Gobierno de AMLO incumple con descentralización de dependencias; solo logran el 25% de la meta

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha claudicado en su intención de descentralizar 32 dependencias y entidades de la administración pública federal; sin embargo, a cinco años de que realizó esa promesa y a uno de que concluya su mandato, sólo ha logrado la reubicación total de ocho dependencias, el equivalente a 25% de la meta.

Las instancias que confirmaron a EL UNIVERSAL su traslado, vía solicitud de transparencia, son las secretarías de Medio Ambiente, Bien-estar, Cultura, del Trabajo, Energía, y Salud, así como Pemex y Conagua, las cuales se trasladaron a Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Campeche y Veracruz, respectivamente.

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Otras 19 confirmaron que no están en proceso de descentralización y que además no tienen recursos para ello, mientras que cinco más evitaron transparentar el estatus de su descentralización, por lo que pidieron prórrogas y no se logró confirmar su mudanza.

Ello, a pesar de que el gobierno federal respondió a El Gran Diario de México que la promesa de campaña del presidente López Obrador “se tiene prevista cumplirla durante el actual periodo del Poder Ejecutivo federal, mismo que concluye el 30 de septiembre de 2024.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se mudó a Mérida, Yucatán, no lo hizo en su totalidad, pues sólo se fue su Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales.

La Secretaría de Cultura, que debería estar en Tlaxcala, detalló que arrienda un inmueble en el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, pero “será de uso exclusivo de oficinas”, es decir, que el resto de su personal seguirá en la capital del país.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que su oficina de Representación Federal “ya se encuentra operando en la ciudad de León, Guanajuato, desde el pasado 31 de julio del presente año”, y detalló que para el arrendamiento del inmueble que utiliza se destinaron durante 2023 un total de 2 millones 5O4 mil 782.92 pesos.

La Secretaría de Energía confirmó que mantiene su sede en la Ciudad de México, pero explicó que “para el cumplimiento de la instrucción presidencial de descentralización se cuenta con oficinas comodatadas en el estado de Tabasco, desde donde la titular de la Secretaría de Energía atiende asuntos relacionados con el desempeño de actividades sustantivas del sector y de la propia refinería de Dos Bocas”.

La Secretaría de Bienestar dio a conocer que “ya se iniciaron las actividades en Oaxaca, Oaxaca”, y que “se han trasladado 660 inmuebles”, en tanto que Pemex presumió que atendió al 100% su traslado a Ciudad del Carmen, Campeche, “movilizando a 2 mil 458 empleados procedentes de 11 entidades del país desde el año 2019 a la fecha”.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) indicó que desde 2022 “se cumplió el compromiso presidencial sobre descentralización de esta secretaría a Guerrero”, pero no detalló los costos de traslado ni la cifra de personal que cambió de sede, mientras que Conagua informó que el proceso está en desarrollo: “Se consiguió un inmueble en comodato por seis años, y se dispusieron 32 millones para ello”.

Entre las 19 dependencias e instancias que no se han descentralizado ni cuentan con recursos para ello destaca la Agencia Nacional de Aduanas, que reconoció que debe ir a Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero indicó que “actualmente nuestras oficinas centrales permanecen y operan aún en la Ciudad de México”, que “no hay avance en el proceso de traslado” y que se tiene considerado para ese fin una inversión de 2 millones 350 mil pesos, “monto que no se encuentra aún autorizado”.

El Instituto Nacional de Migración (INM), que debería trasladarse a Tijuana, Baja California, respondió claramente que “no se encuentra en proceso de reubicación física y/o cambio de sede”.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), que debería reubicarse en La Paz, Baja California Sur, respondió que no dispone de documentos, contratos o convenios referentes a una descentralización y que “el Conacyt no ha recibido recursos que sean etiquetados o autorizados en alguna partida específica de gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2019 al 2023, para el fin que se plantea [el proceso de descentralización]”.

