Hay medidas que se pueden tomar para enfrentar una recesión

Ante la inflación en aumento, la estrategia de la Reserva Federal de Estados Unidos para intentar apaciguar la economía fue elevar las tasas de interés 0.75 puntos porcentuales en junio, el mayor incremento desde 1994.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se comprometió a hacer todo lo posible para lograr un “aterrizaje suave”; esto es, crear condiciones para que disminuya la demanda y bajen los precios, de manera que la economía no caiga en una recesión que deje a cientos de miles de personas sin trabajo. Pero la Reserva Federal no tiene un historial exitoso en ejecutar con éxito ese truco de magia en específico. Desde los años cincuenta, casi exactamente la mitad de las veces que ha aplicado medidas económicas agresivas para intentar reducir la inflación hemos terminado en una desaceleración económica. En una aparición ante el Congreso a finales del mes pasado, Powell admitió que una recesión “ciertamente es una posibilidad”.

“Una economía con crecimiento lento”, me dijo Wendy Edelberg, directora del proyecto Hamilton en el Instituto Brookings, “siempre corre el riesgo, en mi opinión, de llegar a una recesión. Lo cierto es que a cualquier economía le resulta difícil aplicar medidas restrictivas a la perfección y sin contratiempos”.

Incluso si la Reserva Federal lo logra, existen muchos otros riesgos económicos que podrían conducirnos a una recesión. El aumento en el gasto que impulsó un crecimiento económico rápido tras los cierres iniciales de actividades impuestos por la pandemia se debió a la demanda reprimida creada por la combinación de dos factores: los estadounidenses estaban en casa y recibían ayuda financiera del gobierno federal.

Pero esos dos motores que impulsaron el crecimiento han perdido velocidad, por lo que también es probable que baje el gasto de consumo, como ya ha ocurrido con el gasto discrecional en respuesta a la inflación. Eso, sin considerar los riesgos derivados de la guerra en Ucrania y los enredos actuales en las cadenas de suministro.

En vista de todo lo que ocurre, es muy probable, o casi seguro, que Estados Unidos sufra una desaceleración económica en el futuro cercano. Por lo tanto, este es el momento de prepararnos para que menos personas sufran por este motivo.

El seguro de desempleo quizá sea el programa en el que es más evidente la necesidad de cambios. El Congreso tomó medidas para apuntalar el programa al principio de la pandemia: en ese momento, amplió los criterios de elegibilidad para incluir a personas que por lo regular quedan excluidas, como los empleados de restaurantes que reciben propinas y los trabajadores de la economía bajo demanda, añadió semanas de prestaciones y aumentó el monto de las mismas 600 dólares por semana.

Un gran problema del desempleo es que no existe en realidad un programa cohesivo, sino 53 diferentes que varían de un estado a otro y de un territorio a otro.

“En realidad, tu seguridad económica depende de dónde vivas”, señaló Rebecca Dixon, directora ejecutiva del Proyecto de Ley Nacional del Trabajo. Cada estado fija sus propias reglas para definir quién es elegible, el monto de las prestaciones y el periodo de aplicación de las mismas.

En Misisipi, por ejemplo, la prestación máxima es de 235 dólares por semana, mientras que en Massachusetts es de 974 dólares. El Congreso debería establecer un mínimo inamovible para todas esas reglas.

Es vital aplicar este tipo de cambios antes de que ocurra una recesión, de tal forma que el programa pueda protegernos de una calamidad financiera.

“Convertimos las temporadas de desempleo en crisis financieras personales para las familias, a diferencia de otros países, y muchas personas salen afectadas sin que haya ningún beneficio real”, dijo Sharon Parrott, presidenta del Centro sobre Presupuesto y Prioridades Políticas.

Cada estado debe recaudar suficientes impuestos de los patrones durante las temporadas de bonanza para garantizar que tengan reservas suficientes en los periodos difíciles, pero por lo regular no es nada fácil ofrecer argumentos a favor de este esquema. Por lo regular, la respuesta de los legisladores es bajar los impuestos, lo que hace imposible reunir suficientes fondos para las prestaciones de desempleo antes de la siguiente recesión.

El gobierno federal sostiene el programa, pero los estados deben rembolsarle el dinero, por lo que con frecuencia deben decidir aumentar los impuestos o recortar las prestaciones, y en el pasado muchos han optado por esta última opción. Otra medida de emergencia aplicada por el Congreso al principio de la pandemia fue ampliar los criterios para obtener créditos fiscales, a fin de hacer más costeable el seguro de salud disponible a través de los mercados de seguro médico regidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por su sigla en inglés) también dejaron de rechazar personas a causa de fluctuaciones en los ingresos y circunstancias personales, lo que contribuyó a un aumento del 23 por ciento en el número de personas integradas al programa tras dos años de bajas.

