Gobierno de Sheinbaum afirma que hay 53 funcionarios vinculados con actos de corrupción en dos años
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De ese total, 53 servidores públicos ya fueron vinculados a proceso penal
Durante los primeros dos años de la actual administración federal, las autoridades han iniciado acciones penales y administrativas contra servidores públicos y empresas relacionadas con presuntos actos de corrupción.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, informó que en este periodo se presentaron 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios.
De ese total, 53 servidores públicos ya fueron vinculados a proceso penal.
Durante su participación en la conferencia presidencial en Palacio Nacional, Buenrostro explicó que entre los delitos identificados se encuentran el enriquecimiento ilícito, el uso indebido de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
En materia administrativa, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados.
De ellos, 3 mil 528 fueron castigados por faltas consideradas no graves y 665 por conductas graves.
Entre las irregularidades detectadas figuran la autorización de pagos que no correspondían, la aprobación de recursos por bienes o servicios que no fueron entregados, compras sin justificación, falsificación de documentos y la extracción de información que se encontraba bajo resguardo de los funcionarios.
También se registraron casos de hostigamiento y acoso sexual.
Además, mil 737 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De estos, 87 ya derivaron en una sanción, mientras que otros mil 650 continúan bajo análisis del tribunal.
Las medidas también han alcanzado al sector privado. La Secretaría reportó sanciones contra 286 personas morales: 222 recibieron inhabilitación acompañada de una multa y 64 fueron sancionadas únicamente con una multa.
En conjunto, las sanciones económicas permitieron recaudar 147.3 millones de pesos.
De acuerdo con Buenrostro, las empresas sancionadas incurrieron principalmente en irregularidades como presentar documentación falsa, incumplir contratos, acreditar de manera fraudulenta experiencia o capacidad técnica y económica, así como ocultar posibles conflictos de interés.
En materia de protección de datos personales, la dependencia informó que se han impuesto 118.5 millones de pesos en sanciones, correspondientes a 51 particulares.
La funcionaria también destacó los resultados de las medidas preventivas implementadas por el gobierno federal.
Según el informe presentado, estas acciones permitieron generar o proteger recursos públicos por aproximadamente 83.8 mil millones de pesos.
De esa cantidad, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en los procesos de compra; 42.2 mil millones, a la supervisión y seguimiento de contratos; 4.8 mil millones, a sanciones, y 7.8 mil millones, a medidas de eficiencia dentro de la estructura gubernamental.
Buenrostro señaló que algunas de las irregularidades administrativas detectadas pueden constituir delitos, por lo que, además de los procedimientos administrativos correspondientes, los casos son turnados a la autoridad ministerial para determinar las posibles responsabilidades penales.
