Debido a la violencia política se eleva el costo de seguridad de candidatos, revela un informe

En breve comunicado publicado en el sitio web de Public Service Alliance, se explica que esta es una situación que se ve “agravado por la amplia disponibilidad, recopilación y venta de sus datos personales, lo que facilita la divulgación de información personal confidencial y la violencia física”.

“Este informe analiza 19 leyes estatales integrales de privacidad del consumidor y concluye que son sumamente débiles para proteger a los funcionarios públicos de estos daños relacionados con los datos”, explica Public Service Alliance.

The Associated Press, citando al informe, señala que en lo que se refiere al gasto en seguridad para las campañas electorales al Congreso y a la presidencia “se quintuplicó en la última década”, como consecuencia de un entorno político que es cada vez más adverso reflejado en las “crecientes amenazas contra funcionarios públicos, que van desde la divulgación de datos personales en internet hasta planes de asesinato”.

Public Service Alliance describe que “ninguna de las leyes otorga a los funcionarios públicos el derecho a exigir legalmente a las agencias estatales que eliminen sus datos personales de los registros públicos, ni el derecho a exigir a los intermediarios de datos que dejen de venderlos una vez obtenidos de dichos registros”.

Siendo así que no obstante a que “las 19 leyes ofrecen algunos derechos limitados para oponerse a la venta de datos obtenidos de fuentes privadas, y el sistema de California es el más sólido con su nueva Plataforma de Solicitud de Eliminación y Exclusión (DROP), ninguna de las leyes proporciona un amplio derecho de acción privada por violaciones, y ninguna abarca la información de los registros públicos”, prosigue Public Service Alliance.

”No es un buen momento para que se encuentre nuestro país”, expreso Justin Sherman, autor del informe a PBS.

De acuerdo con PBS, Sherman resaltó que uno de los descubrimientos “más preocupantes” en este nuevo informe, “es que las campañas gastaron casi un millón de dólares en seguridad para el hogar durante la última década, después de no haber gastado nada en esa categoría durante el ciclo electoral 2015-16. Esto incluye gastos como contratos con empresas de respuesta, rejas para ventanas y cámaras de vigilancia. Esto refleja el aumento de las amenazas contra los funcionarios públicos en sus hogares”.

GASTOS POR MÁS DE 40 MDD

En esfuerzo por atajar este problema, AP describe que los comités políticos federales desembolsaron más de 40 millones de dólares en “conceptos etiquetados como seguridad durante el ciclo de campaña 2023-2024”, siendo este dato el más reciente de acuerdo con el informe de la Public Service Alliance, que es un grupo no partidista que se centra en la seguridad de los funcionarios públicos.

”Es un momento preocupante en el que el gasto en seguridad se está convirtiendo en una barrera cada vez mayor para quienes se postulan para un cargo público”, dijo a PBS Sherman.

Si bien en el informe no se hace mención sobre qué candidatos gastaron más en seguridad, ni están incluidos los elevados costos de seguridad del gobierno federal, en los que se “abarcan el refuerzo de los servicios de la Policía del Capitolio para los miembros del Congreso y una mayor protección del Servicio Secreto de Estados Unidos para los candidatos presidenciales, así como para expresidentes y presidentes en funciones y sus familias”, explica AP.

Esto sucede después de que llevara a cabo un recuento de violencia política en la última década.

Entre estos hechos está el tiroteo ocurrido en 2017 durante se estaba realizando entrenamiento del equipo republicano de béisbol del Congreso en Alexandria, Virginia, así como la agresión con un martillo en 2022 en contra del esposo de la entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en California, además del intento de asesinato en 2024 dirigido contra el entonces candidato republicano Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania, así también los asesinatos el año pasado de la legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del comentarista conservador Charlie Kirk en Utah.

Public Service Alliance, precisa que para lograr disminuir este fenómeno de “conversión de datos en violencia”, es fundamental “fortalecer las leyes estatales de privacidad con protecciones que aborden adecuadamente la privacidad de los registros públicos, la relación entre los datos personales y la violencia interpersonal, y la protección de las actividades amparadas por la Primera Enmienda, junto con salvaguardias para la seguridad física de las personas”.

Por lo que concluye Public Service Alliance, tras los resultados arrojados en el informe se recomiendan cuatro cambios clave en los regímenes estatales de privacidad:

1. Ampliar la cobertura a todos los funcionarios públicos

2. Exigir la eliminación de datos personales en un plazo de 10 días a partir de la solicitud a un intermediario de datos o una agencia gubernamental.

3. Incluir fuentes de datos privadas y registros públicos en el ámbito de protección

4. Incorporar un amplio derecho de acción privada para garantizar la rendición de cuentas.

“Este enfoque integral es esencial para proteger mejor a los millones de estadounidenses que han elegido servir a sus comunidades y a su país”, añade Public Service Alliance.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press, Public Service Alliance y PBS.