Juez rechaza concluir proceso contra Francisco Garduño por incendio en INM de Ciudad Juárez
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La “solución alterna” del comisionado planteaba pagar parte de la reparación de la estancia migratoria incendiada
Durante la tarde del viernes, en una audiencia en el Poder Judicial de la Federación de Ciudad Juárez, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, solicitó que el proceso penal iniciado en su contra por la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 25 extranjeros en las instalaciones del INM de la ciudad fronteriza de Chihuahua fuera concluido sin incurrir a la reparación de las víctimas.
Sin embargo, el juez negó este beneficio al responsable del Instituto de Migración a nivel nacional durante el incendio en la estación migratoria de la noche del 27 de marzo.
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De acuerdo con Fundación para la Justicia, la defensa de Garduño propuso que el funcionario asumiera el costo de parte de las reparaciones de la estancia migratoria, pero sin tomar en cuenta la indemnización de las víctimas.
Los litigantes y el funcionario plantearon pagar 468 mil 225.41 pesos por el daño del edificio, en abonos de 78 mil 037 pesos durante seis meses, indicando que una aseguradora ya había pagado un millón 425 mil pesos.
La “solución alterna” que buscaba Garduño se trata de un recurso legal que está reconocido dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la cual les permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa.
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En la audiencia estuvieron presentes abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), representantes legales de siete víctimas, un sobreviviente y familiares de los fallecidos.
El comisionado del INM es investigado por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el cual es considerado un delito no grave, lo que le permite enfrentar su proceso en libertad. Pero la investigación del incendio continúa en curso y aún no concluye los dictamines pertinentes.
Aunado, hasta el momento existen 10 personas acusadas por el delito de homicidios y lesiones, nueve de ellos son funcionarios públicos.
