Ex director de Segalmex autorizó inversiones ilegales con recursos de la dependencia, sigue dentro del gobierno de AMLO
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Cuando fue director del organismo, Ovalle autorizó comprar bonos bursátiles con un valor de 950 millones de pesos, una acción ilegal. Aunque ya dejó Segalmex, sigue en el gobierno como titular del Inafed
Durante su gestión como director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según consta en documentos oficiales que fueron firmados por él.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevó el caso ante un juez federal, solo uno de sus subalternos ha sido vinculado a proceso, mientras que Ovalle fue destituido pero continúa en el gobierno, ahora como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El monto invertido fue recuperado por el gobierno el 13 de enero de 2022, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a fiscalizar las finanzas de Segalmex, pero los 10 millones 600 mil pesos de rendimientos generados por las operaciones bursátiles “se extraviaron”, pues no fueron regresados a las cuentas bancarias oficiales y se desconoce su destino.
Animal Político buscó a Ovalle para una entrevista al respecto, pero no hubo respuesta.
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Los recursos utilizados para invertir en la bolsa eran presupuesto de Segalmex —organismo creado por la actual administración— y de Diconsa, instituciones dedicadas a atender a la población más vulnerable a través de la venta de leche a bajo costo y la distribución de granos y fertilizantes en las zonas más marginadas del país.
A través de solicitudes de transparencia, Animal Político obtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento en poder de este medio.
El oficio está firmado por Gavira, quien solicitó la inversión, y por Ovalle, autorizando el uso de los recursos.
La ASF señaló que esas operaciones bursátiles fueron ilegales porque, por la naturaleza de los instrumentos financieros, las instituciones perdieron el control directo sobre las inversiones, contraviniendo los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.
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Además, las inversiones generaron rendimientos por 10.6 millones de pesos, que no fueron depositados a las cuentas de las paraestatales y cuyo destino se desconoce.
Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas por Animal Político vía transparencia.
Solo hasta que la ASF comenzó la fiscalización de las finanzas de Segalmex, Liconsa y Diconsa correspondientes al ejercicio 2020, Ovalle giró instrucciones en marzo de 2021 para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos, según consta en las actas del Consejo.
Un mes después, el 16 abril, instruyó que se presentara una denuncia ante la FGR por el hecho ilícito que, ahora se comprueba, él mismo había autorizado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) también detectó estas y otras irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, mismas que denunció ante la FGR en enero de este año.
Sin embargo, pese a los desvíos multimillonarios en las empresas paraestatales, ninguna investigación incluye al exdirector Ovalle, quien, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue director de la Conasupo, la antecesora de Segalmex.
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El único funcionario acusado es el subalterno de Ovalle, Gavira, extitular de Administración y Finanzas, quien fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de facultades. Durante la fiscalización realizada por la Auditoría, Gavira declaró a los auditores que su jefe, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones, aunque en ese momento no presentó pruebas.
Por la compra de los certificados, la FGR presumía inicialmente que se configuraba el delito de lavado de dinero, pues parte de los rendimientos fueron transferidos a una cuenta bancaria particular. No obstante, al llegar la audiencia inicial de vinculación a proceso, la FGR retiró esa acusación y solo imputó a Gavira el uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Auditoría ha documentado diversos esquemas de presunto desvío de millones de recursos públicos en Segalmex, institución que desde su creación había sido dirigida por Ovalle. El 19 de abril pasado, fue removido del cargo y ahora ocupa la dirección del Inafed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Adán Augusto López.
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