Jair Bolsonaro será juzgado por intento de golpe de Estado en Brasil, podrían darle 40 años de prisión

BASR- El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.

El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.

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Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.

Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay “materialidad” e “indicios razonables” en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.

Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del exjefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos «en forma detallada» y «satisfactoria» por la Fiscalía.

“Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado”, dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.

El juez sostuvo que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido» en un objetivo que «no se concretó» por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción”.

Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales “que concuerdan con la materialidad” de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia “amplia y bien elaborada”.

En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien también resaltó los detalles expuestos en la investigación, dijo que «la dictadura mata» y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de «vigilancia constante».

El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien aseveró que la Corte cuenta con «hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía».

La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.

Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.

EN SU DEFENSA BOLSONARO ACUSA DE QUE QUIEREN IMPEDIR SE PRESENTE A LAS ELECCIONES DE 20026

Bolsonaro dice que lo juzgan «con prisa» para impedirle disputar las elecciones de 2026

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, al que la Corte Suprema decidió abrirle un juicio penal por golpe de Estado, afirmó que están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2026 en las que, afirmó, nadie lo vencería.

“Tienen prisa, mucha prisa”, dijo Bolsonaro en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces.

Bolsonaro dijo que el proceso en su contra “avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão”, el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, “y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato”, el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.

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El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

“Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme”, afirmó Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia.

Según Bolsonaro, el juicio penal en su contra ya tiene “una fecha, un blanco y un resultado decididos anticipadamente” ya que obedece a un proyecto de poder que busca interferir en la dinámica política y electoral del país.

“Todos dicen que el proceso concluirá este mismo año, pese a que no hay precedentes para tamaña celeridad en un caso de esa dimensión, porque todos saben que lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta”, dijo.

Afirmó que el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor del caso, tan solo busca una «venganza», mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas para impedirle volver a la Presidencia y la obtención de mayorías en el Congreso.

“Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas”, aseguró.

Según Bolsonaro, la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Brasil y diferentes juristas, diplomáticos y líderes políticos comparan la situación del país con lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición fue perseguida con «acusaciones vagas de extremismo o de amenazas a la democracia».

Los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal aprobaron este miércoles por unanimidad la apertura de un juicio político contra Bolsonaro y otros siete acusados de golpismo por considerar que hay «materialidad» e «indicios razonables» en la acusación presentada por la Fiscalía.

Los otros siete acusados son militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).

Todos denunciados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso, y mantenerse en el poder.

ESTOS SON LOS CINCO DELITOS QUE SE IMPUTAN A BOLSONARO, PODRÍA RECIBIR UNA CONDENA DE 40 AÑOS DE CÁRCEL

La Corte Suprema de Brasil imputó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por cinco delitos cuyas penas rondan los 40 años de prisión en total, en el marco del proceso por un supuesto intento de golpe de Estado para anular la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.

Los delitos por los que el exmandatario (2019-2022) será juzgado, junto a otros altos cargos militares y de su Gobierno, están castigados con penas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.

Por otro lado, en caso de condenar, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o si concluyen que ciertos crímenes están incluidos dentro de otros más amplios y, por tanto, solo se aplica el castigo de estos últimos, según los juristas consultados por EFE.

La defensa de Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y ha acusado de cometer irregularidades a los investigadores y al propio magistrado instructor del caso.

1. Golpe de Estado

El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el “intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido”.

La denuncia de la Fiscalía, admitida hoy por el Supremo, afirma que este propósito se vio reflejado en los “ataques recurrentes” al proceso electoral, la “manipulación indebida” de las fuerzas de seguridad para interferir en los comicios, y “la convocatoria del alto comando del Ejército para obtener apoyo militar” a un supuesto decreto con el que se pretendía anular los resultados electorales.

2. Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho

Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de “impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales”, lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo.

Según la denuncia, Bolsonaro y los otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública, “incitaron a la violencia contra sus estructuras”, en referencia a la invasión violenta de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, y planearon el asesinato de Lula, entonces presidente electo, y de un magistrado del Supremo.

3. Organización criminal armada

La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.

La organización supuestamente comandada por el expresidente, de acuerdo con el Ministerio Público, se desarrolló con “orden jerárquico”, tuvo una “fuerte influencia de sectores militares” y presentó una “división de tareas” entre sus integrantes.

4. Deterioro de patrimonio protegido

El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley.

Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo “moral y material” a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).