Nacional Financiera (Nafin), que debería operar en Torreón, Coahuila, incluso expuso que tiene una oficina ubicada en esa ciudad; sin embargo, “no cuenta con la capacidad para albergar a todos los trabajadores”, por lo que “Nafin se ha visto en la necesidad de mantener sus oficinas sede en la Ciudad de México, ante la falta de recursos públicos para atender el gasto asociado a la reubicación propuesta a la ciudad de Torreón, Coahuila”.

El Inapesca, que debería ir a Mazatlán, Sinaloa, señaló vía transparencia que “no se tiene conocimiento de que esta entidad paraestatal tenga que ser sometida a la descentralización administrativa”.

Fonatur, que iría a Bahía de Banderas, Nayarit, informó que “a la fecha no se tiene notificación oficial para el traslado de servidores públicos de Fonatur de la Ciudad de México al interior de la República como parte del plan de descentralización del gobierno federal”; mientras que la Conafor, que iría a Durango, detalló que “la Comisión Nacional Forestal no ha realizado ni realizará cambio de sede de la entidad, toda vez que la misma tiene su domicilio dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara”.

La Secretaría de Economía, que sería reubicada en Monterrey, Nuevo León, declaró a este medio en septiembre de 2022 que operaría en un sistema híbrido, pero que aún no contaba con un anteproyecto definido “que determine las acciones a tomar”; sin embargo, para septiembre de 2023 señaló que “no se cuenta con registro de datos referentes de los que el particular solicita”.

Banobras, que iría a Cuernavaca, Morelos, indicó que “no se tiene registro de una reubicación”. El Infonavit, que se mudaría a Toluca, Estado de México, dijo que se acondicionó una oficina para el director general en las oficinas de la Delegación Regional de Toluca; sin embargo, “se hace de su conocimiento que no ha habido movimiento de personal del instituto al Estado de México”. En tanto, el ISSSTE, que iría a Colima, explicó que “no se tiene información específica sobre la reubicación de oficinas del instituto”.

Otros entes y dependencias que siguen sin reubicarse son la Secretaría de la Función Pública, que iría a Querétaro y cuyas autoridades explicaron que “no se tiene avance, en virtud de que en el estado de Querétaro no se han localizado inmuebles con el espacio suficiente para realizar el cambio de oficinas”, además de que “no se tiene contemplado presupuesto para ello”. La Sedatu, que iría a Pachuca, Hidalgo, indicó que “no se localizó información presupuestal y/o financiera relacionada con el proceso”.

Las oficinas del SAT, que irían a Mexicali, Baja California, y la Conade que iría a Aguascalientes, señalaron que “no se localizó la información solicitada”.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que será trasladada a San Luis Potosí, dijo que ya hay propuesta de inmueble que el gobierno estatal entregará en comodato, mientras que la Sectur, que irá a Quintana Roo, indicó que ya se tiene un inmueble adquirido por comodato, pero aún no hay fecha programada para el traslado y “no se tienen autorizados recursos con relación al presupuesto asignado para el cambio de sede”.

Finalmente, la Sader, que se cambiaría a Ciudad Obregón, Sonora, declaró que “no se registró información que contenga los datos referidos”, en tanto que la CFE, que se iría a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, detalló que no procedió a la descentralización toda vez que “la Comisión Federal de Electricidad tiene instalaciones en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México”.

Otras cinco dependencias evitaron transparentar el estatus de su descentralización y a pesar de que pidieron prórrogas, no respondieron a las solicitudes de información de EL UNIVERSAL, por lo que no se logró confirmar su mudanza.

Se trata de la Conapesca, que iría a Mazatlán, Sinaloa; la Subsecretaría de Minería, que debe descentralizarse hacia Chihuahua; la Subsecretaría de Ganadería, que debe ir a Guadalajara, Jalisco, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que irían a Puebla y Michoacán, respectivamente.