Así es como Trump intenta consolidar el poder sobre los tribunales, el Congreso y más

WASHINGTON - El presidente Donald Trump pidió la destitución de un juez federal que busca información básica sobre su iniciativa de deportación, en medio de la creciente preocupación por un enfrentamiento constitucional.

Otro juez consideró que las medidas de Trump para cerrar una agencia federal podrían violar la Constitución y despojaban al Congreso de su autoridad.

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Se acusó al presidente de extralimitarse una vez más en su autoridad ejecutiva al despedir a dos integrantes demócratas de una comisión de comercio independiente.

Y eso fue tan solo el martes.

Tras casi dos meses de su segundo mandato, Trump está intentando consolidar el control sobre los tribunales, el Congreso e incluso, en cierto sentido, sobre la sociedad y la cultura estadounidenses.

Su interpretación expansiva del poder presidencial se ha convertido en la característica definitoria de su segundo mandato, un esfuerzo agresivo en múltiples frentes por afirmar la autoridad ejecutiva para remodelar el gobierno, impulsar las políticas públicas en nuevas direcciones y erradicar lo que él y sus partidarios consideran un sesgo liberal profundamente arraigado.

“Nunca hemos visto a un presidente intentar acaparar y consolidar de forma tan exhaustiva tanto poder de los otros poderes, y mucho menos hacerlo en los dos primeros meses de su presidencia”, afirmó Stephen Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

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El Congreso, controlado por los republicanos, ha cedido a Trump algunas de sus funciones básicas, ya que le entregó a la Casa Blanca elementos de la autoridad del poder legislativo en materia de gasto y se ha mantenido al margen mientras se cierran agencias creadas por el Congreso. El presidente ha amenazado con “encabezar el ataque” contra la reelección de aquel republicano que se convierta en la excepción y se atreva a desafiar su agenda, y el partido se ha plegado a su voluntad en todo momento.

Trump ha desmantelado medidas independientes de control y equilibrio, ha despedido a inspectores generales, además de instalar a leales en el Departamento de Justicia dispuestos a llevar a cabo su campaña de represalias. Ahora tiene en la mira a los bufetes de abogados privados con conexiones a quienes considera enemigos políticos y también ha amedrentado a dirigentes empresariales que antes se mostraban escépticos u hostiles para que prometieran su apoyo público, incluso cuando ha impreso su sello “MAGA” en el sector privado intentando dictar prácticas de contratación.

Sus esfuerzos por remodelar las instituciones a su imagen no se han limitado al gobierno y las políticas públicas. Trump ha intentado extender su influencia también a través de las artes, nombrándose presidente del Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas de Washington.

Pero el último objetivo de Trump, el poder judicial, ha sido descrito por estudiosos e historiadores constitucionales como el que quizá sea el juego de poder más alarmante hasta la fecha.

El gobierno de Trump rechazó una orden del juez James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito de Washington, que pretendía suspender la deportación de un grupo de migrantes, muchos de los cuales apenas recibieron garantías procesales. Funcionarios del gobierno dijeron que la mayoría de los migrantes procedían de Venezuela y que todos estaban afiliados a pandillas. Pero los funcionarios no revelaron los nombres de los migrantes ni las pruebas de sus presuntos delitos.

Trump pidió la destitución de Boasberg y argumentó en las redes sociales: “si un Presidente no tiene derecho a expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un Juez Lunático Radical de Izquierda quiere asumir el papel de Presidente, ¡entonces nuestro país tiene graves problemas y está destinado al fracaso!”.

La Casa Blanca no respondió a última hora del miércoles a una solicitud de comentarios.

Los aliados de Trump dicen que está utilizando su poder para promulgar una agenda que prometió durante la campaña y que está ejecutando el Artículo II de la Constitución, que establece los poderes del presidente.

“El presidente Trump está haciendo lo impensable en Washington: está haciendo lo que dijo a los estadounidenses que iba a hacer, y lo está haciendo rápido”, dijo Mike Davis, fundador de The Article III Project, un grupo de activismo conservador.

Aun así, algunas voces tradicionalmente de derecha han expresado su preocupación.

La página editorial del Wall Street Journal, por ejemplo, dijo que Trump había hecho campaña para deportar a los miembros de las pandillas, “pero sigue siendo preocupante ver que funcionarios estadounidenses parecen despreciar la ley en nombre de defenderla”. El New York Post publicó un titular en su página de opinión que decía: “Trump, no hagas caso al peligroso impulso de atacar el Estado de derecho”.

Ambos periódicos forman parte del imperio mediático de Rupert Murdoch, aliado ocasional de Trump.

Los expertos afirman que, el poder judicial, creado para proporcionar controles y equilibrios tanto al poder ejecutivo como al legislativo, raras veces se ha enfrentado a un desafío tan abierto. Algunos de los principales lugartenientes de Trump han sugerido que tiene derecho a desafiar las órdenes judiciales.

“Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, declaró el mes pasado el vicepresidente JD Vance.

“No me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda”, dijo esta semana el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, durante una aparición en “Fox & Friends”.

Los aliados de Trump han señalado en varias ocasiones que está haciendo lo que dijo que haría durante su campaña, cuando su plataforma política, Agenda 47, estableció un programa de poder presidencial maximalista. Él y sus asesores creen que en su primer mandato se vio obstaculizado por las investigaciones y por una burocracia federal reticente. c.2025 The New York Times Company.

Por Erica L. Green, Zolan Kanno-Youngs y Maggie Haberman, The New York Times.