“Gobierno profundamente incompetente el de Peña Nieto”, aseguró Raymundo Riva Palacio por caso Ayotzinapa

Los recientes avances en la investigación sobre el Caso Ayotzinapa reabrieron una herida que, ocho años después, está lejos de sanar, ya que las familias aún no han tenido justicia por la desaparición y aparente asesinato de los 43 estudiantes normalistas.

“No hay indicios de que los estudiantes sigan con vida”, “fue un crimen de Estado” y “el ex presidente Enrique Peña Nieto no forma parte de los posibles implicados” fueron algunos de los puntos más destacados de la presentación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, del pasado 18 de agosto.

Sobre este asunto, en su más reciente columna, el periodista Raymundo Riva Palacio expuso una serie de situaciones específicas que, de haber ocurrido de otro modo, pudieron haber evitado los crímenes en contra de los normalistas.

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Primeramente, refirió un par de llamadas que realizó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 después de enterarse de la violencia desatada contra los estudiantes.

“La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, realizó dos llamadas telefónicas clave con el mismo mensaje: se había desatado la violencia contra normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala. Una llamada fue al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y la otra al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar. El general le dijo que preguntaría lo que estaba sucediendo; el subsecretario tomó nota. Esa misma noche, que era viernes, Miranda le dijo al subsecretario Andrés Chao, que estuviera atento al día siguiente en la prensa, porque “algo” había pasado en Iguala y quería ver qué impacto tenía en la opinión pública”, expuso.

Un par de días después, durante una reunión en Los Pinos convocada por Peña Nieto, el procurador Jesús Murillo Karam —arquitecto de la “verdad histórica”— afirmó que había sido un conflicto entre grupos del narco y todos los presentes lo aceptaron sin cuestionamiento alguno. Consideraron que lo mejor era no decir nada.

“El sábado 27 no hubo mayor información, salvo en la prensa de Guerrero, pero el domingo era el titular principal en varios diarios de la Ciudad de México. Ese mismo día el presidente Enrique Peña Nieto convocó a una reunión en Los Pinos para revisar lo que había sucedido en Iguala. El procurador Jesús Murillo Karam afirmó que había sido un problema “entre narcotraficantes”, que fue aceptado acríticamente por los presentes, que también consideraron que era mejor no decir nada públicamente porque pensaban que podían aparecer algunos de los normalistas que se reportaban como desaparecidos.

El lunes 28, en una evaluación interna del equipo presidencial, se concluyó que el tema era local, por lo que debía ser resuelto a nivel municipal y estatal. El que fueran normalistas de Ayotzinapa los involucrados, permeó como prejuicio contra los jóvenes. “Todos son delincuentes”, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no estaba interviniendo en el caso. No comprendían que el solo hecho que fueran de Ayotzinapa tenía una carga política donde no eran percibidos como victimarios, sino como víctimas”.

Posteriormente, durante una evaluación interna del equipo presidencial, concluyeron que era un asunto local que le correspondía únicamente a las autoridades municipales y estatales.

“El gabinete de Peña Nieto estaba empapado en soberbia. Descalificaban críticas y cuestionaban los argumentos en la prensa política. En la primera semana de la desaparición se planteó al Presidente la idea de presionar al gobernador para que se separara del cargo, pero fue desechada. “¿Qué se ganaría?”, se auto preguntó un funcionario consultado. “Nada”. Cuando sucedió, ya no tuvo impacto alguno”.

“‘Todos son delincuentes’, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no estaba interviniendo en el caso. No comprendían que el solo hecho que fueran de Ayotzinapa tenía una carga política donde no eran percibidos como victimarios, sino como víctimas”, escribió Riva Palacio. Al plantearse la idea de presionar cuanto antes al gobernador de Guerrero para que abandonara su cargo, el gabinete de Peña Nieto descartó la opción. Ese fue, de acuerdo con el periodista, uno de los principales errores”.

Por otro lado, el columnista recalcó que desde antes de la tragedia del 26 de septiembre de 2014, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había encabezado la mesa de seguridad en el estado y se habían documentado los crímenes del cártel de Guerreros Unidos y su vinculación con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, señalada como hermana de los fundadores del grupo criminal.

El ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, había evidenciado que “Abarca estaba vinculado con el asesinato del dirigente agrario Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular, en 2013?. Según lo narrado por el analista político, Blanco pidió en repetidas ocasiones que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, pero fue ignorado.

Bajo esta narrativa, Riva Palacio aseguró que el gobierno encabezado por Peña Nieto se caracterizó por su falta de acción y oportuna respuesta. Así, planteó diversos cuestionamientos que no tendrán respuesta, pero sugieren que las cosas pudieron ocurrir de un modo distinto:

¿Qué hubiera pasado de haberse actuado en el momento en que se detectaron los vínculos entre funcionarios de Tierra Caliente con el narco [ya fuera con Guerreros Unidos o con Los Rojos]? Además de una alteración en la red de protección institucional, no hay respuesta alguna.

“Tampoco se sabrá que habría pasado si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hubiera pedido aplazamientos para los controles de confianza de los policías municipales, porque de haberse hecho, la mayoría de los involucrados en el crimen jamás los hubieran aprobado”, agregó el periodista.

“¿Qué le informaron al general Hernández Saavedra?” fue otra de las preguntas que planteó ante la inacción del subsecretario Miranda.

“De haber enviado a los drones a sobrevolar Iguala, habría podido tener el gobierno un seguimiento de los normalistas, que quizás hubiera evitado el crimen o, en el peor de los casos, saber si y dónde, los habían matado”.

En conclusión, señaló Riva Palacio, “todo fue una cadena de omisiones” que, lejos de tratarse de una conspiración para encubrir al Ejército, fue la prueba “de un gobierno profundamente incompetente”.