5. Daño calificado contra patrimonio público

Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio “considerable” para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.

Bolsonaro dijo que el proceso en su contra «avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão», el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, «y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato», el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.

El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

«Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme», afirmó Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia.

Según Bolsonaro, el juicio penal en su contra ya tiene «una fecha, un blanco y un resultado decididos anticipadamente» ya que obedece a un proyecto de poder que busca interferir en la dinámica política y electoral del país.

«Todos dicen que el proceso concluirá este mismo año, pese a que no hay precedentes para tamaña celeridad en un caso de esa dimensión, porque todos saben que lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta», dijo.

Afirmó que el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor del caso, tan solo busca una «venganza», mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas para impedirle volver a la Presidencia y la obtención de mayorías en el Congreso.

«Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas», aseguró.

Según Bolsonaro, la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Brasil y diferentes juristas, diplomáticos y líderes políticos comparan la situación del país con lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición fue perseguida con «acusaciones vagas de extremismo o de amenazas a la democracia».

Los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal aprobaron este miércoles por unanimidad la apertura de un juicio político contra Bolsonaro y otros siete acusados de golpismo por considerar que hay «materialidad» e «indicios razonables» en la acusación presentada por la Fiscalía.

Los otros siete acusados son militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).

Todos denunciados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso, y mantenerse en el poder.

Los cinco delitos que se imputan a Bolsonaro rondan los 40 años de prisión

Este contenido fue publicado en 26 marzo 2025 - 18:03

4 minutos

Brasilia, 26 mar (EFE).- La Corte Suprema de Brasil imputó este miércoles al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por cinco delitos cuyas penas rondan los 40 años de prisión en total, en el marco del proceso por un supuesto intento de golpe de Estado para anular la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.

Los delitos por los que el exmandatario (2019-2022) será juzgado, junto a otros altos cargos militares y de su Gobierno, están castigados con penas que van de seis meses a 12 años de prisión cada uno, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.

Por otro lado, en caso de condenar, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados determinan que cada crimen es independiente o si concluyen que ciertos crímenes están incluidos dentro de otros más amplios y, por tanto, solo se aplica el castigo de estos últimos, según los juristas consultados por EFE.

La defensa de Bolsonaro ha rechazado las acusaciones y ha acusado de cometer irregularidades a los investigadores y al propio magistrado instructor del caso.

1. Golpe de Estado

El más grave de todos los delitos que se le imputa, con una pena de cuatro a 12 años de prisión, es definido por la ley como el «intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido».

La denuncia de la Fiscalía, admitida hoy por el Supremo, afirma que este propósito se vio reflejado en los “ataques recurrentes” al proceso electoral, la “manipulación indebida” de las fuerzas de seguridad para interferir en los comicios, y “la convocatoria del alto comando del Ejército para obtener apoyo militar» a un supuesto decreto con el que se pretendía anular los resultados electorales.

2. Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho

Prevé un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión y, si bien está estrechamente relacionado con el delito de golpe de Estado, este tipo penal pone el foco en el intento de “impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales”, lo que incluye al Poder Legislativo y al Judicial y no se limita al Ejecutivo.

Según la denuncia, Bolsonaro y los otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública, “incitaron a la violencia contra sus estructuras”, en referencia a la invasión violenta de las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia el 8 de enero de 2023, y planearon el asesinato de Lula, entonces presidente electo, y de un magistrado del Supremo.

3. Organización criminal armada

La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito castigado con una pena de prisión de entre tres y ocho años y que puede aumentar en caso de aplicarse agravantes si el denunciado ejerció el comando, si era funcionario público o si la actuación contempló el uso de armas de fuego.

La organización supuestamente comandada por el expresidente, de acuerdo con el Ministerio Público, se desarrolló con “orden jerárquico”, tuvo una “fuerte influencia de sectores militares” y presentó una “división de tareas” entre sus integrantes.

4. Deterioro de patrimonio protegido

El delito acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley.

Según la denuncia, la trama liderada por Bolsonaro dio apoyo “moral y material” a la turba que invadió de forma violenta la sede del Supremo, el Congreso y la Presidencia en enero de 2023 y que provocó daños valorados en por lo menos 26,6 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).

5. Daño calificado contra patrimonio público

Es definido como aquel daño cometido con violencia y con perjuicio «considerable» para la víctima, prevé una pena de cárcel de seis meses a tres años, y también está relacionado con la destrucción durante los eventos del 8 de enero.