Escándalo en Notimex revela financiamiento ilegal para campaña de Sheinbaum: Riva Palacio
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El columnista analiza un artículo de Sanjuana Martínez donde afirma recibir órdenes para entregar 20% de las liquidaciones de los trabajadores para la campaña presidencial
La ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, confesó en un artículo publicado en La Jornada que desde el gobierno federal se les solicitó entregar 20% de las liquidaciones de los trabajadores para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, detalla el columnista Raymundo Riva Palacio en su columna de este martes en VANGUARDIA.
El periodista describe en su colaboración que el artículo de Martínez “permite atisbar en el contexto de esa lucha, las contradicciones y los enfrentamientos en el entorno de Palacio Nacional, los conflictos de interés y, sobre todo, en el momento actual de la campaña presidencial, el uso ilegal de recursos públicos para apoyar a la candidata de la continuidad, Claudia Sheinbaum”.
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Asimismo, abunda Riva Palacio, el texto de Martínez muestra un trasfondo político en donde exhibe que Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, pero antes en la cartera de Trabajo donde se atendió el caso de la huelga en Notimex, actuó a favor del sindicato de la agencia porque su padre Arturo Alcalde era el abogado. Además acusa al vocero presidencial Jesús Ramírez de incumplir su promesa de solucionar el problema con el sindicato.
Con la llegada de Marath Bolaños a la Secretaría del Trabajo, Martínez deja entrever -considera Riva Palacio- que su prioridad era reducir liquidaciones de los trabajadores y ver lo que le pagaría a ella.
“Durante meses, Marath y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum”, escribió Martínez en La Jornada.
Martínez -sostiene el columnista Riva Palacio- no parece haberse dado cuenta que reveló el financiamiento ilegal de la campaña presidencial. De acuerdo con cálculos del columnista, la cifra dada por Martínez equivaldría a 50 millones de pesos.
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“La dimensión de lo señalado por Martínez viola la Ley general en Materia de Delitos Electorales, que establece la prisión preventiva oficiosa, de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a cinco mil salarios mínimos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los aspirantes a un puesto de elección popular a no recibir recursos, entre otros, del gobierno”, planteó Riva Palacio.
