Reforma constitucional refunda el Estado de Nicaragua y da poder total a Daniel Ortega y a Rosario Murillo

NICARAGUA- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes por unanimidad y en primera legislatura enmiendas a la Constitución Política, la que refunda el Estado al denominarlo “revolucionario” y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.

Los legisladores, que aprobaron esas enmiendas en primera votación de forma expédita, reformaron 135 artículos de la Carta Magna de Nicaragua y derogaron otros 38, incluido uno en el que se prohibía la práctica de la tortura.

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La reforma constitucional, que debe ser aprobada en dos legislaturas para que entre en vigor, y que ha sido duramente criticada por opositores nicaragüenses, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordinará” los demás poderes del Estado, legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.

El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, dijo ante el pleno, en Managua, que esa reforma parcial a la Constitución será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025

Según los opositores, esas reformas son totales, no parciales, y las mismas fueron hechas a la medida para que Ortega y Murillo asuman el control total de todos los poderes del Estado, garanticen la sucesión dinástica, legalicen la instauración de un modelo de partido único y familiar como en Cuba, concentren todo el poder, y “constitucionalicen el Estado totalitario”.

PRESIDENCIA CON SUPRAPODERES

La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.

La reforma establece en el Capítulo II, artículo 132, que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.

También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.

También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

POLICÍA VOLUNTARIA Y VIGILANCIA A MEDIOS

Asimismo crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018.

La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.

El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean «sometidos» а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

Asimismo, se establece que “el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias”. Sin embargo, advierte que «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

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Por otro lado, la reforma ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales, bajo el argumento que «ninguna medida violatoria del derecho internacional» tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez en el país.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó a Ortega, al que tildó de «dictador», de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poder con esa reforma constitucional.

En tanto, Estados Unidos le acusó de maniobrar para consolidar su poder a través de esa reforma constitucional, la número 12 desde su llegada a la presidencia en 2007.

OPOSITORES NICARAGÜENSES PIDEN AXIFIAR AL GOBIERNO DE ORTEGA

Opositores nicaragüenses pidieron este viernes a la comunidad internacional y a los multilaterales asfixiar económicamente al Gobierno de Daniel Ortega por pretender consolidar una “dictadura conyugal” en Nicaragua por medio de una reforma constitucional.

“Es momento de que la comunidad internacional identifique la crisis de Ortega para generar esa asfixia económica porque no es posible seguir teniendo relaciones con una dictadura que se atornilla al poder”, dijo a periodistas el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Lesthér Alemán, al reaccionar sobre la reforma a la Carta Magna.

Consideró que corresponde a aquellos Gobiernos que se identifican como democráticos y defienden y valoran los derechos a la libertad y a la justicia, acompañar los esfuerzos de los nicaragüenses contrarios a la instauración de un modelo autoritario.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes por unanimidad y en primera legislatura unas enmiendas a la Constitución Política que refundan el Estado al denominarlo «revolucionario» y otorgan un poder total a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.

La reforma también establece la figura de «copresidenta» y amplia de cinco a seis años el período presidencial, entre otros cambios.

A juicio de Alemán, quien encaró a Ortega y le pidió su rendición durante un diálogo para resolver la crisis que vive Nicaragua desde 2018, las enmiendas tienen como trasfondo «definir la línea sucesoria faraónica, monárquica, sultánica, muy tropical» en Murillo, quien pasará a ser «copresidenta», y en uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, quien podrá ser nombrado vicepresidente por sus padres.

Alemán, de 26 años, es uno de los 222 presos políticos a los que Ortega expulsó de Nicaragua en febrero de 2023 y arrebató la nacionalidad.

ABOGAN POR LLEVAR A ORTEGA A LA CORTE PENAL

Por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Haydee Castillo anunció que están buscando mecanismos para fortalecer el diálogo político con el nuevo Gobierno de Estados Unidos y con el servicio exterior europeo, y estableciendo conexiones con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las diferentes agencias de Naciones Unidas para actualizar sobre la situación de Nicaragua.

“Estamos también interlocutando con los organismos financieros internacionales” y con “accionistas de todos estos bancos, que muchos de ellos son los mismos Estados que condenan al régimen, pero que por otro lado le siguen proporcionando financiamiento”, criticó.

Además, dijo Castillo, están presionando a las organizaciones de derechos humanos “para que se abra por fin los casos” de crímenes de lesa humanidad contra Ortega y su cúpula ante la justicia internacional.

“Estamos hablando de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, porque hay suficiente evidencias de todos los crímenes”, añadió.

La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por opositores nicaragüenses, Estados Unidos y la OEA, debe ser aprobada en dos legislaturas para que entre en vigor.

El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, dijo ante el pleno que la reforma constitucional será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025.

ONU DENUNCIA QUE LA REFORMA NICARAGÜENSE AGRAVARÁ LOS DERECHOS HUMANO

La ONU consideró este viernes que la reforma de un considerable número de artículos de la Constitución por parte del Congreso nicaragüense amenaza con desfigurar aún más el Estado de derecho y agravar la crisis de derechos humanos que se sufre en el país.

“Estos cambios supondrán el golpe de gracia para las libertades fundamentales y el Estado de derecho en Nicaragua, y mermarán aún más los frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el (poder) Ejecutivo”, declaró el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en reacción a la medida legislativa.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy por unanimidad y en primera legislatura enmiendas a la Constitución, las que tienen como consecuencia «refundar» el Estado, que pasará a ser «revolucionario», y otorgar un poder absoluto al presidente Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.

Ortega había enviado esta misma semana las propuestas al Legislativo, que se ha apresurado en aprobarlas.

Se ha señalado que su ratificación en segunda legislatura está prevista para enero.

Türk explicó que con los nuevos poderes, Ortega y Murillo podrán “coordinar” el poder legislativo, el poder judicial y la comisión electoral, mientras que es claro que se restringirá más la libertad de expresión, tanto en el ámbito público como en el privado, y por motivos totalmente vagos.

El representante de la ONU también explicó que se elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución, refiriéndose únicamente al pluralismo social y cultural.

“La propuesta de despojar a la Constitución de su compromiso con el pluralismo político es una señal escalofriante en vísperas de las elecciones generales de 2026”, declaró el alto comisionado.

Türk denunció que también se pretende eliminar la prohibición explícita en la Constitución de la tortura y recordó que ésta es ilegal “en cualquier contexto”.

“Los cambios propuestos también pretenden aumentar los poderes del gobierno para despojar a las personas de la ciudadanía”, recalcó.

El retiro de la ciudadanía ha sido ampliamente utilizado como medida de represión contra personas críticas del gobierno y disidentes, y desde febrero de 2023 al menos 546 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas.

Algunos también han sido despojados de sus bienes, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y pensiones