Familiares de víctimas en Uvalde, aseguran que autoridades fallaron y además los acosan

El fatídico 24 de mayo, en Texas, Angeli Rose Gómez estaba trabajando en el campo recolectando cebolla como todos los días, cuando le avisaron que en la escuela de sus hijos, de 8 y 9 años, había un tiroteo.

Angeli es una madre que se enfrentó a la Policía de Uvalde (Texas) y arriesgó su vida para rescatar a sus hijos del tiroteo en la Escuela Primaria Robb, dijo que las autoridades “le fallaron” a las 21 víctimas y denuncia que ha sufrido “acoso” por parte de agentes policiales.

“Mi madre me llamó y me dijo ‘están disparando aquí en la escuela Robb. No sé dónde está el tirador, pero hay disparos. Tienes que venir’”, señala. No recuerda cómo, pero asegura que atravesó corriendo los sembradíos y condujo su auto a más de 160 kilómetros por hora hasta la entrada de la escuela en Uvalde.

“De inmediato los policías que estaban ahí se acercaron y me dijeron que no podía estacionarme en ese lugar, por lo que les respondí ‘¿Por qué están hablando aquí conmigo, por qué no están entrando a la escuela, qué están haciendo para salvar a los niños?’”, recuerda.

En lugar de responderle, los agentes la esposaron y le dijeron que no la soltarían hasta que se calmara. “Sabía que la única manera de que me soltaran era diciéndoles que iba a cooperar, y me soltaron tres o cinco minutos después”, cuenta.

Ella sólo podía pensar en la seguridad de sus hijos. Cuando se vio libre de las esposas y, en medio de la confusión, vio una puerta de la escuela abierta y entró corriendo hasta el salón de uno de sus hijos, y junto con el maestro logró sacar a todo el grupo.

“Después regresé y llegué hasta el salón de mi segundo hijo. La maestra al principio no quería abrirme la puerta y la policía trató de sacarme, pero les dije que no me iría si no evacuaban también a todo el salón, y fue cuando comenzaron a sacarlos”, relata.

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Todo esto ocurrió durante la incursión armada de Salvador Ramos, de 18 años, quien mató a tiros a 19 niños y dos maestras, e hirió a otras 17 personas. Asegura que una vez que sus hijos estuvieron fuera, ella permaneció en el lugar buscando saber de una sobrina y atestiguó cómo otros padres suplicaban de rodillas a los policías que entraran a salvar a sus hijos.

“A unos padres, al igual que a mí, los amenazaron con esposarlos, a otro con echarle gas pimienta. Nos trataban como si fuéramos los tiradores, los criminales, mientras que al verdadero asesino no le hicieron nada”, narra.

“Lo que más duele es que muchos padres estaban afuera de la escuela suplicando a los policías, sin saber que algunos de sus hijos estaban siendo asesinados en ese momento”, dice Gómez.

Los padres han responsabilizado de la decisión de esperar tanto tiempo a Pete Arredondo, jefe de policía local, actualmente suspendido de sus funciones. “Desde un principio nos mintieron y creo que nos siguen mintiendo; siguen cambiando una y otra vez la versión de los hechos”, señala.

Relata que horas después del tiroteo muchos padres estaban desesperados porque no tenían noticias de sus hijos. A algunos les habían dicho que quizá los niños estaban en hospitales de otras ciudades, a otros que tal vez salieron de la escuela ellos solos.

Gómez forma parte del recién formado grupo de madres latinas “Fierce Madres”, integrado ya por más de mil personas, muchas de ellas familiares de los fallecidos. Considera un primer paso la ley federal recientemente firmada por el presidente Joe Biden que refuerza la comprobación de antecedentes de los compradores de armas de hasta 21 años.