La Corte Suprema respalda a Biden para finalizar el programa ‘Quédate en México’

Autor: Adam Liptak

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves una impugnación a los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para poner fin a un programa de inmigración de la era de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera suroeste estadounidense a esperar la aprobación en México.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria, a la que se sumaron el juez Brett Kavanaugh y los tres miembros liberales del tribunal. La jueza Amy Coney Barrett estuvo de acuerdo con gran parte del análisis del presidente del tribunal.

El programa impugnado, conocido comúnmente como Quédate en México y formalmente como Protocolos de Protección al Migrante, se aplica a las personas que salieron de un tercer país y viajaron a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Después de que la política se puso en marcha a principios de 2019, decenas de miles de personas esperaron en campamentos de tiendas de campaña insalubres para las audiencias de inmigración. Ha habido informes generalizados de agresión sexual, secuestro y tortura.

Poco después de asumir el cargo, el presidente Biden trató de poner fin al programa. Texas y Misuri lo demandaron, y los tribunales de primera instancia lo restablecieron, dictaminando que las leyes federales de inmigración exigen el retorno de los inmigrantes que llegan por tierra y que no pueden ser detenidos mientras se escuchan sus casos.

Desde que el gobierno Biden reinició el programa en diciembre, se han inscrito muchos menos migrantes que durante la era Trump. Eso se debe en parte a que Estados Unidos acordó tomar medidas adicionales para satisfacer ciertas demandas de México, incluyendo que los migrantes sean enviados de vuelta bajo el programa únicamente si hay suficiente espacio de albergue.

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A finales de mayo, el gobierno de Biden había inscrito en el programa a más de 7200 migrantes desde diciembre de 2021. La mayoría de los inscritos en los últimos meses son de Nicaragua y son hombres.

Desde enero de 2019, cuando la gestión de Trump inició el programa, hasta finales de 2020, casi 70.000 migrantes fueron devueltos a México para esperar sus audiencias judiciales, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

El caso, Biden contra Texas, No. 21-954, fue inusualmente complejo, involucrando tres disposiciones legales que apuntan en diferentes direcciones.

Una de las disposiciones dice que el gobierno federal, en general, “detendrá” a los inmigrantes mientras esperan que se examinen sus procedimientos de inmigración. Pero el Congreso nunca ha asignado suficiente dinero para detener al número de personas afectadas.

En 2021, por ejemplo, el gobierno procesó a unos 670.000 migrantes que llegaban a la frontera con México, pero tenía capacidad para detener a unos 34.000.

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La segunda disposición decía que el gobierno “podrá devolver” a los migrantes que lleguen por tierra al país del que arribaron.

La tercera disposición permitía al gobierno liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias “caso por caso, por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.

El juez Matthew J. Kacsmaryk de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Texas, en Amarillo, falló el año pasado que las leyes de inmigración requerían que los no ciudadanos que buscaban asilo regresaran a México cuando el gobierno federal carecía de los recursos para detenerlos.

El gobierno de Biden pronto pidió la intervención de la Corte Suprema, pero se rehusó a bloquear el fallo del juez Kacsmaryk, que requería que se reiniciara el programa. Los tres jueces más liberales estuvieron en desacuerdo.

La orden de la corte, breve y sin firmar, indicaba en aquel momento que el gobierno parecía haber actuado de manera arbritraria y caprichosa al poner fin al programa, mencionando una decisión de 2020 que evitaba que el gobierno de Trump rescindiera de inmediato un programa de la época de Barack Obama que protegía a los inmigrantes jóvenes conocidos como dreamers.

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El gobierno de Biden luego tomó algunas medidas para reiniciar el programa, incluso al emitir una nueva decisión que buscaba cancelarlo. Los funcionarios de la gestión, en respuesta a las críticas de que habían actuado apresuradamente, difundieron un memorándum de 38 páginas con su razonamiento.

Concluyeron que los costos del programa eran superiores a sus beneficios. Entre esos costos, indicaba el memorándum, estaba las peligrosas condiciones en México, la dificultad que enfrentaban los migrantes para deliberar con sus abogados a través de la frontera y las formas en que el programa socavaba los objetivos de política exterior del gobierno y sus iniciativas a nivel nacional.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito, en Nueva Orleans, rechazó el plan del gobierno de poner fin al programa.

“El gobierno dice que tiene una discreción irrevisable y unilateral para crear y eliminar componentes enteros de la burocracia federal que afectan a innumerables personas, dólares de los impuestos y estados soberanos”, escribió el juez Andrew S. Oldham para el panel. “El gobierno también dice que tiene una discreción irrevisable y unilateral para ignorar los límites estatutarios impuestos por el Congreso”.

“Y el gobierno dice que puede hacer todo escribiendo un nuevo ‘memo’ y publicándolo en internet”, añadió. “Si el gobierno tuviera razón, suplantaría el imperio de la ley por el imperio del ‘porque lo digo yo’. Sostenemos que el gobierno está equivocado”.

Eileen Sullivan colaboró con reporteo.

Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre sucesos legales. Se graduó de la Escuela de Derecho de Yale y fue litigante 14 años antes de unirse al Times en 2002. @adamliptak – Facebook