Baltasar Garzón, enterado de su expulsión de la carrera judicial

MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, acordó ayer hacer efectiva la expulsión de la carrera judicial del magistrado Baltasar Garzón.

La decisión adoptada se tomó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo español que condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación por espionajes telefónicos ordenados en un caso de corrupción.

Tras la decisión de ayer, el pleno del órgano de gobierno de los jueces españoles tendrá que confirmar la expulsión de Garzón de la judicatura en una reunión prevista para el próximo jueves.

El Consejo General del Poder Judicial recordó que la sentencia del Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores que le corresponden, además de la incapacitación para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

El juez español más conocido internacionalmente fue condenado el pasado 9 de febrero e inhabilitado por haber ordenado unas escuchas en la cárcel entre los acusados de una gran red de corrupción, conocida como "caso Gürtel" y sus abogados.

El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación por haber autorizado la interceptación de las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de la trama, que afecta a ex cargos del Partido Popular y sus abogados.

Garzón estaba suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010, a raíz de esta causa y de otras dos abiertas contra él por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y el franquismo y por los patrocinios de unas conferencias en Nueva York.

Durante el juicio del caso por el que fue condenado e inhabilitado, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

Aunque la expulsión de la carrera es efectiva desde ayer, la decisión deberá ser ratificada por el pleno del órgano de gobierno de los jueces el próximo jueves.

Baltasar Garzón, de 56 años, cobró proyección internacional al procesar y ordenar en 1998 el arresto internacional del ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.

Su defensa del principio de la Justicia universal le llevó de la misma manera a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura en ese país.

Seguirá luchando

Baltasar Garzón aseguró en Santo Domingo que continuará "luchando" por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción, en una entrevista publicada ayer por el periódico Listín Diario.

"Mientras me queden fuerzas voy a luchar por todo aquello que considero una necesidad para la sociedad moderna, como es más justicia, más protección, seguridad, más defensa de las víctimas, más compromiso frente al crimen organizado y la corrupción, lucha por los derechos humanos", dijo Garzón al diario.

El magistrado visitó el fin de semana la provincia de La Romana invitado por el abogado dominicano Vinicio Castillo Semán, y donde se reunió con el presidente del país, Leonel Fernández, y compartió con el vicepresidente Rafael Alburquerque, el procurador, Radhamés Jiménez, y otros abogados y funcionarios.

"Esa ha sido mi vida dentro de la justicia y esa va a seguir siendo mi acción dentro de la justicia desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional", añade Garzón en sus declaraciones.

Y desde luego, explica, "con igual energía y con la insistencia que yo crea necesaria para dar una protección mayor a los ciudadanos y ciudadanas, eso es lo que voy a seguir haciendo".

Lo defienden 80 ONG

Tras conocerse la noticia de la expulsión de Baltasar Garzón, más de 80 organismos defensores de los derechos humanos enviaron una carta abierta al gobierno y al Poder Judicial español en la que expresan su "gran preocupación" por lo que consideran "criminalización de la actividad judicial del juez.

En la misiva, las organizaciones no gubernamentales denuncian que al haber sido condenado Garzón "en única instancia" por el Tribunal Supremo de España se ha vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las asociaciones adelantan que esta semana se pondrán en contacto con las embajadas de España en sus países respectivos para denunciar "la grave vulneración a la independencia de la justicia que representan los tres procesos penales" llevados a cabo contra ese juez.

Para las ONG, esta "conjunción temporal" de tres procesos diferentes contra Garzón y el origen de los querellantes "evidencian la persecución de la cual es víctima" el magistrado.