Corte Suprema de Panamá cancela contratos del canal a empresa de Hong Kong
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Presidente de Panamá afirma que vía estratégica operará con normalidad tras fallo que impulsa objetivos de política estadounidense
El presidente de Panamá dijo que los puertos en cada extremo del Canal de Panamá operarían normalmente después de que la Corte Suprema del país dictaminara que la concesión en poder de una subsidiaria de una empresa china era inconstitucional.
La decisión del tribunal del jueves, que apoya los intentos de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia china sobre la vía marítima estratégica, provocó inmediatamente una dura reprimenda de Beijing.
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José Raúl Mulino, presidente de Panamá, dijo el viernes que hasta que se ejecute el fallo del tribunal, los funcionarios marítimos trabajarán con Panama Ports Company (PPC), una subsidiaria de CK Hutchison de Hong Kong, para garantizar la continuidad de las operaciones.
Una vez finalizada formalmente la concesión, una filial de la empresa de logística danesa AP Moller-Maersk operaría los puertos en una fase de transición hasta que se pueda otorgar una nueva concesión, dijo Mulino.
“Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin interrupción y seguiremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos”, afirmó Mulino en un video grabado.
El fallo del tribunal siguió a una auditoría de la Contraloría de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión de 25 años de la concesión otorgada en 2021.
La administración Trump hizo del bloqueo de la influencia de China sobre el canal una de sus prioridades en el hemisferio. Panamá fue la primera escala internacional de Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos.
A pesar de la insistencia del gobierno panameño y la autoridad del canal en que China no tenía influencia, Rubio dejó claro que Washington consideraba la operación de los puertos un asunto de seguridad nacional. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha declarado que Panamá debería devolver el control del canal a Estados Unidos.
La breve declaración del tribunal no ofreció ninguna orientación sobre lo que sucedería con los puertos a continuación ni ningún cronograma.
PPC dijo que no había sido notificado sobre la decisión e insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.
En un comunicado, indicó que el fallo carecía de “sustento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”.
Dijo que se reservaba todos los derechos para proceder legalmente en Panamá o en otro lugar, pero no dio más detalles.
El gobierno de Hong Kong rechazó firmemente la sentencia y manifestó su firme oposición a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o de otro tipo que perjudiquen gravemente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Afirmó que el gobierno panameño debe respetar el espíritu de los contratos y garantizar un entorno empresarial justo.
“Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí”, indicó.
En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo a los periodistas que China tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de “la compañía china”, sin dar más detalles sobre los posibles pasos.