Gobierno de China confirma que influencers que hablen de temas académicos deberán contar con certificación oficial

En un movimiento que podría marcar un antes y un después en la regulación del espacio digital, el gobierno chino ha iniciado una nueva etapa en su estrategia para contener la desinformación en línea. A partir de octubre de 2025, toda persona que genere contenido sobre medicina, derecho, educación o finanzas deberá demostrar formación profesional o contar con certificaciones oficiales en esas áreas.

La disposición, impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), pretende cerrar la brecha entre la divulgación informal en redes sociales y la comunicación profesional acreditada. En la práctica, la norma convierte a los creadores digitales en una suerte de “profesionales del conocimiento” sujetos a verificación estatal.

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Una regulación que redefine los límites de la información

El nuevo marco normativo establece que únicamente quienes estén vinculados a instituciones médicas, académicas o de investigación podrán producir contenido considerado “especializado”. Las plataformas —entre ellas Weibo, Douyin (versión china de TikTok) y Bilibili— tendrán la responsabilidad de verificar las credenciales de los usuarios antes de autorizar la publicación de contenidos profesionales.

Durante los primeros dos meses de aplicación, los creadores deberán presentar su documentación académica o certificaciones oficiales, mientras que las cuentas nuevas no podrán publicar hasta completar el proceso de validación.

Según la CAC, esta medida busca “proteger al público de la información falsa o engañosa” que circula masivamente en redes sociales, especialmente en formato de videos cortos y transmisiones en vivo, donde proliferan consejos financieros, médicos o jurídicos sin sustento.

Control, transparencia y trazabilidad del conocimiento

El reglamento introduce también nuevas exigencias de transparencia. Los contenidos educativos o científicos deberán citar fuentes verificables y declarar si incluyen material generado por inteligencia artificial o dramatizaciones. Las plataformas estarán obligadas a advertir sobre la responsabilidad legal de los creadores en la difusión de datos inexactos, formalizando un tipo de “contrato digital” entre el emisor del contenido y su audiencia.

Más que una simple campaña contra la desinformación, esta política representa un intento de institucionalizar la figura del divulgador digital, integrándolo a un sistema en el que la credibilidad pública se mide en función del aval académico.

Fin de los falsos expertos y de la publicidad encubierta

Otra dimensión de la reforma apunta a erradicar la mezcla entre entretenimiento, marketing y pseudoeducación. La CAC prohibió expresamente toda forma de publicidad médica o sanitaria, incluidos suplementos, alimentos saludables y consultas en línea. Asimismo, las plataformas deberán eliminar perfiles falsos o cuentas que promuevan productos disfrazados de contenido educativo.

Los algoritmos también recibirán nuevas instrucciones: deberán detectar y bloquear contenidos sexualizados presentados como material pedagógico, una tendencia que el Estado considera contraria a la moral pública y al orden informativo.

Implicaciones globales de un experimento digital

Aunque la medida se inscribe en la larga tradición china de control sobre la información, sus implicaciones trascienden las fronteras nacionales. Al equiparar el derecho a informar con la acreditación académica, China se convierte en el primer país del mundo en establecer un vínculo legal entre conocimiento y comunicación digital.

Para los analistas tecnológicos, esta transformación podría anticipar un nuevo paradigma global: el paso del influencer carismático al experto certificado. En un entorno dominado por la inteligencia artificial y la viralidad algorítmica, la legitimidad informativa podría dejar de depender del número de seguidores para anclarse en la autoridad del saber comprobado.

Entre la censura y la responsabilidad informativa

Las implicaciones éticas y políticas son evidentes. Por un lado, la medida podría fortalecer la calidad de la información y reducir el impacto de los falsos expertos. Por otro lado, consolida la intervención estatal en la esfera digital, desplazando el ideal de libertad de expresión hacia una noción de “mérito académico online”, donde solo quienes poseen títulos o avales institucionales pueden hablar con autoridad.

Este experimento, aún en fase inicial, podría reconfigurar la relación entre conocimiento, poder y tecnología. Si su modelo se replica, el mundo digital podría dejar atrás la era del contenido espontáneo para ingresar a una etapa de credibilidad regulada, donde informar deje de ser un acto libre y pase a ser un privilegio respaldado por credenciales.