Si estas medidas se amplían y el gobierno se asegura de que los ciudadanos puedan inscribirse a Medicaid en estados que se han negado a hacerlo más extensivo, menos personas correrán el riesgo de perder el acceso a servicios de salud cuando ocurra algún desastre económico.

Por otra parte, tenemos apoyos al ingreso como el crédito tributario por hijos, cuya aplicación se amplió el año pasado con el propósito de incluir a todas las familias hasta un nivel específico de ingresos y enviar pagos mensuales dependiendo de la edad de sus hijos.

Estos pagos ayudaron a reducir la pobreza y la inestabilidad financiera. Concluyeron al finalizar el año pasado; pero si se decidiera aplicarlos de manera permanente, “cuando se presente una recesión y muchas más personas pierdan sus ingresos, ese crédito completo estaría disponible”, enfatizó Parrott, y podría evitar que esas familias quedaran en situación de pobreza.

Mejor todavía, si se tratara de un programa establecido en el que ya se encuentran inscritas las personas elegibles, sería más fácil que el Congreso les asignara más dinero durante una recesión.

“Ofrece una fuente de ingresos estable y predecible en tiempos buenos y malos”, dijo Hilary Hoynes, profesora de economía en la Universidad de California, campus Berkeley.

Un cambio importante sería ordenar que algunos de estos programas respondan de manera automática a condiciones económicas cambiantes. Transformarlos en una especie de estabilizadores automáticos, que eleven las prestaciones al siguiente escalafón en cuanto se estanque la economía sin necesidad de que el Congreso tome medidas, garantizaría la presencia de una red de seguridad firme para todos, al margen de la situación política de alcance global que impere. Los vales de comida ya funcionan así, hasta cierto punto. El Programa de Ayuda Suplementaria de Nutrición (SNAP, por su siglas en inglés) es un derecho; en consecuencia, conforme aumenta el número de personas en dificultades financieras que son elegibles, el gobierno federal eleva el gasto público para garantizar que puedan obtener las prestaciones.

El programa SNAP, a diferencia de otros, como por ejemplo la ayuda otorgada en bloque a través del rígido Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés), aumenta las prestaciones rápida y efectivamente en un periodo de desaceleración económica. De cualquier manera, tanto durante la Gran Recesión como durante la pandemia, el Congreso debió tomar medidas para asignar más vales de alimentos a fin de enfrentar las tremendas pérdidas de ingresos.

Podrían canalizarse más fondos a una ayuda para pagar el alquiler, similar a la que ofreció el Congreso el año pasado si algunos inquilinos sufren desalojos en masa. Podrían enviarse automáticamente más fondos federales del programa TANF a los estados, para que estos puedan ayudar a más personas.

La ayuda del gobierno federal para los gobiernos estatales y locales podría distribuirse con base en bajas registradas en los ingresos gravables, situación en que se vacían sus arcas.

Lo importante es tomar este tipo de medidas ahora, no cuando ya estemos en pleno desastre económico de gran magnitud.

Durante la pandemia, pasaron varios meses para que los inquilinos en realidad recibieran ayuda para pagar el alquiler, pues apenas en ese momento los estados se apresuraron a crear portales y programas.

Existieron errores en muchos momentos durante la implementación del Programa de Protección del Salario (PPP, por su sigla en inglés).

Aunque una respuesta adecuada en momentos de dificultades económicas no debería depender de la afiliación política del Congreso y la Casa Blanca, en este momento es así. Quizá los republicanos tenían motivos para respaldar las rondas iniciales de ayuda durante la crisis del COVID porque controlaban el Senado y la Casa Blanca, así que corrían el riesgo de que se les culpara si la respuesta era mala.

Además, la naturaleza de la crisis era tan generalizada y urgente que los legisladores debieron actuar con rapidez. Sin embargo, desde que los republicanos dejaron el poder en 2021, se han negado a aprobar cualquier tipo de estímulo adicional.

No obstante, no es difícil identificar las barreras para que actúe el Congreso. Una vez superada la crisis, es difícil lograr que los legisladores concentren su limitado rango de atención en la mejora de sistemas para tenerlos listos antes de la siguiente crisis.

Es posible que a los legisladores les guste tener la oportunidad de actuar con rapidez durante temporadas difíciles y votar a favor de hacer cambios, de tal forma que demuestren su capacidad de respuesta, oportunidad que no tendrían en tantos casos si nuestros sistemas estuvieran listos para responder por su cuenta.

“El Congreso quiere que los ciudadanos vean cómo resuelve todos los problemas”, dijo Dixon. “Pero cada vez corremos un mayor riesgo de que no logren ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas concretas para hacerlo, y quienes pagarán el precio serán los trabajadores”. c.2022 The New York Times Company