El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes

Por: Alan Feuer, Alexandra Berzon and Ernesto Londoño

Apenas unos días después de que Mineápolis estallara en protestas por la segunda muerte de un residente que se manifestaba contra los agentes de migración, un alto funcionario del Departamento de Justicia transmitió un mensaje contundente a los fiscales federales.

Vayan con todo contra los manifestantes.

En una conferencia telefónica realizada a finales de enero, el funcionario, Aakash Singh, expuso la base del departamento para perseguir a los manifestantes: el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7, por su sigla en inglés), una amplia directiva emitida por el presidente Donald Trump en septiembre pasado. Ampliaba la definición de terrorismo doméstico para incluir no solo delitos violentos como la agresión, sino también otros relativamente menores, como revelar datos personales de agentes o entorpecer las labores de control migratorio.

Singh afirmó que los “coordinadores” de las fiscalías estadounidenses responsables de acusar a los manifestantes en virtud del NSPM-7 deberían “presionar” a los agentes federales para que presentaran casos, según personas familiarizadas con sus declaraciones. También sugirió que el departamento buscaba notoriedad mediática junto con las acusaciones, y prometió que los funcionarios de Washington “difundirían a todo volumen” el trabajo de los fiscales.

“Actúen a lo grande”, dijo Singh, “y en voz alta”.

Una y otra vez, en las ciudades que se han llevado la peor parte de la represión migratoria por parte del gobierno, los agentes han perseguido a los manifestantes con un agresivo arsenal de tácticas. Han incautado teléfonos celulares y han tomado muestras de saliva sin orden judicial, según los documentos judiciales; han utilizado lectores de matrículas y programas de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes; y han presentado citatorios a empresas tecnológicas para obtener información sobre cuentas de redes sociales que rastrean o critican a los agentes de migración.

Pero aunque el gobierno de Trump ha presentado a los manifestantes como terroristas de izquierda y ha presionado para que se presenten cargos graves, a menudo por acciones que, según los abogados defensores, están protegidas por la Primera Enmienda, hasta ahora dichos esfuerzos no han logrado revelar una extensa red de grupos políticos de izquierda que trabajan juntos. De hecho, los casos de conspiración que el Departamento de Justicia ha presentado contra manifestantes que ha calificado de activistas de izquierda han tenido un éxito limitado, por ahora.

La semana pasada, el Departamento consiguió la condena por cargos de terrorismo de un grupo de jóvenes acusados de pertenecer a antifa, el movimiento radical de izquierda, después de que dispararan e hirieran a un agente de policía durante un ataque a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Alvarado, Texas, el verano pasado. Sin embargo, la victoria se vio empañada por los propios testigos colaboradores del gobierno, cinco de los cuales negaron bajo juramento que ellos o los acusados pertenecieran a antifa.

En el mismo periodo, los fiscales de Chicago retiraron abruptamente todos los cargos contra dos de los seis manifestantes acusados de obstruir a un agente de migración en su vehículo frente a unas instalaciones del ICE en Broadview, Illinois, después de que videos mostraran que el propio agente había dirigido el vehículo hacia una multitud de manifestantes.

Aunque la causa sigue abierta contra los otros cuatro acusados —todos ellos demócratas que han criticado abiertamente al gobierno de Trump—, los fiscales admitieron recientemente que no hubo “planificación anticipada” ni “acuerdo preexistente” por parte del grupo. En lugar de ello, los fiscales afirman que sus miembros entraron en una “conspiración espontánea” que comenzó en el momento en que inició su protesta, una teoría que la defensa ha tachado de “poco sólida”.

A medida que los dirigentes del Departamento de Justicia han presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes, al menos uno de ellos ha renunciado a presentar cargos. El verano pasado, en un movimiento poco notorio, Richard R. Barker, fiscal en funciones del Distrito Este de Washington, renunció en lugar de firmar una acusación contra nueve manifestantes a quienes posteriormente se acusó de impedir que agentes federales condujeran a migrantes a una audiencia judicial en Tacoma.

Los reparos de Barker sobre el caso fueron confirmados por su sucesor, quien permitió que la mayoría de los acusados se declararan culpables este invierno en un acuerdo ventajoso en el que sus cargos por delitos graves se reducirían a delitos menores si se mantenían sin problemas durante 18 meses.

