Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE

Por: Adam Liptak

La clave para exigir responsabilidades por violaciones constitucionales a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) puede estar en un artículo de 1987 de un joven profesor de derecho llamado Akhil Reed Amar.

“Creo que fue una buena idea en aquel momento”, dijo la semana pasada, “y solo ha hecho falta más de media vida para que la gente se decida a leerlo”.

A decir verdad, el artículo ha tenido bastante influencia. Por ejemplo, se ha citado en siete opiniones de la Corte Suprema. Pero también tenía 96 páginas y tocaba muchos temas.

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“En realidad, intentaba hacer un montón de cosas distintas, y conseguir la titularidad”, dijo Amar, que ahora es un destacado constitucionalista de la Facultad de Derecho de Yale, sobre el artículo titulado “Of Sovereignty and Federalism” (De la soberanía y el federalismo).

Su punto central para los fines actuales era que las legislaturas estatales pueden autorizar demandas contra funcionarios federales por violar la Constitución. Si eso es cierto, esas leyes estatales cerrarían una extraña laguna en la legislación federal que ―en términos generales― permite tales demandas contra funcionarios estatales y locales, como los agentes de policía, pero no contra los federales, como los agentes del ICE.

El Congreso autorizó ese primer tipo de demanda en una ley de 1871 que la mayoría de la gente denomina Sección 1983. Pero el Congreso no ha promulgado una legislación que permita demandas contra funcionarios federales por violar la Constitución.

“Es un problema enorme que los funcionarios federales sean, en cierto modo, las personas a las que más cuesta exigir responsabilidades por violar los derechos constitucionales de la gente, incluso más que los funcionarios estatales y locales”, dijo Carolyn Shapiro, profesora de la Facultad de Derecho de Chicago-Kent y exprocuradora general de Illinois.

La Corte Suprema intentó abordar ese tema en 1971 en el caso Bivens contra seis agentes desconocidos, cuando permitió que la víctima de un registro inconstitucional por parte de agentes federales pudiera demandarlos. Pero la corte ha abandonado esencialmente ese planteamiento, y ha dicho en su lugar que el Congreso debe actuar si se han de permitir demandas contra funcionarios federales.

Ahí es donde entran en juego los legisladores estatales, dijo Amar.

“A veces el gobierno federal se conduce de forma inadecuada”, dijo, “y no se puede contar con que el Congreso siempre frene al gobierno federal”.

Su artículo se basó en dos principios asociados a menudo con los conservadores: el federalismo y el originalismo.

“Esto es exactamente lo que imaginaron los fundadores: la ley estatal protegiéndonos contra los abusos federales”, dijo Amar.

A lo largo de los años, algunos estados —como California, Maine, Massachusetts y Nueva Jersey— han promulgado leyes en la línea de la propuesta de Amar, aunque en gran medida no se han puesto a prueba, e Illinois adoptó recientemente una ley específica para abordar la conducta de los agentes del ICE.

La ley de Illinois dice que se pueden interponer demandas “contra cualquier persona que, al llevar a cabo una aplicación civil de la ley de inmigración, incurra a sabiendas en una conducta que viole la Constitución de Illinois o la Constitución de Estados Unidos”.

El gobierno de Donald Trump interpuso rápidamente una demanda, en la que alegaba que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución, que generalmente prohíbe a los estados promulgar medidas contrarias a la legislación federal. Permitir o no demandas contra agentes federales por violar la Constitución federal, decía la demanda del gobierno, “es una decisión de políticas del Congreso”.

Amar dijo que algunos aspectos de la ley de Illinois podrían ser problemáticos. Pero afirmó que su idea central es sólida.

“Los estados no pueden regular de forma general la conducta de los agentes del ICE, porque el gobierno federal es quien regula eso”, dijo. “Pero los estados pueden proporcionar recursos contra funcionarios federales cuando violen derechos constitucionales federales”.

Que esto sea correcto es una cuestión complicada a la luz de otro estatuto federal, y aún no ha recibido una atención judicial sostenida. Sin embargo, el juez Justin Walker, quien fue nombrado miembro del Tribunal de Apelación del Circuito de Washington D. C. por el presidente Trump, sí consideró ese aspecto en una opinión concurrente de 2023 en un caso derivado de una protesta ante la Casa Blanca en 2020.

Walker citó el artículo de Amar para concluir que “nada impediría a un estado crear una nueva causa de acción que permitiera a los demandantes alegar directamente violaciones constitucionales federales”.

La ley de Illinois lo hizo, pero de forma imperfecta, según una crítica de Vikram David Amar, profesor de derecho de la Universidad de California en Davis (y hermano de Akhil Amar), y Jason Mazzone, profesor de derecho de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

La ley es “importante e innovadora”, escribieron, y “está en consonancia con la más orgullosa tradición del federalismo”.

Sin embargo, también dijeron que es demasiado estrecha y demasiado amplia. Solo permite interponer demandas contra un subconjunto de funcionarios federales, los que se dedican a la aplicación civil de las leyes de inmigración.

“Sugiere que lo que intentas hacer es influir en la aplicación de la ley federal en un ámbito de políticas con el que no estás de acuerdo, en lugar de tratar de asegurarte de que todo el mundo se atenga a la Constitución”, dijo Vikram Amar en una entrevista.

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En cuanto a la parte de la ley que permite demandar a los agentes federales por violaciones de la Constitución de Illinois, los dos profesores escribieron que “esa disposición no se mantendrá” en virtud de la cláusula de supremacía.

Sin embargo, estas leyes estatales pueden servir a un propósito más amplio, afirmó Vikram Amar.

“En el espíritu del federalismo”, dijo, “los estados no solo pueden experimentar de este modo, sino que hacerlo probablemente llevaría al Congreso a abordar el problema, porque es poco probable que el Congreso quiera dejar un mosaico de diferentes normativas estatales y diferentes recursos”.

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