‘El Poder Judicial está podrido’: AMLO arremete contra Tribunal Federal por detener captura de García Luna
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López Obrador señaló al juez y magistrados involucrados en el caso de Genaro García como criminales de cuello blanco al servicio de intereses político-económicos
En una conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional el día de hoy, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la liberación de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, luego de que un Tribunal Federal anulara la orden de aprehensión previamente emitida en su contra por enriquecimiento ilícito.
El mandatario mexicano manifestó su profunda preocupación y descontento ante esta decisión judicial y expresó que considera al Poder Judicial de México como un sistema corroído por la corrupción y bajo la influencia de la élite económica y política del país. Aunque reconoció que existen excepciones en el sistema judicial, aseguró que la regla general es que este poder está secuestrado y al servicio de la mafia del poder económico y político.
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El Presidente López Obrador subrayó que es necesario llevar a cabo una reforma profunda en el poder judicial mexicano, que permita que el pueblo tenga la facultad de elegir a los jueces y magistrados, siguiendo el modelo de selección de jueces que se lleva a cabo en Estados Unidos. Para lograr este cambio, señaló que se requeriría una reforma en la Constitución Mexicana.
En cuanto al caso específico de Genaro García Luna, el mandatario enfatizó que la liberación de García Luna a través de un amparo judicial es un claro ejemplo de por qué es imperativo reformar el sistema judicial mexicano. García Luna había obtenido previamente un amparo para descongelar sus cuentas, lo que generó controversia y críticas en el país.
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TRIBUNAL FEDERAL ANULA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA GARCÍA LUNA
La decisión del Tribunal Federal de revocar la orden de aprehensión contra Genaro García Luna ha desatado una fuerte reacción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR considera que esta resolución va en contra de los principios de legalidad y debido proceso, y planea tomar medidas legales en consecuencia.
El exsecretario de Seguridad Pública enfrentaba acusaciones de enriquecimiento ilícito basadas en un presunto ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos durante su periodo como funcionario público entre 2000 y 2012. Según la FGR, estos ingresos no estaban adecuadamente declarados en sus registros fiscales y patrimoniales, y esta afirmación se respaldó mediante peritajes contables.