Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso

Por: Karoun Demirjian, Kate Kelly, Eric Schmitt and Tyler Pager

La primavera pasada, en los primeros meses del mandato de Steve Feinberg como subsecretario de Defensa, miembros del personal del Pentágono le informaron sobre los planes para emplear nuevas armas láser de alta energía para derribar drones que estaban siendo utilizados por los cárteles mexicanos para el contrabando de droga a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Pero su uso estaba condicionado a la aprobación de las autoridades de seguridad aérea.

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La ley, le explicaron los funcionarios del Pentágono, exigía una amplia coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Transporte, lo que podría ralentizar las pruebas del sistema. Los funcionarios de transporte podrían incluso bloquear el uso del sistema si determinaban que planteaba riesgos para la seguridad de la aviación.

Dos personas con conocimiento de la reunión, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a discutir asuntos delicados, dijeron recordar que Feinberg consideraba que el Pentágono tenía autoridad para proceder de todos modos. Sean Parnell, el portavoz jefe del Pentágono, negó dicha versión y afirmó que era “una invención total”.

La reunión tuvo lugar en un momento especialmente delicado tanto para los que regulan la seguridad aérea como para el Pentágono. Apenas unos meses antes, un helicóptero del ejército colisionó con un avión de pasajeros cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan, sobre Washington, lo que causó la muerte a 67 personas y puso los protocolos de seguridad del ejército bajo un intenso escrutinio.

Ahora, la cuestión de si el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional siguieron los procedimientos adecuados y la ley al desplegar el arma láser se ha convertido en un punto de conflicto dentro del gobierno de Donald Trump. Esta semana, en conjunto con personal militar, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, utilizaron el arma no lejos del Aeropuerto Internacional de El Paso, provocando enojo dentro de la FAA y un breve cierre del aeropuerto y del espacio aéreo en esa región.

El martes por la noche, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, sorprendido por el uso del sistema sin autorización y preocupado por la seguridad pública, creyó que no tenía más remedio que cerrar el espacio aéreo durante 10 días, según más de media decena de personas. Fue una decisión extraordinaria que sorprendió al público aviador y a los funcionarios locales.

Bajo la presión de la Casa Blanca, Bedford anuló la orden el miércoles, lo cual desencadenó un cruce de acusaciones dentro del gobierno que continuó durante toda la semana. Funcionarios gubernamentales declararon a los periodistas que la FAA no advirtió a la Casa Blanca ni al Pentágono de que estaba a punto de limitar drásticamente los vuelos sobre una ciudad de casi 700.000 habitantes.

Pero las comunicaciones internas del gobierno revisadas por The New York Times cuentan una historia muy diferente.

En un correo electrónico, fechado el 6 de febrero, el principal abogado de la FAA advertía a un funcionario del Pentágono que desplegar el sistema láser sin restringir los vuelos creaba “un grave riesgo de víctimas mortales o lesiones permanentes” para los estadounidenses que viajaran por ese espacio aéreo.

Otro correo electrónico, fechado el martes, muestra que el abogado notificó oficialmente a 14 empleados del gobierno —incluidos altos funcionarios del Departamento de Defensa, así como miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca— la intención de la FAA de cerrar el espacio aéreo sobre la base del ejército adyacente a El Paso porque la tecnología láser se había utilizado sin su aprobación.

El gobierno aún no ha reconocido de forma pública que un enfrentamiento departamental sobre dichas armas condujera al cierre del espacio aéreo. Incluso la justificación del despliegue del sistema láser está en disputa.

Altos funcionarios del gobierno describieron el incidente como provocado por un dron que cruzó a Estados Unidos desde México, una explicación repetida por el secretario de Transporte, Sean Duffy, esta semana.

El viernes, los funcionarios de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios y se remitieron a un mensaje de Duffy en las redes sociales, publicado el miércoles, que afirmaba que los funcionarios del gobierno “actuaron con rapidez para hacer frente a una incursión de un dron de un cártel”.

Sin embargo, esa versión fue rebatida por múltiples personas familiarizadas con la situación, quienes afirmaron que la unidad de protección fronteriza terminó derribando un globo de fiesta, en lugar de un dron. Miembros del servicio militar estuvieron presentes durante el incidente, según estas personas.

Durante gran parte del año pasado, Duffy y los dirigentes de la FAA han estado enzarzados en una guerra de voluntades con sus homólogos de seguridad nacional sobre la seguridad aérea.

Las secuelas de la colisión en pleno vuelo en el Aeropuerto Nacional pusieron de manifiesto la naturaleza conflictiva de la relación entre la FAA y el Departamento de Defensa, ya que Duffy se esforzó por establecer restricciones de seguridad y los militares maniobraron para eludirlas.

Durante gran parte de ese mismo periodo, la FAA y el Pentágono también se enfrascaron en discusiones sobre el plan militar de comenzar a probar láseres antidrones contra las amenazas transfronterizas de los cárteles de la droga. El Pentágono había insistido a la FAA en que los láseres no supondrían un riesgo para los aviones civiles, pero la FAA, poco convencida, solicitó los datos militares y la oportunidad de realizar sus propias pruebas, según tres personas con conocimiento de esas discusiones.

Las peticiones no fueron atendidas.

