Gigantes financieros del mundo han aceptado ‘narcolavado’, incluidas operaciones con cárteles mexicanos

WASHINGTON, EU.- Durante las últimas dos décadas, el gobierno de Estados Unidos ha investigado y sancionado a varios bancos internacionales por su presunta participación —ya sea directa o por negligencia— en esquemas de lavado de dinero provenientes de organizaciones criminales, incluidos cárteles de la droga, redes de corrupción y grupos terroristas. Estas acciones han expuesto fallas sistémicas en los mecanismos de cumplimiento financiero de diversas instituciones bancarias.

Uno de los casos más emblemáticos es el del HSBC, que en 2012 aceptó pagar una multa histórica de mil 920 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de haber permitido, sin controles adecuados, la transferencia de cientos de millones de dólares del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales. El informe del Senado estadounidense reveló que el banco había ignorado repetidamente señales de alerta y que su filial mexicana funcionaba como “una puerta abierta para los cárteles”.

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Otro caso significativo fue el del Deutsche Bank, que enfrentó diversas investigaciones por su presunto papel en operaciones de lavado relacionadas con fondos ilícitos provenientes de Rusia y otros países. En 2020, el banco alemán aceptó pagar más de 130 millones de dólares en sanciones tras ser acusado de prácticas corruptas y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), incluyendo pagos indebidos en varios países y deficiencias en el monitoreo de transacciones sospechosas.

El Standard Chartered Bank, con sede en el Reino Unido, también estuvo en el ojo del huracán. En 2012 y nuevamente en 2019, el banco acordó pagar más de mil 100 millones de dólares en multas a autoridades estadounidenses y británicas por haber facilitado transacciones a países sancionados como Irán y por deficiencias en sus programas contra el lavado de dinero. Se identificaron flujos financieros sospechosos ligados a actores estatales y empresas pantalla.

Asimismo, JPMorgan Chase, uno de los gigantes bancarios de Estados Unidos, fue sancionado por su relación con el caso de corrupción de Bernie Madoff, donde la falta de acción para alertar sobre señales de fraude costó al banco 2 mil millones de dólares en acuerdos legales. Aunque el caso no involucró narcotráfico, reveló debilidades similares en los sistemas de vigilancia financiera.

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En el continente europeo, el Danske Bank de Dinamarca protagonizó uno de los escándalos más grandes de lavado de dinero en la historia moderna. Se estima que más de 200 mil millones de euros pasaron por su sucursal en Estonia entre 2007 y 2015, procedentes de clientes sospechosos de Rusia, Azerbaiyán y otros países exsoviéticos. Las autoridades estadounidenses participaron en la investigación, y el banco enfrentó múltiples demandas e investigaciones penales.

Más recientemente, el Credit Suisse también ha sido señalado en diversas jurisdicciones, incluida Estados Unidos, por mantener cuentas secretas de dictadores, narcotraficantes y funcionarios corruptos. A pesar de reiteradas promesas de reforma, los escándalos han continuado, contribuyendo a la desaparición del banco en 2023 tras ser adquirido por UBS.

Estas investigaciones no solo han revelado complicidad o negligencia, sino también una estructura financiera global vulnerable a la infiltración del dinero sucio. A menudo, los bancos priorizaron las ganancias por encima del cumplimiento de las regulaciones, permitiendo que cárteles y grupos criminales blanquearan enormes sumas a través del sistema financiero internacional.

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El Departamento del Tesoro y agencias como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), junto con el Departamento de Justicia, han endurecido sus políticas para reforzar la supervisión. Sin embargo, expertos aseguran que mientras existan jurisdicciones opacas y bancos dispuestos a correr riesgos, el problema persistirá.

“Estas instituciones tienen recursos y capacidades técnicas avanzadas. Si aún así permiten este tipo de operaciones, es porque en algún punto fallaron deliberadamente o porque los incentivos internos favorecieron el silencio”, declaró al respecto Sarah Chayes, experta en corrupción y exasesora del Pentágono.

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Mientras tanto, el Congreso estadounidense ha presionado para fortalecer las leyes antilavado de dinero. La aprobación del Corporate Transparency Act en 2021 fue un paso importante, ya que obliga a las empresas a revelar a sus verdaderos propietarios, dificultando la creación de estructuras ficticias para ocultar el origen del dinero.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de narcolavado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. La Secretaría de Hacienda y las instituciones financieras han rechazado cualquier vínculo con operaciones de grupos criminales.