FGR también apelará suspensión de juicio contra Lozoya por caso Agronitrogenados
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La FGR calificó a esta resolución como ilícita, injusta y notoriamente parcial
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que presentará de inmediato la apelación y una queja en contra de la resolución del juez de control federal en la Ciudad de México, Gerardo Genaro Alarcón López, quien el jueves pasado decidió suspender el juicio en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados.
La FGR calificó a esta resolución como ilícita, injusta y notoriamente parcial, pues afirma que violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en lo que señalan los artículos del 186 al 190.
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El juez basó su decisión en una tesis aislada según la cual cuando una de las partes responde por la reparación de daños, los procesos contra otros presuntos responsables se suspenden, lo que habría ocurrido en este caso cuando el ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, afirmó que reintegraría el dinero defraudado.
Por tratarse de una tesis aislada, aprobada por un tribunal colegiado, el juez no estaba obligado a adoptar el mismo criterio jurídico.
“El Juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México”, señala fiscalía.
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La FGR señala que, en el caso específico, Alonso Ancira no ha cumplido íntegramente, “ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal, de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex”.
Agrega que por ello la determinación del juez Alarcón López violó también la Ley de Amparo dañando gravemente a las víctimas y dando una ventaja indebida al acusado.
El juez también ignoró la acusación sobre que Ancira habría entregado a Lozoya un soborno de cerca de 4 millones de dólares, dinero que habría invertido para comprar una residencia de lujo en la capital del país, acciones que se tipifican como un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con información de La Jornada