“Sabía que no había lugar para mí en el Departamento de Justicia si se me pedía que presentara cargos por delitos graves contra estos manifestantes de un modo que comprometiera mi integridad”, dijo Barker en una entrevista reciente. “No se trataba de una conspiración organizada. Era una protesta en la que la gente ejercía su derecho a la libertad de expresión”.

En una declaración el miércoles, Chad Gilmartin, portavoz del Departamento de Justicia, defendió los casos contra los manifestantes, y señaló que se presentaron en respuesta a “un repunte sin precedentes de obstrucción de las acciones de las fuerzas del orden federales y de agresiones a funcionarios federales”.

“Antifa es una amenaza existencial para nuestra nación y el Estado de derecho”, escribió Gilmartin.

El deseo de Trump de tomar medidas enérgicas contra antifa y otros movimientos de izquierda no ha hecho más que intensificarse desde que volvió al cargo, acelerado por las protestas contra sus políticas de migración y por el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

Poco después de que Kirk recibiera un disparo mortal el pasado septiembre, Stephen Miller, el principal asesor del presidente en política interior, culpó a los grupos políticos de izquierda del asesinato y declaró que el gobierno iría tras ellos y utilizaría “todos los recursos que tenemos en el Departamento de Justicia, en Seguridad Nacional y en todo este gobierno”.

Dos semanas después, Trump publicó el NSPM-7, que citaba el asesinato de Kirk y la supuesta amenaza de antifa como justificación de una nueva estrategia para “desarticular y erradicar las redes, entidades y organizaciones que promueven la violencia organizada”. El memorándum ordenaba un enfoque integral del gobierno para investigar no solo los delitos violentos, sino también las acciones basadas en creencias puramente ideológicas, como el anticapitalismo, el anticristianismo e incluso la hostilidad hacia “los puntos de vista estadounidenses sobre la familia, la religión y la moral”.

Tras la publicación del NSPM-7, el Departamento de Justicia empezó a establecer una arquitectura interna para perseguir a los manifestantes con opiniones izquierdistas.

Singh emitió un memorándum en el que ordenaba a algunas fiscalías estadounidenses que elaboraran planes para investigar a un grupo financiado por George Soros, el donante multimillonario que a menudo ha apoyado causas de izquierda. También instaló coordinadores en muchas oficinas para fomentar los casos del NSPM-7. El FBI creó su propio centro de misiones NSPM-7 en Washington para supervisar las investigaciones sobre movimientos de izquierda, según personas familiarizadas con la medida.

En el marco de otra iniciativa de la NSPM-7, el FBI está a punto de llegar a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos para investigar las organizaciones sin ánimo de lucro conocidas como 501(c)(3), según personas familiarizadas con las conversaciones. El término se refiere a grupos que están exentos de impuestos porque se dedican a labores benéficas, educativas, religiosas o científicas.

En una segunda conferencia telefónica el miércoles, Singh destacó este esfuerzo ante los fiscales federales de todo el país, según personas familiarizadas con sus comentarios. Dijo que las fuerzas del orden federales no hacen lo suficiente “para atacar la financiación de estos grupos”, según dichas personas.

Algunos manifestantes implicados en las investigaciones han descrito cómo se les detuvo durante horas sin cargos y se les pidió que entregaran sus teléfonos celulares —incluso muestras de ADN— sin orden judicial.

Cuando McKenna Walker, de 27 años, fue detenida en una protesta contra el ICE el 17 de enero en Mineápolis, dijo que se quedó perpleja cuando los agentes de migración le requisaron el teléfono sin orden judicial e intentaron tomarle una muestra de saliva. Ella se negó y ellos desistieron.

“Lo que intentaban hacer era totalmente descabellado”, recordó.

A los agentes de un equipo de investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Grupo Operativo 4 de Seguridad Nacional, también se les ha asignado la tarea de examinar “organizaciones implicadas en actividades ilegales durante las protestas”, según los documentos judiciales de una reciente causa penal en California. No es habitual que los agentes investiguen a determinados grupos o personas en lugar de delitos concretos.

El caso se centra en VC Defensa, un grupo de defensa de los migrantes del condado de Ventura que se opone abiertamente al ICE. Dirige una red de respuesta rápida de activistas que rastrean y siguen a los agentes, ayuda a organizar protestas contra el ICE y ofrece asistencia a los migrantes indocumentados.