A finales de enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para permitir a los agentes de protección fronteriza utilizar la nueva tecnología láser antidrones del Pentágono.

Fue por esas mismas fechas cuando Mark Roosevelt Ditlevson, subsecretario principal adjunto de Defensa especializado en defensa nacional, envió un correo electrónico al consejero jefe de la FAA, William McKenna, en el que informaba a los responsables de aviación del deseo de los militares de empezar a utilizar la tecnología.

“Hemos puesto en funcionamiento un sistema láser estacionario” cerca de El Paso, escribió Ditlevson, según un correo electrónico del 23 de enero revisado por el Times.

El Pentágono sabía que la FAA todavía estaba realizando una revisión interna de las armas, añadió, pero los funcionarios de seguridad nacional y del Consejo de Seguridad Nacional “son conscientes de ello”, agregó, “y están de acuerdo en que tiene sentido” que el Departamento de Defensa “haga lo que consideremos necesario”.

El 6 de febrero, McKenna respondió detallando las preocupaciones de la FAA sobre el potencial de muerte o lesiones a los pasajeros y ofreció imponer restricciones de vuelo en las zonas donde el Departamento de Defensa “propone desplegar” los láseres.

McKenna declinó hacer comentarios para este artículo.

Entonces, en la madrugada del 9 de febrero, los miembros de una unidad táctica de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por su sigla en inglés), entrenados por el ejército en el uso de los láseres antidrones, decidieron desplegar uno, mientras los militares observaban. Apuntaron el láser a lo que creyeron que era un dron que volaba cerca del Fuerte Bliss del ejército, aunque resultó ser un globo metálico.

Fue el primer uso doméstico conocido del arma por parte de funcionarios federales fuera de un entorno controlado, según dos personas con conocimiento de la tecnología, y se hizo sin la aprobación de la FAA, en una posible violación de la ley.

A las 5:16 p.m. de ese mismo día, horas después de que se hubiera utilizado el sistema láser, Ditlevson respondió al abogado de la FAA que el Pentágono no iba a cambiar su postura sobre su uso.

“Aunque puedo apreciar sus preocupaciones, creemos que hemos cumplido el requisito legal de coordinarnos con su organización”, escribió a McKenna, y mandó una copia a altos funcionarios del Pentágono, así como a miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional.

Señaló que “anhelaba” una próxima reunión para hablar de los láseres.

Los funcionarios de la FAA estaban furiosos, según varias personas familiarizadas con las consecuencias.

Los funcionarios de la agencia pidieron que se adelantara una reunión de mitigación de riesgos que se había previsto para el 20 de febrero, en la que la FAA esperaba obtener información que satisficiera sus preocupaciones pendientes.

No se realizó.

No está claro exactamente cuándo o cómo se enteró la FAA del globo derribado.

Pero al menos para el martes por la tarde, los altos cargos de la agencia estaban claramente al corriente y habían tomado una decisión: preocupados por la posibilidad de que el sistema pudiera volver a utilizarse sin la autorización de la FAA, cerrarían el espacio aéreo sobre El Paso durante 10 días. El significado de esa duración aún no está claro.

La agencia se lo notificó a Duffy, quien se mostró favorable al plan, según tres personas informadas del asunto.

McKenna envió entonces una notificación escrita a Ditlevson, con copia a más de una decena de homólogos en la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, según un documento revisado por el Times.

“He hablado de esto con el administrador de la FAA”, escribió McKenna. Dado que el Pentágono ya había “puesto en funcionamiento” un láser de alta energía, escribió que había ordenado la emisión de una restricción temporal de vuelos “para garantizar la seguridad de la aviación en la zona”.

En otras palabras, para las 6:30 p.m. del martes en Washington, la FAA había advertido explícitamente al Pentágono y al Consejo de Seguridad Nacional de que cerraría el espacio aéreo sobre Fort Bliss hasta que pudieran arreglar las cosas.

La restricción debía comenzar siete horas más tarde.

Pero no está claro si dichas advertencias llegaron hasta Hegseth, al presidente Trump o a sus altos cargos. El proceso entre agencias se ha atrofiado bajo el gobierno de Trump, quien ha reducido drásticamente el tamaño del Consejo de Seguridad Nacional durante su segundo mandato, incluso cuando la cartera de crisis internacionales ha crecido.

Y cuando la FAA actuó, muchos en Washington estaban dormidos.

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Eran las 10:32 p.m. en la costa este cuando la FAA emitió la orden de prohibir todo tráfico aéreo por debajo de los 18.000 pies (5486 metros) a partir de las 11:30 p.m., hora de El Paso. La orden abarcaba no solo el espacio aéreo de Fort Bliss, sino también el del aeropuerto internacional de El Paso y una zona desolada de Nuevo México, al oeste de la base militar.

Para el miércoles por la mañana, Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, había ordenado a la FAA que reabriera el espacio aéreo, y el juego de acusaciones ya había comenzado.

A pesar de la guerra de palabras, la FAA ya ha ganado al menos una concesión, según dos personas informadas del asunto: los nuevos láseres han quedado fuera de servicio por el momento.

El viernes, cuando le preguntaron por Duffy, el presidente dijo que estaba “haciendo un gran trabajo”.

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