Presidente surcoreano destituido suma nuevos cargos criminales por ley marcial
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En el mes de enero los fiscales estatales lo arrestaron y acusaron de rebelión, un grave cargo que podría conllevar la pena de muerte o cadena perpetua si es condenado
SEÚL.- El destituido presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue acusado el sábado de cargos criminales adicionales relacionados con su imposición de la ley marcial, aproximadamente tres meses después de haber sido formalmente expulsado del cargo.
Las acusaciones adicionales contra Yoon significan que permanecerá en la cárcel hasta seis meses mientras enfrenta un juicio en el Tribunal del Distrito Central de Seúl por su declaración de ley marcial del 3 de diciembre, que sumió a Corea del Sur en una gran agitación política.
Yoon fue enviado de regreso a prisión la semana pasada después de que el tribunal de Seúl aprobara su orden de arresto solicitada por un equipo de investigadores encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk.
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El equipo de Cho acusó a Yoon de un abuso de poder que obstruyó los derechos de algunos de los miembros de su gabinete.
El cargo se impuso porque Yoon convocó solo a ciertos miembros del gabinete para aprobar su ley marcial de emergencia cuando la ley surcoreana requiere la aprobación de todos los miembros del gabinete para tal medida, explicó Park Ji-young, un investigador principal del equipo de Cho, en una rueda de prensa.
Park indicó que Yoon también fue acusado de falsificar un documento oficial en un intento de cumplir con un requisito formal para una declaración de ley marcial antes de finalmente destruirlo.
Después de declarar la ley marcial, Yoon envió tropas y policías a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, pero suficientes legisladores lograron entrar en la cámara y votaron en contra de su decreto, obligando a su gabinete a levantarlo.
Posteriormente, Yoon fue destituido por la asamblea, con algunos de los legisladores de su propio partido votando para suspender sus poderes presidenciales.
Yoon ha argumentado que su decreto fue un intento desesperado de obtener apoyo público en su lucha contra la “maldad” del opositor Partido Demócrata, que había obstruido su agenda, destituido a altos funcionarios y recortado el proyecto de ley de presupuesto. Anteriormente llamó a la Asamblea Nacional “un nido de criminales” y “fuerzas antiestatales”.