El año pasado ayudó a difundir la noticia de una redada migratoria a gran escala en una granja de cannabis del condado de Ventura, la cual atrajo protestas que se volvieron volátiles cuando los agentes federales lanzaron munición antidisturbios. Los agentes federales sostienen que algunos de los manifestantes arrojaron piedras y participaron en otras formas de violencia; manifestantes y observadores han declarado que vieron protestas pacíficas.

Meses después de la redada, Virginia Reyes, voluntaria de VC Defensa que se dedicaba a seguir a los agentes del ICE, fue detenida junto con su hermano, Isai Carrillo. Se les acusó del mismo delito al que se han enfrentado recientemente muchos manifestantes del ICE: conspiración para obstaculizar a los agentes federales.

Los fiscales afirman que, durante la operación, Reyes utilizó su vehículo para impedir que los agentes federales abandonaran la propiedad, mientras que Carrillo y otros les arrojaron piedras, hiriendo a un contratista federal. Ambos han impugnado los cargos. En un documento de acusación, un agente del Departamento de Seguridad Nacional señaló los vínculos de Reyes con VC Defensa y mensajes contrarios al ICE en su teléfono, y citó sus declaraciones y el deseo del grupo de poner fin a la aplicación de las leyes migratorias como pruebas de conducta indebida.

Leo Martinez, uno de los principales organizadores de VC Defensa, afirmó que el grupo se muestra abiertamente contrario al ICE, pero actúa dentro del marco legal. Un abogado de Carrillo se hizo eco de esas observaciones el pasado octubre, y reconoció ante el tribunal que VC Defensa vigilaba los movimientos del ICE. Pero, afirmó, “eso es muy diferente de una organización criminal que busca generar agitación”.

Algunos expertos han advertido de que, cuando los cargos electos intentan presentar la disidencia política como una amenaza para la seguridad, como ha hecho Trump en sus acciones ejecutivas, las fuerzas del orden pueden verse presionadas para iniciar casos aunque las pruebas sean débiles.

“Interpretadas en sentido estricto, estas directivas se dirigen a conductas delictivas auténticas: agresiones a funcionarios federales, conspiraciones para cometer actos violentos”, escribió Thomas E. Brzozowski, ex asesor jurídico principal para casos de terrorismo doméstico del Departamento de Justicia, en un reciente análisis de los memorandos presidenciales de Trump. “Interpretadas en sentido amplio, invitan a realizar investigaciones que parten de la ideología y retroceden para descubrir delitos”.

En su conferencia telefónica de enero, Singh se refirió a otra acción de alto perfil del Departamento de Justicia contra manifestantes promigración: un caso de conspiración en St. Paul, Minnesota, en el que 39 personas —entre ellas el expresentador de la CNN Don Lemon— han sido acusadas en relación con una manifestación en una iglesia local en la que un pastor también trabajaba como empleado del ICE.

Singh se refirió a la protesta como uno de los peores ataques a un lugar de culto en la historia de Estados Unidos, por lo que los acusados fueron imputados por conspirar para privar a los fieles de sus derechos y de interferir en las libertades religiosas. Y, sin embargo, ningún fiscal de carrera de la fiscalía de Minnesota lleva el caso, lo que no es habitual. En su lugar, lo llevan abogados de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia en Washington.

Los abogados defensores han argumentado que la protesta fue un acto político y que los fiscales no podrán demostrar que los acusados pretendían interferir en la actividad religiosa. También han afirmado que, aunque los manifestantes cantaron, entonaron cánticos y se enzarzaron en “enfrentamientos verbales” con los feligreses, hay pocas pruebas de que utilizaran la fuerza.

Los abogados de Lemon y de Georgia Fort, otra periodista que cubría la manifestación de la iglesia, han alegado en particular que sus clientes no estaban implicados en activismo político, pero que fueron procesados de todos modos.

Los abogados señalaron que un juez federal de Mineápolis se negó inicialmente a dictar órdenes de detención contra Lemon o Fort, al considerar que no había pruebas de que hubieran cometido delitos. Pero el Departamento de Justicia continuó intentando que fueran imputados después de que Trump y altos dirigentes del departamento pidieran públicamente que se les acusara.

“En Estados Unidos de América no procesamos a los periodistas por hacer su trabajo”, escribieron los abogados. “Eso ocurre en Rusia, China, Irán y otros regímenes autoritarios. Y, sin embargo, el gobierno convenció al gran jurado de aceptar este lío inconstitucional”.

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