muy grande” cuando hizo una visita la semana pasada. “quiero proponer un plan especial, un plan Marshall para el Chocó”, dijo, sin ofrecer detalles. “El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá como si no existiera”. En declaraciones públicas ofrecidas el lunes, De la Espriella dijo que una estimación preliminar de las pérdidas económicas vinculadas al terremoto era de unos 30 billones de pesos (unos 9,58 millardos de dólares).

En La Ye, la mayoría de los negocios, casas y otros edificios del pueblo, incluida la iglesia, fueron destruidos o marcados para su demolición. Los techos se habían derrumbado sobre habitaciones llenas de concreto y escombros; algunos edificios se mantenían en pie, torcidos.

Seis días después del sismo, los residentes estaban sentados en sillas de plástico en la calle fuera de lo que habían sido sus tiendas, mirando fijamente lo que quedaba.

Para muchos, había poco en qué apoyarse. El trabajo en La Ye es en gran medida informal y del día a día.

“Acá no hay empresas”, dijo Luis Fernando Palacio, de 33 años, el sacerdote del pueblo. “Simplemente nos aferramos a la misericordia, la generosidad de Dios”.

Yanith Liliana Palacio, de 38 años, sin parentesco con él, vivía con su hijo de 10 años en el segundo piso de un edificio cuyo nivel superior se había derrumbado en el sismo, dejando las habitaciones expuestas a la intemperie. Había escapado al saltar desde un balcón, dijo. Ahora vive con su hijo, y con otra madre y su hijo, en una habitación prestada, mientras intenta llegar a fin de mes con cualquier trabajo que pueda encontrar, lo que incluye vender fruta y limpiar.

“Lo material seguro que lo recupera”, dijo. “Pero lo que ya está hecho no va a volver otra vez”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Genevieve Glatsky y Federico Rios, The New York Times.