Por realizar deportaciones, Trump está al borde de un enfrentamiento con el poder judicial

NUEVA YORK- El gobierno de Trump dio un paso mayúsculo hacia un enfrentamiento constitucional con el poder judicial cuando aviones cargados de detenidos venezolanos desembarcaron en El Salvador a pesar de que un juez federal había ordenado que los aviones dieran marcha atrás y devolvieran a los detenidos a Estados Unidos.

El presidente derechista de El Salvador, Nayib Bukele, alardeó durante el anuncio de que los 238 detenidos que iban a bordo del avión habían sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (de sigla CECOT) salvadoreño, donde permanecerían recluidos al menos un año.

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Bukele escribió: “Oopsie ... Too late” (Uy... demasiado tarde) en una publicación en las redes sociales el domingo por la mañana, que difundió el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Casi al mismo tiempo, el secretario de Estado Marco Rubio, en otra publicación en las redes sociales, le dio las gracias a Bukele por una larga publicación en la que detallaba el encarcelamiento de los migrantes.

“A mí esto me parece desacato al tribunal”, opinó David Super, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown. “Puedes darle la vuelta a un avión si quieres”

Se desconocen algunos detalles de las acciones del gobierno, incluida la hora exacta en que aterrizaron los aviones. En una declaración presentada el domingo por la tarde, el gobierno de Trump afirmó que al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional se les “notificó de inmediato” sobre la orden escrita del juez cuando se publicó en el registro electrónico a las 19:26 hora del este el sábado. El escrito presentado daba a entender que el gobierno tenía facultades legales para deportar a los venezolanos diferentes de las bloqueadas por el juez, lo que podría justificar que permanezcan en El Salvador mientras se apela la orden.

La administración indicó que los cinco demandantes que interpusieron la demanda para bloquear su expulsión (la demanda que dio lugar a la orden del juez) no fueron expulsados.

El domingo, varios analistas jurídicos todavía intentaban reconstruir el orden cronológico de las acciones para determinar dónde se encontraban los aviones el sábado poco antes de las 19:00, hora del Este, y cuán cerca está el gobierno de Trump de un franco desafío al sistema de controles y equilibrios de la Constitución.

Fue entonces cuando el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Columbia, le ordenó al gobierno de Trump que dejara de utilizar una ley de tiempos de guerra nada conocida, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como pretexto para la expulsión de inmigrantes, y que de inmediato devolviera a Estados Unidos a cualquier persona que hubiera expulsado en virtud de dicha ley.

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Independientemente de la hora de su recepción, parece que el gobierno de Trump ignoró la orden de Boasberg y procedió a entregar a los venezolanos al gobierno de El Salvador para su detención. Al promocionar el acto, Rubio no mencionó la orden de Boasberg. El sábado, el juez le ordenó al gobierno que devolviera a suelo estadounidense a toda persona expulsada en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, “sin importar el medio por el que lo haga, ya sea darle la vuelta al avión o no”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió el domingo una declaración en la que negaba que la administración se hubiera negado a cumplir la orden y cuestionaba la autoridad del juez para emitirla.

En un recurso de apelación de 25 páginas presentado el domingo, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la orden de Boasberg, que fue nombrado juez por el presidente Barack Obama, de “imposición masiva y no autorizada a las facultades del Ejecutivo”. Argumentaron que las acciones de Trump “no están sujetas a revisión judicial” debido a la autoridad constitucional inherente a la presidencia en asuntos de seguridad nacional y política exterior, además de que los tribunales federales en su conjunto no son competentes en relación con su ejercicio de “facultades de guerra”.

Los jueces federales desde hace varias semanas se han enfrentado al gobierno de Trump por decenas de acciones ejecutivas que los tribunales han intentado dejar en suspenso temporalmente en tanto se evalúa su legalidad. Ha habido algunos casos de demandantes que demandaron a la administración y obtuvieron órdenes judiciales favorables y que han vuelto a los tribunales para reclamar que la administración no las ha cumplido.

El viernes, una especialista en trasplantes de riñón y profesora en la facultad de medicina de la Universidad Brown fue deportada de Estados Unidos a pesar de que un tribunal había ordenado bloquear temporalmente su expulsión, según su abogado y documentos del tribunal federal.

Pero algunos críticos de la administración señalaron el domingo que la burla de Bukele (y el respaldo tácito de altos funcionarios de la administración a la misma) pareció dejar a Washington al borde de una crisis constitucional.

“Orden judicial desafiada”, escribió Mark Zaid, un abogado de Washington cuyas luchas legales con el gobierno lo han puesto en el punto de mira de Trump. En una publicación en las redes sociales, Zaid describió los acontecimientos del sábado y el domingo como el “inicio de una verdadera crisis constitucional”.

Otros expertos se mostraron preocupados, pero más cautelosos.

“Necesitamos un poco más de información sobre los hechos”, comentó Adam Winkler, profesor de la UCLA. “Si la información en cuanto a los plazos es cierta, entonces sí parece que la administración ignoró una orden judicial vinculante. Y si es así, los tribunales deben actuar a la brevedad para castigar al gobierno de Trump. No podemos permitir que el poder ejecutivo ignore las órdenes del poder judicial”.

El sábado, el gobierno de Trump afirmó tener facultades, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar de inmediato a cualquier ciudadano venezolano de 14 años o más que considerara miembro del Tren de Aragua, una violenta banda criminal que fue designada organización terrorista extranjera en febrero. En su proclamación del sábado, la Casa Blanca caracterizó a la banda como un “estado criminal híbrido” que tenía en marcha “una invasión” de Estados Unidos, situación que justificaba el uso de la ley de 1798, que solo se había invocado tres veces antes: para la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

Ese mismo día, antes de que se tomara esa medida, cinco venezolanos en custodia federal presentaron una demanda colectiva en la que alegaban que su expulsión por ese motivo violaría la legislación federal y la garantía constitucional del debido proceso. Boasberg no tardó en dictar una orden de prohibición a fin de bloquear su expulsión.

Luego, en una vista celebrada el sábado por la tarde, los abogados de los demandantes le informaron al juez que dos aviones que transportaban a otros venezolanos expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros estaban “en el aire”. En un fallo judicial, poco antes de las 19:00 horas, Boasberg le ordenó al gobierno que los aviones dieran la vuelta y trajeran de regreso a los detenidos. Luego emitió una segunda orden escrita que le prohibía al gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a sospechosos de ser miembros del Tren de Aragua.

Los vuelos a El Salvador constituyen la segunda vez consecutiva que se acusa a la administración de deportar a alguien en contravención a una orden judicial. Los abogados de Rasha Alawieh, médica especializada en pacientes con trasplantes de riñón y profesora en la facultad de medicina de la Universidad Brown, señalaron que fue deportada el viernes a pesar de una orden judicial en sentido contrario del juez Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts. El domingo, Sorokin le dio hasta el lunes al gobierno para responder a las acusaciones de que había “desobedecido deliberadamente” su orden. c.2025 The New York Times Company.

Por Mattathias Schwartz, The New York Times.